El expresidente del Banco Popular Ángel Ron, investigado en la Audiencia Nacional por las presuntas irregulares que llevaron a la entidad a ser resuelta en junio de 2017, ha aportado a la causa dos nuevos informes periciales para desmontar la tesis acusatoria sobre su responsabilidad en las decisiones que adoptó la entonces cúpula directiva que habrían provocado la quiebra del banco. "No ha tenido participación directa, indirecta o residual en las líneas de investigación abiertas a partir del auto de 3 de octubre de 2017", concluye la defensa del investigado en un escrito presentado ante el juez José Luis Calama junto a los otros dos documentos.
Las dos periciales, que se presentan justo unos días después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 haya acordado la prórroga del procedimiento, por el momento, hasta enero de 2023, han sido elaboradas por dos inspectores del Banco de España en excedencia. Los documentos se centran en analizar el último informe ampliatorio que los peritos del supervisor bancario entregaron al juez el pasado mes de junio; y la estructura de gobierno corporativo de Banco Popular, según la documentación a la que ha tenido acceso La Información.
La defensa de Ángel Ron, ejercida por el bufete Choclán, ya reprochó a la Fiscalía Anticorrupción que instara a los peritos del Banco de España designados para auxiliar en esta causa judicial a que volvieran a analizar, con carácter "retroactivo", la viabilidad de la ampliación de capital de 2016 para que hallaran pruebas que permitieran afirmar que existía una "carencia de provisiones de 1.800 millones de euros a 31 de diciembre de 2015". El objetivo era respaldar la tesis expuesta por el Banco Central Europeo (BCE). En abril de 2019, los expertos del organismo que dirige Pablo Hernández de Cos señalaron que el Banco Popular "no era inviable", si bien en el informe ampliatorio presentado el pasado 13 de junio cambió la conclusión y afirmó que la entidad extinta debió declarar pérdidas en el ejercicio de 2015 por más de 1.000 millones de euros en lugar de beneficios de 106 millones de euros.
En este contexto, los abogados de Ron han solicitado los servicios periciales de José Antonio Iturriaga Miñón -conocido por su función como administrador provisional de CajaSur, Banco de Valencia y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a propuesta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- para rebatir esta última conclusión, despejar las dudas manifestadas por la Fiscalía sobre el cumplimiento normativo y demostrar que las provisiones establecidas por el BCE en la inspección que concluyó a finales de 2016 "no atienden a incumplimientos contables, sino resultado de recomendaciones prudenciales".
"Recomendaciones prudenciales"
En primer lugar, el perito José Antonio Iturriaga sitúa los hechos en la línea temporal. Así, indica que las recomendaciones que emitió el Banco de España en 2013 sobre la nueva normativa contable (la Circular 4/2016) no eran de "obligado cumplimiento" en su reflejo en los estados financieros hasta su entrada en vigor, el 1 de octubre de 2016. A ello añade que el inicio de esta nueva norma coincidió con el informe de conclusiones del BCE sobre el examen al Banco Popular, que se dio a conocer en noviembre del mismo año, y que se realizó sobre "una muestra de tan solo 100 acreditados".
Todo ello para precisar que el organismo europeo no puso pegas sobre el estado del Popular, sino que los resultados de la inspección reflejaban "necesidades adicionales de provisiones que surgían de los nuevos estándares contables que iban a aplicarse a partir de entonces". En otras palabras, "el BCE no consideró incorrectas las cuentas anuales ni la información de la ampliación de capital porque los resultados de las inspecciones no son contables sino recomendaciones prudenciales y, de adoptarse, lo serían de registro prospectivo, nunca retrospectivo", señala.
"El BCE no consideró incorrectas las cuentas anuales ni la información de la ampliación de capital porque los resultados de las inspecciones no son contables sino recomendaciones prudenciales y, de adoptarse, lo serían de registro prospectivo, nunca retrospectivo", señala el perito.
Así las cosas, la defensa de Ángel Ron utiliza este informe para asegurar que se cumplió la normativa contable vigente a la hora de acometer la ampliación de capital en 2016 por más de 2.500 millones de euros, pues la institución que preside Christine Lagarde no hizo ningún requerimiento oficial (de obligado cumplimiento) al Popular para que registrarse en el ejercicio de 2015 el resultado "prudencial" que el BCE sacó de su inspección "parcial y sesgada". Lo que hizo, indica el escrito, fue una "recomendación" de la que no cabe "inferir, bajo ningún concepto, que exista un déficit de provisiones, y que en todo caso pueda transponerse a los estados financieros de diciembre de 2015".
En cuanto al análisis sobre la estructura de gobierno corporativo de Banco Popular, Ángel Ron ha presentado otro informe de 198 páginas, redactado por el despacho de Rubén Manso Olivar para descartar cualquier tipo de "participación" o "intervención" del que fuera máximo responsable del Banco Popular desde 2004 hasta febrero de 2017 en alguno de los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional: la financiación a clientes para la compra de acciones en la ampliación de capital y en las tasaciones y operaciones relativas a Thesan Capital, el entramado para llevar a cabo la presunta refinanciación irregular de empresas con problemas financieros en Luxemburgo. En este punto, el expresidente asegura que su conocimiento sobre estos asuntos se restringen a que eran "cuestiones objeto de debate en el Consejo de Administración, sin que exista conducta que sea reprochable desde el punto de vista penal".
Separación de funciones
Este informe pericial destaca que en Banco Popular "existía una clara separación de funciones entre el presidente y el consejero delegado, siendo el primero el presidente del Consejo de Administración y el encargado de la estrategia global de la entidad, mientras que el segundo estaba encargado de la operativa diaria de la gestión del negocio". Así, para revisar la labor que habría ejercido Ron al frente de los distintos "riesgos", el perito señala que de ello se encargaba una Comisión de Riesgos y que no hubo "incumplimientos en materia de gobierno corporativo ni de control interno". Así, explica que los múltiples requerimientos que hizo el Banco de España en 2014 no fueron exclusivos al Banco Popular por un posible "falseamiento contable", sino que se dirigió a todas las entidades de crédito españolas para "salvaguardar la solvencia de las mismas".
De hecho añade que el BCE, en su revisión 'in situ', también afirmó que "Banco Popular había implementado estrategias, políticas y procesos robustos y sistemas para identificar, medir, gestionar y monitorear el riesgo de liquidez en un conjunto apropiado de horizontes de tiempo" y que, por todo ello, le otorgó la misma puntuación que a otras entidades como CaixaBank, Bankia o Sabadell, en el análisis del gobierno corporativo y el apetito al riesgo.
Por último, destaca que el proceso de ampliación de capital de 2016 contó con el asesoramiento de expertos independientes, tanto del ámbito legal como financiero, y que el propio Consejo de Administración suscribió más de 390.000 títulos por 488 millones de euros, lo que evidencia que existía una "confianza" de los propios consejeros "en el buen devenir del grupo". De este modo, descarta la comisión de cualquier tipo de irregularidad con la emisión de acciones. Sobre Thesan Capital, el perito de parte apunta que la operación de reestructuración de las sociedades de Luxemburgo no fue objeto de deliberación del Consejo de Administración, ya que fue propuesta por el Comité de Compras y Daciones en Pago y autorizada por el Comité de Dirección, que estaba presidida por el CEO. Así, desvincula a Ron de la tesis acusatoria de que estas operaciones debían haber sido clasificadas como dudosas desde 2012, lo que habría supuesto un déficit de provisiones de, al menos, 521 millones de euros, según las estimaciones de los peritos del Banco de España.
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