Rumanía elige presidente tras una campaña manchada por la corrupción

Raúl Sánchez Costa

Bucarest, 29 oct.- Rumanía, el segundo país más pobre de la Unión Europea (UE), celebra este domingo la primera vuelta de unas elecciones presidenciales cuya campaña ha estado ensombrecida por numerosos escándalos de corrupción.

De los 14 candidatos para sustituir en el cargo al conservador Traian Basescu, quien termina su segundo mandato presidencial, sólo dos tienen posibilidades reales de alcanzar la Jefatura del Estado.

Los últimos sondeos auguran una victoria del primer ministro socialdemócrata, Victor Ponta, aunque sin superar el umbral del 50 % necesario para llegar a la Presidencia en la primera ronda, seguido por el candidato liberal Klaus Iohannis.

Ponta cuenta con una intención de voto de en torno al 40 %, mientras que Iohannis rondaría el 30 %, lo que indica que ambos pasarán a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 16 de noviembre.

Detrás de ellos se encuentran Elena Udrea, una protegida del presidente saliente, con un 8 %, y el candidato independiente Calin Popescu Tariceanu, primer ministro entre 2004 y 2008, con un 6 % de intención de voto.

Desde el final del sistema comunista en 1989, éstas son las séptimas elecciones presidenciales con las que Rumanía elige a su cuarto jefe de Estado tras Ion Iliescu (1989-1996 y 2000-2004), Emil Constantinescu (1996-2000) y Basescu (2004-2014).

Según los sondeos, un estimado 40 % del electorado seguía hasta la última semana antes de las elecciones sin decidir a quién votar este domingo.

Los analistas rumanos estiman además que la participación entre los más de 18 millones de ciudadanos con derecho a voto se situará en torno al 60 %.

La campaña no ha despertado entusiasmo popular, más que nada por la falta de propuestas concretas, mientras que el gran favorito, Victor Ponta, ha apelado a su propio carisma para instalarse en el Palacio presidencial durante los próximos cinco años.

En los últimos años, la política rumana vivió un ambiente de fuerte crispación por los envenenados enfrentamientos entre el conservador Basescu y el socialdemócrata Ponta, lo que despertó preocupación incluso en la Unión Europea (UE).

En 2012, Ponta acusó a Basescu de violar la Constitución y trató de destituirlo mediante un referéndum, que sin embargo fracasó y que despertó duras críticas de Bruselas.

Durante la campaña, el presidente en funciones acusó a Ponta de haber sido en el pasado un espía, algo que el líder socialdemócrata calificó como una mentira destinada a desprestigiarlo.

La contienda electoral se vio alterada por un escándalo de corrupción en torno a varios barones socialdemócratas, entre ellos el propio suegro de Ponta y su jefe de campaña.

La Fiscalía Anticorrupción de Rumanía les acusa de abuso de poder con el objetivo de lograr restituciones ilegales de bienes confiscados durante el comunismo.

Por su parte, el liberal Iohannis trata de obtener rédito a su gestión como alcalde de Sibiu y mostrar su carácter conciliador que, afirma, debe mostrar un presidente.

Pero Iohannis tampoco se libró de la polémica y está pendiente de una resolución judicial que debe dictaminar si es inhabilitado para ocupar cargos públicos, lo que le impediría ejercer como presidente en caso de vencer a Ponta.

A examinar está si violó la normativa sobre incompatibilidades de cargos públicos al ser alcalde de Sibiu y presidente de la empresa municipal de gestión del agua.

También la candidata conservadora Elena Udrea se vio salpicada por un escándalo, al conocerse esta semana que su exmarido habría cobrado entre 8 y 9 millones de euros en sobornos.

En el momento del supuesto soborno, Udrea era ministra de Turismo (2009 a 2012) y estaba entonces casada con el empresario Dorin Cocos, sospechoso de haberse beneficiado de unas licitaciones fraudulentas para sistemas informáticos destinados al sistema educativo de Rumanía.

En el caso de que Ponta venciera, presentaría su dimisión como primer ministro y designaría un sucesor con el propósito de formar un nuevo ejecutivo que reciba el apoyo del Parlamento.

De no ser posible la formación de nuevo Gobierno, se convocarían elecciones anticipadas.

Según la Constitución de Rumanía, el presidente tiene ciertas atribuciones en la toma de decisiones en política exterior y de seguridad pero también en el proceso legislativo.