Se ampara en la tesis de Linde

Ángel Ron busca probar ante el juez que el Banco Popular cayó por las filtraciones

  • El expresidente propone que se cite al exdirector de comunicación Carlos Balado para acreditar una mala política de comunicación de Saracho.
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El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha movido ficha en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la caída de la entidad. El banquero ha solicitado al magistrado José Luis Calama Teixeira que llame a declarar en calidad de testigo al que fuera director de comunicación de la entidad entre los años 2012 y 2017, Carlos Balado. El objetivo, según explica, es atestiguar "el grave daño reputacional" que provocó en el banco la política de comunicación que fijó su sucesor en el cargo y último presidente, Emilio Saracho. 

Así lo hace constar la defensa del banquero en un documento presentado al Juzgado Central de Instrucción número 4 el mismo día en que entra en vigor la resolución por la cual se permite reanudar la interposición de escritos y demandas en los tribunales. Ron echa la vista atrás y se hace eco de la última testifical que se produjo en la causa el pasado día 11 de marzo antes del parón judicial acordado por el CGPJ debido a la crisis del coronavirus. La misma la protagonizó el exgobernador del Banco de España Luis María Linde el cual explicó que la resolución del Popular se debió "única y exclusivamente" a una crisis aguda de liquidez.

Linde aseveró entonces que la entidad fue solvente hasta el mismo 5 de junio de 2017 y que el banco cumplió con todos las exigencias de capital de Europa. Una tesis que el mismo Ron mantuvo en su interrogatorio ante el juez y en la que se apoya ahora para apuntalar que la "cuestión nuclear" en el procedimiento es identificar los motivos concretos por los que, en sus últimos meses de vida, se produjo una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros. Al respecto, pone en el foco la política de comunicación que llevó a cabo entonces Emilio Saracho y asegura que la misma condujo a "situaciones fuera de control" que perjudicaron "notablemente" la imagen del banco en el exterior. 

Un banco 'zombie'

Es por ello que en el escrito al que ha tenido acceso La Información pide que se escuche en calidad de testigo a Carlos Balado. Además, se hace eco de lo que ya manifestó el exdircom en la vista que acogieron los tribunales tras la demanda del Banco Santander contra Ángel Ron por la prejubilación que percibió a su salida del Popular a principios de 2017. En el juicio, celebrado el pasado año, Balado explicó que en los encuentros informales que preparó el banco con los periodistas antes de la Junta General del 10 de abril de 2017, Saracho fue "taxativo" al afirmar que la acción del banco "valía cero o podía llegar a valer cero".  

El exdircom dijo entonces que era un mensaje "contradictorio" con la comunicación que se trasladó un mes después a la CNMV en la que se informó de que el valor patrimonial del banco era, al cierre del trimestre, de 10.777 millones de euros. "Había mucho interés por saber qué quería hacer el presidente y ese discurso no aclara sino que desde mi punto de vista confunde". Incluso incluyó en el discurso una frase que luego se eliminó que es que "si el banco no encontraba comprador o no ampliaba capital, sería un banco 'zombie'", dijo en el juicio del Santander contra Ron. 

Balado también se pronunció acerca de dos asuntos que han salido a relucir a lo largo de la instrucción del procedimiento. Se trata del hecho relevante a la CNMV del 3 de abril de ese año en el que se anunciaba la necesidad de reformular las cuentas y de la difusión en prensa un día después de la salida del banco del entonces consejero delegado Pedro Larena. En ambos casos mostró su disconformidad con la política de comunicación que aplicó la cúpula del banco, del mismo modo que también amonestó por carta al secretario del Consejo de Administración Francisco Aparicio Valls. La misiva, que obra en el sumario de esta causa, denunció "filtraciones perniciosas" que se atribuyen a los consejero Reyes Calderón y el magnate mexicano Antonio del Valle. Ambos negaron estas acusaciones en sus declaraciones ante el juez. 

Embargo al Santander de 21 millones de euros

Por otro lado, una de las partes personadas como acusación en el procedimiento también ha dirigido un escrito al magistrado Calama Teixeira en el que le pide que se le embargue de manera preventiva al Banco Santander el monto total de 21 millones de euros que recuperó tras ganar en los tribunales a Ángel Ron y el exCEO Francisco Gómez. La entidad que preside Ana Botín, heredera del negocio del Popular, llevó a los dos exdirectivos ante la Justicia para reclamarles un total de 12,8 y 9 millones de euros, respectivamente, que percibieron en concepto de compensación por prejubilación mediante la suscripción de una póliza con Mapfre a su salida de la entidad.

En el escrito, recogido por este diario, recuerdan que se trata de una pretensión que solicitaron en su día al magistrado ante la responsabilidad civil que se pudiera reclamar al Santander por el gran número de accionistas afectados que dejó la resolución de la entidad. Ahora lo vuelven a solicitar toda vez se ha tomado declaración a los investigados y a los peritos del caso. "Banco Santander se está quedando con el dinero de las pólizas de los investigados, dinero que, con total seguridad, en caso de condena y estando en manos del Banco Popular o de lo investigados, iba a ser destinado al pago de los daños y perjuicios que han sido causados a todos los accionistas y tenedores de títulos de la entidad que han visto como su inversión desaparecía de un día para otro", reza. 

Igualmente consideran que el material obrante en el sumario demuestra los hechos que investiga la Audiencia Nacional revisten de suficiente gravedad como para que se le imponga una fianza al banco que compró el Popular por un euro. Esta acusación cuantifica la caución en 11.364 millones de euros; cifra que coincide con los fondos propios que tenía el Popular declarados en las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2016. La petición queda en manos del magistrado instructor el cual no resolverá sobre este asunto ni tampoco sobre la petición de que testifique Carlos Balado hasta que se reanude la actividad judicial en el país puesto que en la actualidad el Ministerio de Justicia mantiene paralizados los plazos procesales, a excepción de los servicios esenciales. 

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