La tercera semana de septiembre

Sánchez y Aragonès pactan el inicio de la mesa de negociación tras la Diada

Reunión de más de dos horas y media para recuperar la "normalidad" tras los indultos. La Generalitat insiste en la amnistía, en el informe del Consejo de Europa y critica las fianzas del Tribunal de Cuentas.

Sánchez recibirá este martes a Aragonès bajo proclamas de "autodeterminación"
Sánchez y Aragonès pactan el inicio de la mesa de negociación tras la Diada

Pere Aragonès ha pisado Moncloa por primera vez como presidente de la Generalitat y lo ha hecho con hasta tres puntos de discrepancia con Pedro Sánchez. En el terreno económico ha resaltado las fianzas de 1,9 millones a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente, que les ha impuesto el Tribunal Cuentas por el presunto desvío de fondos público para las denominadas embajadas catalanas y al llamado 'Diplocat'. La Generalitat, ha avanzado Aragon'es, va a seguir ofreciendo apoyo jurídico a los afectados para revertir la situación. Según el president de la Generalitat "no hay caso".

Moncloa proclama la "máxima normalidad" en esta visita y espera que la otra parte sea "realista" y "humilde" con la nueva etapa que se ha abierto tras los indultos a los líderes del 'procés'. Un primer punto pactado: la mesa bilateral comenzará a reunirse la primera semana de septiembre, tras la Diada, en Barcelona.

"Reactivaremos la mesa de diálogo sin más dilación. Los respectivos equipos trabajarán las próximas semanas para acordar la metodología de trabajo y el orden del día", ha afirmado Aragonès tras su primera visita al complejo presidencial. Habrá, por tanto, dos ámbitos de trabajo: la citada mesa de negociación bilateral y la Comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunirá por primera vez desde las elecciones en julio.

No ha sido una reunión fácil. De hecho, el president continúa reclamando, como segundo punto de conflicto, la amnistía como solución al conflicto el cumplimiento del informe del Consejo de Europa, que la semana pasado aprobó la petición de excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes.

​Las "piedras" del Tribunal de Cuentas

Aragonès llegaba a Moncloa con el objetivo de que el Gobierno intente mover ficha ante estas sanciones millonarias que el propio líder excarcelado de ERC ha calificado de vengativas: "Una vez más, la represión nos abraza a nosotros y a nuestras familias", ha expresado este mismo martes. El Ejecutivo ya ha dado muestras que querer colaborar con la situación y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer una negociación con el PP para renovar el órgano fiscalizador. "Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. Si el PP no se aviene, algo que descartan en Génova, el Gobierno no descarta una reforma del sistema de elección de sus componentes. 

Sánchez quiere, sin embargo, que este "diálogo" con Aragonès se inicie dejando a un lado las cuestiones territoriales que alejan al Gobierno central y al catalán y centrándose en "otras muchas cuestiones en las que se puede estar de acuerdo". Por ejemplo, en que el futuro de España y de Cataluña se encarna en la Unión Europea, en la consolidación de la democracia con derechos y libertades mucho más extendidos y en la oportunidad que representan los fondos de recuperación europea.

Sánchez expresó este lunes que "Cataluña ahora tiene que hablar con Cataluña" y evitar la invisibilización de una parte de la sociedad que no comparte la hoja de ruta independentista. El presidente del Gobierno añadió que su intención es superar esta crisis reconociendo una mayor capacidad de autogobierno a Cataluña, pero siempre dentro de España y dentro de Europa. En este sentido, Sanchez reiteró el mensaje de que la Constitución española no es un dogma, pero sí marca claramente el territorio en el que se puede establecer el diálogo. En la democracia española, nadie va a pedir a otros que dejen de pensar como piensan, repiten desde Moncloa.

Del mismo modo, dijo que a la ciudadanía catalana no se la puede obligar a decidir si es catalana o española porque ambas identidades conviven en muchos ciudadanos que se consideran tanto catalanes como españoles. En la ley, añadió, cabe un acuerdo, que es por lo que siempre ha abogado el Gobierno de España. Sanchez concluyó con un: "Vivimos juntos y, si vivimos juntos, tendremos que decidir juntos toda la ciudadanía lo que queremos que sea España. Es así de sencillo y rotundo".

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