Sáenz de santamaría: “el gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este viernes que el Ejecutivo “tiene que ser el Gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres” y abrió la puerta a dar “explicaciones” sobre las consecuencias del referéndum, pero sin especificar quién lo haría ni dónde.
Saénz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que este jueves el presidente de la Generalitat, Artur Mas, asegurara que “sacará las urnas a la calle” el próximo 9 de noviembre y tras la petición de varios grupos de que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre el informe económico de una Cataluña independiente.
“Las leyes están para cumplirlas y las constituciones para respetarlas. Es la base de nuestra convivencia. El Gobierno tiene que ser el Gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres”, defendió la vicepresidenta.
La ‘número dos’ del Ejecutivo aseguró que “el referéndum no es legal, no es constitucional y la obligación del Ejecutivo está en decirlo y en actuar en consecuencia”. “Tenga la completa seguridad de que este Gobierno cumple y hace cumplir las leyes, lo hará cumplir y no va a permitir actos de naturaleza ilegal”, insistió tras la declaración de Mas.
EXPLICACIONES DEL GOBIERNO
Además, ante la petición de algunos grupos parlamentarios catalanes, entre ellos CiU, Sáenz de Santamaría abrió la puerta a que el Gobierno dé explicaciones sobre los informes que maneja porque, aseguró, “es bueno que los ciudadanos tengan conocimiento de los efectos y las consecuencias de un proceso” que, crítico, “oyendo a determinados responsables de la Generalitat” sólo tiene ventajas y no contrapartidas.
“El Gobierno no tiene ningún inconveniente en explicar, al contrario, cree que es bueno que se explique el contenido y los efectos de decisiones de esta naturaleza. Se pueden dar cuantas explicaciones se estimen oportunas sobre ese extremo”, aseguró tras recordar que el proceso secesionista afectaría a las economías española y catalana, a la posición de Cataluña en el ámbito internacional, que supondría su salida de la Unión Europea y del euro y la falta de reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
Sáenz de Santamaría insistió en que es García-Margallo quien ha dado hasta ahora explicaciones porque le corresponde hacerlo ante las embajadas, pero señaló que “en otros ámbitos está repartido por distintos departamentos”. Puso de ejemplo el Ministerio de Hacienda, ya que le corresponden “las competencias de las relaciones del Estado con las comunidades autónomas”. “Cada uno en su tarea”, afirmó.
PIDE “COHERENCIA” A MAS
Igualmente, la ‘número dos’ del Ejecutivo recordó al presidente de la Generalitat que lo es “porque la Constitución y las leyes le permiten serlo” y que “todos estamos sujetos a la ley”. “Los que tenemos un cargo público tenemos la obligación de cumplirla y de hacerla cumplir y no es bueno ver a un cargo público de esa naturaleza y de esa importancia, abiertamente, hablar en los términos en que lo hace”, lamentó.
En este sentido, Sáenz de Santamaría, llamó al presidente catalán a ser “coherente”. “Hago un llamamiento a su propia posición hace no muchos meses de que la legalidad nos obliga a todos”, recordó.
Además, apuntó que el Gobierno lo es “también de todos los catalanes” y que el gabinete de Rajoy intentará “durante este proceso que los catalanes se vean lo menos perjudicados posible y su bienestar se vea lo menos cuestionado”. “Trataremos de evitar lo que algunos están haciendo vivir a Cataluña,una división social y una incertidumbre que ningún Gobierno debería alentar ni promover”, defendió en presencia del ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz.
Finalmente, recalcó que el Ejecutivo tiene “una posición muy activa” a la hora de “preservar la legalidad” y dijo que ya se ha recurrid ante la vía contencioso administrativa 28 de las 30 peticiones de ayuntamientos a la Asamblea de Cataluña.