Domingo, 19.05.2019 - 11:06 h
"El referéndum era nuestra obligación"

Romeva enmarca la consulta en la Ley y dice que la Constitución no es de mármol

Sigue la línea de Junqueras al presentarse como un "preso político" y al descartar cualquier tipo de violencia en los hechos que juzga el tribunal. 

Juicio del procés
Romëva es el cuarto acusado en el declarar en el procedimiento / EFE

En la misma línea que la marcada por Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal del procés, Raül Romeva ha enmarcado la deriva independentista de Cataluña en un ámbito exclusivamente político y con ese fin ha tirado de currículum en el extranjero para reiterar que no hay tratado internacional que prohíba el derecho de autodeterminación de los pueblos. "Estamos ante una cuestión que tiene que ver con un debate político, no con un delito. ¿Desde cuándo defenderlo está prohibido?", se ha cuestionado, para luego lanzar un dardo a los diferentes ejecutivos centrales a quienes ha acusado, sin mencionar directamente, de entender la Constitución como "un texto sagrado escrito en mármol; un mírame y no me toques".

Como ya ha ocurrido con su antecesor Jordi Turull, Romeva ha insistido una y otra vez que ninguna de las acciones que se juzgan en el Tribunal Supremo como constitutivas del delito de rebelión se pueden entender fuera de la vía pacífica. De hecho, la palabra como tal se ha escuchado en casi cada respuesta que el exconsejero ha efectuado a las preguntas de su letrado Andreu van den Eynde (el mismo que el de Oriol Junqueras).  Tanto es así que el exresponsable de la consejería de Exteriores ha seguido la misma estrategia de defensa que el principal acusado al rechazar contestar a las cuestiones de la Fiscalía, Abogacía y Vox en calidad de acusación popular. 

"Es imposible preparar una insurrección popular a bombo y platillo. Lo hicimos bajo luz y taquígrafos", ha reiterado Römeva, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por delito de rebelión. Es más, en relación con las protestas de septiembre de 2017 frente a determinadas consejerías de la Generalitat y por las que se juzga a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en calidad de presidentes de las entidades convocantes, el acusado ha dicho que, aunque se encontraba en Madrid por motivos de trabajo, "las únicas armas" que hubo fueron las de la Guardia Civil. 

En apenas 30 minutos de interrogatorio ha disparado hasta en dos ocasiones contra Vox asegurando que es "delirante" y "preocupante" que tanto él como el resto de exlíderes independentistas se sienten en el banquillo por los hechos acaecidos en Cataluña bajo el mandato de Carles Puigdemont mientras, a su juicio, son las acusaciones de la vista las que constituyen una verdadera amenaza contra los derechos y libertades. "Dialogar era la única forma posible para encauzar las relaciones porque solo unas relaciones basadas en la libertad son duraderas. Las basadas en la represión y el amordazamiento nacen en una situación muy precaria, son tóxicas y suelen fallar", ha dicho.

"Manifestarse no es alzarse y opinar no es delito"

Ya casi al final de su intervención -que se ha parecido más a una clase de política internacional que a un interrogatorio en un procedimiento penal- Römeva se ha referido a la jornada de la consulta del 1 de octubre como un acto legal que se desarrolló dentro de los cauces pacíficos y en el que la única violencia que se produjo fue la de "los agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado".  "Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que opinar no es un delito. Lo que yo vi ese día fue una manifestación. El ejercicio pacífico, democrático del derecho a la protesta", ha insistido.

Si Turull ha hecho mención al músico catalán nominado al Premio Nobel de la Paz Pau Casals como símbolo de que Cataluña es "un país de paz", Römeva ha recurrido al que fuera diputado de ICV Joan Herrera, de quien ha dicho que, aún sin compartir la ideología independentista, comparte la visión de que "quien rompe España son los que niegan el carácter del Estado más plurinacional que existe en el país". Finalmente ha lanzado un último recado a los magistrados que juzgan esta causa a quienes les ha pedido que no asuman la responsabilidad y devuelvan "esta carpeta incómoda de nunca debió haber salido: la política".

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