Ángel Ron ha arremetido duramente contra la CNMV por el expediente administrativo que el regulador incoó contra él por las cuentas anuales de 2016 del Banco Popular. La defensa del exbanquero asegura que la sanción carece de "fundamento alguno", que busca perjudicar a la entonces cúpula de la entidad con "alegaciones descontextualizadas" y que trata de escudarse jurídicamente en esta sanción pese a que fue "testigo directo" de todo el proceso de ampliación de capital de dicho año.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional este mismo lunes y al que ha tenido acceso La Información, la defensa de Ron hace un pormenorizado análisis del contenido de dicho expediente sancionador y denuncia que lo divulgó a los medios de comunicación infringiendo "de forma tajante" sus propias normas internas. De esta forma explica que actuó en contra de los principios de buena fe e imparcialidad por mucho que, 14 minutos después de enviarla, solicitara su anulación.
Al respecto asegura que con esa forma de proceder lo que busca es garantizarse una protección en este procedimiento penal si bien, pese a la imagen de falta de conocimiento que pretende dar, fue informada "en todo momento de todos y cada uno de los pasos que dieron lugar a la ampliación de capital" de 2.505 millones de euros, siendo "testigo directo" de esta operativa de la entidad. Añade al respecto que esto queda patente en todos los correos y comunicaciones intercambiados entre el supervisor y los técnicos de la entidad.
Albella (CNMV) dio el visto bueno a la ampliación
Igualmente, la defensa del exbanquero -que ejercen los abogados José Antonio Choclán y Javier Velasco Almendral-, arremete contra el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, porque formó parte del equipo de asesores que participó en la aprobación de la ampliación de capital en calidad de socio del bufete Linklaters. Los letrados apuntan que sería indispensable que el magistrado José Luis Calama, nuevo instructor del procedimiento, le tomara declaración en esta fase de instrucción, teniendo en cuenta que expuso entonces que una operación de refuerzo de capital "nunca acarrearía ningún tipo de responsabilidad", según consta en el acta del Consejo de Administración de 25 de mayo 2006.
En lo que respecta a los ajustes contables recogidos en la sanción, la defensa del investigado expone que el supervisor ignora en la misma las conclusiones del informe de auditoría interna del Popular, según el cual, frente a los 123 millones de déficit de provisiones, existía un superávit de 184 millones con un exceso total de 61 millones de euros. El escrito se muestra especialmente duro en este punto al asegurar que el expediente recoge "alegaciones descontextualizadas y contradictorias" entre sí y que hace una "interpretación quimérica" en lo que respecta al cumplimiento del capital regulatorio.
"Resulta absolutamente irregular e incomprensible que la CNMV realice el cálculo de la materialidad en función, exclusivamente, del volumen del Patrimonio Neto", reza el escrito que desgrana que si efectivamente se hiciera tomando esta premisa como referencia, el impacto sería del 3,5% y seguiría estando por debajo del límite máximo del 5% que establece la Guía del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Sin embargo, si se tomara como referencia el volumen de activos en vez del de patrimonios, el porcentaje caería al 2%.
En lo que respecta al valor de los inmuebles, Ángel Ron denuncia que el organismo regulador "obvia de forma palmaria" que las provisiones sobre los inmuebles están justificadas por los contratos de compra venta entre el fondo inmobiliario Blackstone y el propio Banco Santander. También denuncia que la CNMV se ampare en la antigüedad en la actualización de tasaciones para dejar caer sus dudas en torno al descenso de valoración de estos activos. Sobre este punto, el escrito aclara que al cierre de 2016 había un 21 por ciento de tasaciones con antigüedad superior a 12 meses y que obvió "de forma torticera" que las mismas podían tener una antigüedad de hasta 3 años.
Ángel Ron está investigado en el marco del procedimiento penal que comenzó instruyendo Fernando Andreu contra la excúpula de la identidad por presuntas irregularidades en la ampliación de capital. En concreto les imputa tanto a él como a su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, los delitos de falsedad societaria y administración desleal, contra el mercado y apropiación indebida. La marcha de Andreu de la causa ha ralentizado el avance de la investigación en la que todavía no se ha llamado a declarar a ninguno de los imputados a la espera de las conclusiones que adopten los expertos del Banco de España en el peritaje encargado durante la instrucción.
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