Romney vuelve a atacar reforma sanitaria de Obama en víspera de crucial fallo

Sterling (EE.UU.), 27 jun.- El candidato republicano a la Presidencia de EE.UU. Mitt Romney volvió a atacar hoy la reforma sanitaria del presidente Barack Obama en vísperas de que el Tribunal Supremo emita un dictamen sobre su constitucionalidad que tendrá consecuencias en la campaña electoral.

"No van a dormir bien en la Casa Blanca esta noche", ironizó Romney durante un mitin en un complejo empresarial en Sterling, en el estado de Virginia, en alusión al crucial fallo que emitirá este jueves el Supremo.

La reforma sanitaria, promulgada por Obama en 2010 y que establece el seguro médico obligatorio para todos los estadounidenses, "no fue solo una mala política, sino un fracaso moral" en un momento en el que el presidente tenía la responsabilidad "de centrarse en ayudar a la población a salir de la crisis", sostuvo Romney.

"Cuanto más conocen" de la reforma, "menos les gusta" a los estadounidenses, sentenció el exgobernador de Massachusetts.

Romney reiteró que, si gana las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, anulará la reforma de Obama y la reemplazará por otro plan del que hasta ahora no ha dado detalles.

El candidato republicano ha hecho de los ataques a la reforma sanitaria de Obama, uno de sus emblemas de campaña, aunque cuando fue gobernador de Massachusetts puso en marcha en ese estado un plan de salud parecido al que ahora critica.

La sentencia que el Supremo emitirá este jueves podría ser un espaldarazo a los esfuerzos de Obama, que buscará la reelección en noviembre, por dar cobertura universal a un país donde 50 millones de personas no tienen seguro médico, o un varapalo que le obligaría a cambiar de estrategia y daría alas a los republicanos.

La reforma obliga a los estadounidense a contratar a partir de 2014 obligatoriamente un seguro médico privado, algo que según sus partidarios abaratará el sistema al ampliar la base de clientes.

Pero precisamente por esa cláusula, conocida como "mandato individual", la reforma corre el riesgo de quedar invalidada si el Supremo considera que el Gobierno se ha extralimitado en sus poderes al obligar a los individuos a contratar un determinado servicio.