Banco Sabadell ha cumplido con el requerimiento de la Audiencia Nacional y ha entregado el dossier que elaboró en relación al estudio de compra del Popular. La entidad que preside Josep Oliu acreditó un déficit de provisiones de 4.224 millones de euros en el negocio inmobiliario coincidiendo con otros potenciales compradores del Popular como Bankia, la cual también advirtió un porcentaje alto de riesgos que le hicieron declinar la operación. El juez que investiga la caída del banco puso el foco en el proceso de compra que se impulsó en mayo de 2017 en aras a esclarecer cual era la verdadera situación del Popular apenas semanas antes de que lo resolviera la JUR.
De acuerdo con la documental aportada, a la que ha tenido acceso La Información, el Sabadell barajó un escenario paralelo en caso de que acabara comprando la entidad que presidía entonces Emilio Saracho. En lo que respecta al ladrillo, expuso que el déficit de provisiones se movía entre una horquilla de 3.756 millones de euros y 4.224 millones, siendo este último el escenario más realista ya que no habían podido valorar los ajustes de consolidación así como tampoco los inmuebles de uso propio. De hecho, incluso deslizaron que podría ascender a los 5.200 millones, de ahí que calcularan un impacto negativo total de entre 9.700 millones de euros y 16.069 millones.
Según la valoración previa que se llevó a cabo en un proyecto bautizado como 'Zenit', las sinergias del negocio les colocaría como tercer grupo bancario español con un total de 317.000 millones de euros en activos. También consideraron que la compra del Popular podría tener un efecto positivo en el extranjero y, más específicamente, en Reino Unido, México y Portugal, donde alcanzarían una presencia significativa. No obstante, en el lado contrario de la balanza resaltaron una caída de cartera de crédito rentable y de los recursos de clientes. En concreto destacaron que la cartera se había reducido desde el año 2014 y que la inversión rentable se había desplomado en un año en 5.300 millones de euros.
Los beneficios de la reestructuración
El Sabadell también valoró la reestructuración del grupo que se concretó en el cierre de 349 oficinas y la salida de más de 2.800 empleados (de los cuáles el 87% de ellos pertenecían a la red comercial). De acuerdo con su estudio, se preveía entre los años 2016 y 2019 una reducción de los gastos cercana al 15% y un ahorro de 180 millones de euros al año debido, principalmente, a la disminución de los gastos generales y de personal. Igualmente estudiaron con detenimiento las plantillas del entonces sexto grupo bancario y las compararon con el Sabadell, si bien muchos de estos datos relevantes aportados ahora al Juzgado Central de Instrucción número 4 se han ocultado para evitar desvelar información clave del banco.
Así lo explicaron en el escrito que acompaña el informe en el que exponen que habían tachado información identificativa de clientes completos así como datos financieros y contables por motivos de confidencialidad. También suprimieron las conclusiones alcanzadas sobre las consecuencias en Sabadell de una adquisición que finalmente no se produjo. Lo que sí incluyeron fue una comparativa de cuatro puntos clave en los que el Sabadell salía ganando. De este modo, contrapusieron el crédito bruto clientes, los recursos, los recursos fuera de balance y el total volumen de negocio. Solo en lo que respecta a este último punto la diferencia fue de 54.602 millones.
¿Cuánto valía el Popular?
Todo este material obra ya en el sumario del procedimiento que se centra en esclarecer si el banco era solvente en el momento de su resolución. El instructor ya explicó que no formulaba este requerimiento para conocer la estrategia interna de cada potencial comprador sino para saber cómo estaba realmente la entidad y qué información dispuso en la herramienta VDR (Virtual Data Room). La misma fue consultadas por Bankia, Sabadell, Santander y BBVA aunque finalmente ninguno de los grandes bancos del país formuló oferta en aquel momento. Fue tras la actuación del órgano que preside Elke König cuando el Santander acabó adquiriendo la entidad al simbólico precio de un euro.
Los grandes fondos que litigan en la causa y otras acusaciones han pedido al magistrado José Luis Calama Teixeira más diligencias en aras a esclarecer si el Santander tuvo información privilegiada, máxime teniendo en cuenta que Ana Botín explicó en su testifical en sede judicial que hubo un viraje en el Santander en relación a este asunto. Así, aunque a mediados de mayo consultaron toda la información y la analizaron en el marco del proyecto Noya, finalmente antes de que terminara el mes declinaron participar en la operación. Según expuso, en aquel contexto se estaba produciendo una fuga de depósitos -que achacó a una pérdida de confianza de los inversores- y por tanto no era descartable que acabara en manos de la Unión Bancaria Europea. Con todo, dijo que la pérdida de depósitos unido a los informes que tenían entre manos y a la experiencia con el portugués Banif, les llevó a declinar la compra del Popular.
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