Ángel Ron ha vuelto a la Audiencia Nacional a declarar por su gestión al frente del Banco Popular. Esta vez lo ha hecho en relación a la ampliación de capital que se realizó en 2012, por la que está investigado por un presunto delito de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información, después de que se admitiera a trámite dos querellas. Ante el juez instructor Santiago Pedraz, el expresidente de la entidad extinta ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha subrayado que el Banco de España no puso ningún tipo de tacha, sino que dio luz verde a la operación.
"La operación de 2012 fue aprobada con la no oposición del Banco de España que propuso a su comisión ejecutiva precisamente esa aprobación", ha dicho Ron a los medios de comunicación a la salida de la sede judicial, en la que ha estado declarando alrededor de una hora y media. En este sentido, ha recordado que la ampliación por el valor de 2.500 millones de euros se hizo en un contexto en el que el sistema financiero español estaba sometido a test de estrés. "En ese escenario el Banco de España nos pidió que hiciésemos un reforzamiento de capital. Lo hicimos. Sometimos el plan a la autorización del Banco de España y de la Comisión Europea que nos la dio", ha señalado el penúltimo presidente del Banco Popular. Asimismo, ha añadido que "todos los que invirtieron en aquella ampliación de capital tuvieron durante cuatro años precios de cotización superiores al momento de aquella compra".
Según han indicado fuentes jurídicas consultadas por La Información, Ron ha defendido estas mismas líneas durante su declaración y ha negado cualquier tipo de estafa. A preguntas de su abogado, ha recordado que, al igual que ocurrió con la ampliación de 2016 -que lleva siendo investigada cinco años en otro juzgado de la Audiencia Nacional-, los propios consejeros del banco participaron en la operación desembolsando conjuntamente 500 millones de euros. Según un informe de supervisión del Banco de España de febrero de 2013, los miembros del Consejo de Administración representaban el 25,4% del capital y, tras la ampliación, pasaron a tener el 24,1%.
Ron también ha querido explicar al juez y a la Fiscalía el escenario en el que se acometió la ampliación. Este era el del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros, lo que llevó a la Unión Europea a establecer una serie de condiciones, entre ellas el examen de la calidad de los activos de 14 grupos bancarios. Las pruebas de esfuerzo que realizó la consultora Oliver Wyman, como evaluador independiente, evidenció que, en un escenario adverso (hipotético) el sistema financiero español necesitaba capital por unos 60.000 millones de euros, por lo que el Banco de España obligó a las entidades financieras a tener provisiones. En gran parte fueron cubiertas por ayudas públicas.
Con recursos propios
En el caso del Popular, el organismo supervisor le requirió que afrontara 3.223 millones de euros. Así, para cumplir con este mandato, el expresidente de la entidad decidió convocar al Consejo de Administración para aprobar un plan de recapitalización que permitiera cubrir el déficit 'virtual' con recursos propios, lo cual incluía la ampliación de capital. Según han indicado fuentes jurídicas presentes en la declaración, Ron ha recalcado que este proyecto fue revisado por el propio Banco de España, cuya inspección elaboró para la Comisión Ejecutiva un informe en el que se planteaba dar el 'ok'.
Por otro lado, para rebatir una de las principales tesis de los querellantes, Ángel Ron ha recalcado que el folleto de la ampliación de capital era claro y transparente, pues se explicaba todo este contexto, el motivo de la necesidad de inversión, su aprobación por el regulador, recogían el impacto de todo ello y el fondo de comercio del Banco Pastor. Precisamente, sobre la adquisición de esta última caja, el exbanquero también ha señalado que se lanzó una OPA en 2011 por el 100% de la entidad por un 25% menos del valor contable auditado y que se optó por él debido a que la línea de negocio era muy similar a la del Popular.
Así, para descartar cualquier irregularidad en este sentido, Ron ha precisado que también contó con la autorización de todos los organismos reguladores y que fue aprobada por el 96% de los accionistas del el banco adquirido y de la Junta de Accionistas del Popular.
Sospechas sobre información "sesgada"
Ron ha declarado este miércoles como investigado por dos querellas contra esa operación que el juez Pedraz admitió al considerar que se pudo incurrir en "omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores". Se trata de unos hechos que no fueron incluidos en la causa que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 4, ya que el magistrado instructor José Luis Calama determinó que no tenía nada que ver con el objeto de ese procedimiento.
Finalmente, las dos querellas por los hechos de 2012 recayeron en el juez Pedraz, quien también ha tomado declaración este miércoles al que fuera vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera. Este exdirectivo ha seguido la misma línea que Ron y ha defendido que todas las operaciones se realizaron de forma correcto. Asimismo, ha indicado que las cuentas anuales de 2012 fueron auditadas por PwC, solicitando a su vez contraste a Deloitte, informa Europa Press. La ronda de declaraciones se cerrará este jueves con el representante de la primera consultora y el auditor de esta última, José María Sanz, también como investigados.
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