Baleares mueve ficha contra la ludopatía y suspende la apertura de nuevos salones

El Govern balear ha movido ficha contra las casas de apuestas y ha suspendido la autorización de nuevos salones de juego en las islas durante los próximos dos años. Durante este tiempo, la Administración espera poner en marcha un plan para "racionalizar" la oferta de establecimientos de máquinas tragaperras y apuestas. 

El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, responsable del área de juegos de azar del Govern, ha señalado que el objetivo es evitar que Baleares se convierta en "unas Vegas 'low cost' en el Mediterráneo" por la presión de corporaciones multinacionales del sector.

Yllanes ha detallado que en el archipiélago hay 148 salones de juego, cuatro bingos, tres casinos y un local específico de apuestas, y tanto en estos establecimientos como en otros hay instaladas 4.200 tragaperras. 

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Actualmente hay en tramitación cinco solicitudes para la apertura de nuevos locales de juego y el Govern ingresa en impuestos anualmente de este sector 34 millones de euros. El vicepresidente del Govern ha indicado que hay una demanda ciudadana y política mayoritaria para frenar la proliferación de locales de juego porque "se ha convertido en un problema social" por su incidencia en adolescentes, personas de escasos recursos y poliadictos.

Ha adelantado que el decreto de reordenación del sector del juego que comenzará a elaborarse una vez entre en vigor la moratoria aprobada este viernes contemplará medidas restrictivas como "cuotas de reposición" que condicionarán la concesión de nuevas licencias a la baja de establecimientos existentes en la actualidad.

Asimismo, se estudiará la ampliación de la distancia mínima entre los salones de juego y los centros escolares y zonas de ocio infantil y juvenil, que la ley autonómica en vigor establece en 100 metros. El Govern abordará también la "colaboración con entidades deportivas para la desaparición de la publicidad en ámbitos lúdicos", ha agregado Yllanes, que ha destacado que la moratoria de dos años para nuevas salas de juegos es la más estricta establecida en España.