La ruptura de las negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado en el aire un acuerdo que estaba a horas de ratificarse en el Congreso de los Diputados. Lejos de entenderse como una desavenencia que se podría reconducir en el último momento, lo cierto es que el pacto fraguado se ha quedado en agua de borrajas ahora mismo, lo que aboca a una prórroga 'sine die' del mandato del actual presidente Carlos Lesmes.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, si no se llega a un acuerdo antes de la celebración del Pleno de este jueves, se volverá a la casilla de salida y habrá que empezar de cero con la propuesta de los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Por ello, todo parece indicar que Carlos Lesmes no finalizará su mandato el próximo 4 de diciembre, tal y como estaba previsto, sino que seguirá en funciones tras el bloqueo desatado y sin solución a corto plazo.
Una noticia que no ha sentado muy bien al actual presidente del Supremo y del CGPJ, en horas bajas tras la crisis desatada en el seno del alto tribunal por la deficiente gestión sobre el fallo de las hipotecas. Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntaban que su intención era terminar sus cinco años de mandato y cerrar esta etapa con el nombramiento de su sustituto en diciembre.
Cruce de reproches entre el PP y el PSOE
Sin embargo, la decisión de Manuel Marchena de retirarse de este proceso de renovación no solo hizo saltar las alarmas en el Partido Popular -que había cedido a una mayoría de Consejo progresista a cambio de su nombramiento-, sino que además provocó un cruce de reproches entre el PP y el PSOE que se recrudecieron conforme fue avanzando el día.
Destacan dos nombres propios a los que desde un bando y otro se responsabiliza de esta negociación fallida. Por un lado, en las filas populares apuntan a la titular de Justicia, Dolores Delgado, como la que estaría detrás de la filtración la semana pasada sobre la elección de Marchena como sustituto de Lesmes, pese a que este nombramiento es, de acuerdo con los plazos que marca la ley, el último paso del proceso de renovación.
Por otro, desde el Gobierno apuntan al exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, como el auténtico responsable de que este pacto alcanzado tras semanas de intensas negociaciones, se haya ido al traste por el whatsapp que envió a más de 145 miembros de su partido en el que adelantaba que controlarían “desde detrás” la Sala de lo Penal que va a enjuiciar el 'procés'.
La filtración de este mensaje fue la gota que colmó el vaso para Manuel Marchena, magistrado de reconocido prestigio, que este martes dejó muy clara su intención de que su trayectoria en el alto tribunal no se viera manchada con este intercambio de cromos, de ahí que diera un paso atrás renunciando a cualquier aspiración dentro del órgano de gobierno de los jueces. Una decisión que ha sido acogida con “respeto” por parte de otros magistrados del alto tribunal. “Ha hecho algo que le honra”, dicen.
A corto plazo habrá que ver si finalmente se celebra la votación prevista para este jueves en la cámara baja, ya que el PSOE se ha negado a retirar la elección de los vocales del orden del día con la esperanza de alcanzar un acuerdo'in extremis'. De no ser así, se antojaría muy difícil que la propuesta salga adelante teniendo en cuenta que se necesita una mayoría de tres quintos para su aprobación y que el grupo parlamentario de Podemos ya ha adelantado que votará en contra, y que no descarta presentar su propia lista.
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