Ruiz-Gallardón dice que el acceso a la Justicia debe tener "precios públicos"

  • El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho hoy que no pueden existir diferentes formas de acceso a la Justicia en función de la capacidad adquisitiva, por lo que ha defendido los "precios públicos" cuando se pueda tramitar un mismo procedimiento a través de distintos órganos jurídicos.

Pontevedra, 22 jun.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho hoy que no pueden existir diferentes formas de acceso a la Justicia en función de la capacidad adquisitiva, por lo que ha defendido los "precios públicos" cuando se pueda tramitar un mismo procedimiento a través de distintos órganos jurídicos.

Así lo ha manifestado Ruiz-Gallardón en la clausura de las XXVI Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), y donde se ha referido a la posibilidad de que la nueva Ley de Jurisdicción voluntaria permita que, además de los jueces, los secretarios judiciales, los notarios o los registradores realicen procedimientos en régimen compartido y de alternatividad.

"Aquellos supuestos en los que se establezca el régimen de alternatividad habremos de establecer precios únicos porque lo que tiene que quedar claro es que no pueden existir diferentes formas de acceso a la Justicia en función de la capacidad adquisitiva", ha subrayado.

Sin embargo, el ministro ha destacado "la generosidad" de los secretarios judiciales "al admitir a otros operadores jurídicos" con lo que han demostrado, a su juicio, "una visión legítima" en cuanto a la defensa de sus intereses y una "auténtica visión de Estado".

Ruiz-Gallardón ha añadido que, en todo caso, será una comisión de expertos la que haga la propuesta sobre este tema de compartir operadores.

Por otra parte, ha definido a los secretarios judiciales como "el motor del cambio del modelo" que necesita la Administración de Justicia, ya que ha destacado que el capital humano será el instrumento determinante para conseguirlo.

Se ha preguntado "qué sentido tiene" que en el siglo XX aún muchos ciudadanos se acerquen a la Justicia y digan que están "más cerca del siglo XIX".

Para lograr el cambio, Ruiz-Gallardón ha dicho que no va a poner la crisis económica "como pretexto" para una tarea de cambio que es "irrenunciable".

El ministro ha definido a los más de 4.000 fedatarios públicos como "altamente cualificados" y un "cuerpo superior, único, nacional, directamente dependiente de Justicia", y se ha comprometido a estudiar la reforma de su régimen disciplinario y de promoción.

De hecho, el próximo día 28 se reunirán los secretarios judiciales con miembros del Ministerio de Justicia.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha sostenido que si se da un papel "protagonista" al fiscal en la instrucción, el secretario judicial estará presente como fedatario utilizando las nuevas tecnologías.

Por su parte, el CNSJ ha concluido que admitirán la intervención de otros operadores jurídicos porque en "la actual coyuntura económica se precisan mecanismos que generen competitividad y dinamismo social y económico".

Han apostado por establecer "un sistema de tasas y depósitos" con "la sola excepción de quienes carezcan de recursos para litigar".

Para la primera instancia dichas tasas deberían ser "de menor impacto", según los fedatarios, y "con mecanismo de retorno en la segunda instancia cuando la decisión sea favorable al recurrente".

Tras tres días reunidos cerca de 250 secretarios judiciales, este colectivo ha reiterado su apoyo a la nueva oficina judicial pero solventando "sus actuales dificultades, principalmente tecnológicas y de distribución del personal".

Han urgido a reducir la litigiosidad y para ello el presidente del CNSJ, Rafel Lara, ha hablado en su discurso final de la introducción del sistema "multipuerta", es decir, una justicia de atención primaria en la que encaminen al justiciable por las vías más efectivas.

A la clausura de las Jornadas han asistido también el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Dorado; y el conselleiro de Presidencia y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

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