Leire Etxeberria Simarro ha salido de la prisión de Algeciras, donde se encontraba interna, después de haber cumplido doce años y medio de cárcel, ha informado la asociación de familiares de presos Etxerat. Etxeberría fue detenida el 13 de febrero de 2006 en una vivienda de Montluçon (centro de Francia), que había sido vigilada por las fuerzas antiterroristas durante cinco meses y donde encontraron abundante material informático para la falsificación de documentación.
Había huido a Francia tras ser condenada por la quema de un autobús en Basauri, que causó graves lesiones a su conductor, y el país vecino la entregó a España en 2011. Según han informado a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias, hoy finalizaba su condena. A través de las redes sociales, Etxerat da conocer que esta noche se hará un recibimiento a Etxebarria en la localidad vizcaína de Basauri, de la que es natural.
Su salida se produce en un momento sensible para la política penitenciaria, que tras la disolución de la banda armada ha comenzado a permitir el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas, algo que despierta recelo en el PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado en los últimos días la actitud de PP y Ciudadanos porque considera que no están haciendo oposición al Ejecutivo en cuestiones como el traslado de presos, sino al propio Estado y a ellos mismos.
Sánchez ha dicho que es "razonable" hacer oposición al Gobierno, pero no la estrategia que siguen estos dos partidos ante la política penitenciaria. El jefe del Ejecutivo ha pedido que mantengan la "unión de los demócratas" en materia de política antiterrorista, porque en el año en el que ETA ha anunciado su disolución, "precisamente ahora" no se puede perder esa unidad. Según el secretario general de los populares, Teodoro García, sobre el terrorismo "no se puede pasar página sin más, sin recordar que hubo gente que se dejó la vida por defender la libertad en el País Vasco y que al terror se le venció con el Estado de Derecho".
García añade que lo que el PP exige en esta materia es que "haya memoria, dignidad y justicia" y un reconocimiento a las víctimas, por lo que, insiste, se oponen a que estos traslados "sean consecuencia de un peaje que pague el Gobierno por un acuerdo con el PNV". Sobre la posición de las asociaciones de víctimas que no han criticado estas medidas, el secretario general del PP reconoce que no dice que "no sean legales", pero critica que, a su juicio, se han hecho "sin la transparencia y los requisitos" debidos.
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