Sáenz y dos ex directivos de Banesto, condenados a 6 meses por denuncia falsa

  • Madrid.- La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y a otros dos ex directivos a seis meses de prisión por los delitos continuados de acusación y denuncia falsa contra unos deudores del banco tras su intervención en 1993.

Alfredo Sáenz, condenado a 6 meses de prisión por acusación y denuncia falsa
Alfredo Sáenz, condenado a 6 meses de prisión por acusación y denuncia falsa

Madrid.- La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y a otros dos ex directivos a seis meses de prisión por los delitos continuados de acusación y denuncia falsa contra unos deudores del banco tras su intervención en 1993.

El tribunal, que les ha absuelto del delito de intento de estafa procesal, ha impuesto, no obstante, a Sáenz una multa de 9.000 euros, que se limitan a 6.000 euros para los otros dos condenados: el ejecutivo de Banesto Miguel Ángel Calama y el letrado externo de la entidad Rafael Jiménez de Parga.

La sentencia, hecha pública hoy y que será recurrida, establece además que los tres directivos condenados deberán indemnizar a uno de los perjudicados con 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil -en la que Banesto actuará de forma subsidiaria- con el objetivo de reparar los daños y perjuicios causados por su "injusto ingreso en prisión por una prevaricadora actuación judicial".

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha absuelto al cuarto acusado y ex director general del banco, Miguel Ángel Merodio, de todos los delitos que le fueron imputados por la fiscalía y las acusaciones particulares, que reclamaban para los acusados penas que suman entre 2 y 9 años de prisión, además de las correspondientes inhabilitaciones.

Banesto informó en un comunicado de que recurrirá la decisión judicial ante el Tribunal Supremo por considerar injusta la condena a sus ex directivos, que no comportará en cualquier caso la entrada en prisión de ninguno de ellos.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker.

El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro empresarios (lo que conllevó su condena por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).

Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto (de los que sólo uno ha sido absuelto).

Tras largas indagaciones del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los demandados consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa por entender que las actuaciones de Jiménez de Parga y Calama habían prescrito y las de Sáenz y Merodio no eran constitutivas de delito.

Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.

La Audiencia Provincial de Barcelona entiende ahora que los condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella" y que actuaron de esa manera como "medida de presión" contra los industriales.

La interposición de la querella por parte de Banesto "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían", critica la sentencia.

En virtud de la sentencia de la Audiencia Provincial, tres de los empresarios que sufrieron la acusación falsa deberán recibir una compensación simbólica de un euro, como pedían, mientras que González Mestre recibirá 100.000 euros, frente a los 206.000 que exigía.

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