Ruz imputa a Defex y Cueto por el fraude millonario al Gobierno de Angola

  • El juez Pablo Ruz ha imputado a las sociedades Defex y Cueto como personas jurídicas por el desvío de 41 millones de euros de un contrato con el gobierno de Angola obtenido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto, y ha citado para el 7 de octubre a los representantes legales de ambas empresas.

Madrid, 26 sep.- El juez Pablo Ruz ha imputado a las sociedades Defex y Cueto como personas jurídicas por el desvío de 41 millones de euros de un contrato con el gobierno de Angola obtenido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto, y ha citado para el 7 de octubre a los representantes legales de ambas empresas.

Ruz ha adoptado esta decisión en un auto notificado hoy en el que acuerda el levantamiento parcial del secreto de sumario de esta causa por la que el pasado 14 de julio ingresaron en prisión cuatro exdirectivos de sendas empresas y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa -relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán-, han informado hoy fuentes jurídicas.

Al imputar a ambas sociedades, Ruz ha llamado a declarar en calidad de representante legal a Fernando Aguilar Viyuela, actual presidente de Defex (empresa perteneciente a la Sepi y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa), y ha dado tres días a Cueto 92 para que designe a la persona que la representa legalmente y que deberá comparecer también el próximo 7 de octubre.

En este mismo auto, el juez ofrece al Estado, a través de la Abogacía del Estado, personarse en esta causa como perjudicado, y pide a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que designe a dos funcionarios de auxilio judicial para analizar la documentación intervenida en este procedimiento.

Ruz ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario, a excepción de una pieza separada abierta para las comisiones rogatorias, una vez cumplimentadas todas las diligencias de investigación y tras incorporar la documentación incautada y los correspondientes informes policiales.

García Paesa ingresó en prisión tras ser detenida en Luxemburgo, donde residía, en el marco de una operación contra los supuestos autores de este fraude en la que se arrestó a un total de diez personas, de las que cuatro -directivos y exdirectivos de la UTE concesionaria- fueron también a la cárcel.

Además de García Paesa, ingresaron en prisión José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex; Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto, así como Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.

A los cinco, el juez les imputa los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y falsedad documental.

En Luxemburgo, donde fue detenida, García Paesa trabajaba como abogada en un despacho que supuestamente ayudó a desviar al menos 41 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de suministro de material policial a Angola, suscrito en 2008 por un total de 152 millones para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de la UTE formada por Defex y Comercial Cueto 92.

El juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en paraísos fiscales, desde las cuales se recibían los fondos transferidos de las cuentas de la UTE Defex Cueto.

Desde varias de esas empresas radicadas en Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños, de sociedades relacionadas con los querellados y en beneficio de los propios querellados.

El despacho de abogados creó supuestamente una estructura financiera para blanquear los fondos desviados en un periodo temporal que abarca de 2008 a 2012, para lo que usó paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.

Según relataba Ruz en los autos de prisión, de acuerdo con el contrato con el país africano las empresas españolas se comprometían a suministrar vehículos, uniformes, equipamientos de comunicación y demás material a la Policía Nacional de la República de Angola, con un beneficio de partida para las empresas de entre 200 y el 300 por ciento.

Mostrar comentarios