La mandataria recibió en el Palacio de Planalto al indonesio Toto Riyanto, cuya entrada en funciones había quedado en suspenso en febrero en la antesala del fusilamiento del ciudadano brasileño Rodrigo Gularte, de 42 años, finalmente concretada en abril.
"El gobierno brasileño usó en aquella ocasión el término 'postergación'", aclaró una fuente de la cancillería a la AFP, citando las palabras de la mandataria hace nueve meses.
"No hay problemas con la representación indonesia en Brasil, pero el país no retira lo que fue afirmado sobre el tema", añadió.
El 28 de abril, pocas horas después de la muerte de Gularte, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia definió la ejecución como un "un hecho grave en el ámbito de las relaciones entre los dos países", que habían comenzado a deteriorarse con el fusilamiento un mes antes de Marco Archer, de 53 años, otro brasileño condenado por tráfico de drogas.
Rousseff había advertido que habría consecuencias en las relaciones bilaterales y la cancillería reclamó a Yakarta haber desoído los pedidos de clemencia y las apelaciones de carácter humanitario realizados tanto por la mandataria como por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para cancelar las ejecuciones.
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