Ron arremete contra la CNMV por omitir un superávit del Popular de 184 millones

  • Expone que la apertura del expediente sancionador y su posterior difusión en los medios le produce un "perjuicio irreparable" a su honor.
Fotografía Ángel Ron
Fotografía Ángel Ron
EFE

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron quiere que la CNMV rinda cuentas en relación a los expedientes sancionadores que abrió contra la propia entidad y su excúpula por presunta falsedad en los estados financieros del ejercicio 2016. Por ello, solicita al regulador que le remita una batería ingente de documentos de cara a demostrar que estaba al tanto de los movimientos previos a la ampliación de capital de ese mismo año. Entre dichos reclamos figura el de que se le aclare por qué omitió en sus comunicaciones que el banco contaba con un superávit de de 184 millones de euros, de acuerdo con las conclusiones de la auditoría interna. 

Así consta en un escrito que Ron remitió a la CNMV y que ésta, a su vez, ha aportado al procedimiento penal que sigue la Audiencia Nacional para depurar responsabilidades por la quiebra del banco. El documento, al que ha tenido acceso este diario, cuestiona que, en su hecho relevante de abril de 2017, la CNMV omitió esta cifra y le pide que investigue si hubo "intencionalidad" por parte de los entonces gestores del banco de ofrecer una imagen negativa para desplomar el valor de la acción.

Precisamente, la defensa de Ron, ejercida por el bufete Choclán Montalvo, denuncia no solo la apertura del expediente en sí sino también el envío "con copia oculta" de éste a los medios de comunicación y su posterior difusión la cual, a su juicio, le ha producido "un perjuicio irreparable" en su honor y "daño" a su familia. Al respecto denuncia que, aunque dejara en suspenso la sanción debido a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, la divulgación de la misma ya ha tenido el efecto mediático que se buscaba.

Igualmente tilda de "calumniosa" y "falsa" dicha sanción y dice que no solo se incoó "sin ningún tipo de garantía" respecto a los que se dirige, sino que su adopción busca influir en la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 4, en tanto pone el foco en su actuación en el banco y no en la que llevó a cabo su sucesor al frente del mismo, Emilio Saracho. El instructor inicial del procedimiento, Fernando Andreu, incoó diligencias para investigar las irregularidades de la ampliación de capital en la pieza principal si bien luego abrió una separada para indagar sobre una presunta campaña de desprestigio auspiciada desde el mismo banco.

De este modo, pone como ejemplo de filtración la publicación en los medios del cese del entonces consejero delegado del banco, Pedro Larena, a principios de abril de 2017. Al respecto apunta que había comunicado su decisión a Saracho "de manera confidencial" puesto que no estaba dispuesto a dar a conocer su cese en tan breve plazo. Además añade que la marcha de Larena, fichado por Ángel Ron apenas medio año antes de su salida, no tuvo nada que ver con la reformulación de las cuentas de ese ejercicio y que la difusión de esta noticia provocó un desplome del valor de las acciones lo suficientemente destacado como para que se investigara al respecto.

Comunicaciones entre Saracho y la CNMV

Igualmente, adjunta en su escrito el acta de la reunión del Consejo del Banco Popular del 2 de abril de 2017 en la que se recoge que el entonces presidente Emilio Saracho y otros exdirectivos del banco se reunieron con "máximos dirigentes de la CNMV" y en la misma se les comunicó que, con la información que contaban en el momento, estaría justificada la reformulación de las cuentas a 31 de diciembre de 2016, si bien es una decisión que competía tomar al banco. Ya el día 31 se produjo una llamada de la CNMV a la entidad en la que se comunicó que la opción de "reexpresar" las cuentas no era, de facto, tal alternativa y se les recordó su facultad de obligar al banco a proceder  a la reformulación.

Ron recurre a la misma para manifestar que la CNMV tuvo conocimiento directo de la evolución de los acontecimientos sobre la ampliación de capital de 2.500 millones de euros así como del sometimiento de las mismas cuentas presentadas en 2016 a su votación por la Junta General del 10 de abril de 2017, donde se aprobaron con el 93% de los votos a favor. Con todo, cabe destacar que este escrito se presentó ante el regulador apenas días después de la apertura del expediente el pasado mes de octubre. Tras el mismo, el magistrado al frente de la causa, José Luis Calama Teixeira, decidió requerir copia de las sanciones, que fueron incorporadas a la causa a finales del pasado mes de febrero.

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