Lima, 10 may.- La Tercera Sala Penal para Reos Libres de Lima absolvió hoy al exalcalde de la provincia de Coronel Portillo, Luis Valdez, y al ex gerente municipal, Zolio Ramírez, de la acusación de asesinato del periodista Alberto Rivera en 2004.
La sala decidió que no existen indicios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Valdez y Ramírez, a pesar de que la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para el exalcalde por presunta autoría intelectual en el crimen.
El abogado de la familia de la víctima, Carlos Rivera, afirmó que el fallo es una "burla de la Justicia" porque "hay pruebas suficientes, de carácter contundente, que demuestran la responsabilidad de Valdez en haber ordenado el asesinato del periodista".
Alberto Rivera, que presentaba el programa radial Transparencia, en la ciudad selvática de Pucallpa, era un tenaz crítico de la gestión de Valdez e incluso lo acusó de ser el dueño de un contenedor con media tonelada de droga.
Rivera, que responsabilizó al entonces alcalde de cualquier atentado contra su vida, fue asesinado el 24 de abril de 2004 por sicarios que, tras ser capturados, señalaron a Valdez como el autor intelectual del asesinato, aunque luego se retractaron.
El proceso fue reabierto por la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte de Lima, en cumplimiento de un mandato de la Corte Suprema que anuló, por vicios procesales, un juicio anterior en el que se absolvió a Valdez.
El abogado de los deudos añadió que sentía "un fuerte sinsabor" y "vergüenza ajena" porque el tribunal no ha cumplido con resolver cuál fue el móvil del asesinato.
"Las pruebas han sido desacreditadas y descalificadas", dijo Rivera a los periodistas al concluir la audiencia judicial.
La fiscalía apeló el fallo y Rivera también lo hará, agregó el letrado.
En tanto, el exalcalde permanecerá en arresto domiciliario por otro proceso que afronta por la supuesta comisión del delito de lavado de activos, por presuntamente haber blanqueado 71 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína a los carteles mexicanos y colombianos desde 1980.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó, en su momento, su preocupación por la demora en el proceso judicial, ya que señaló que podía "alentar mayor impunidad en otros casos" similares.
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