Fumata blanca en Bruselas. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para poder topar el gas en 50 euros/MWh y reducir así, en parte, la factura de la luz. La solución pactada queda lejos de la propuesta inicial que hicieron Pedro Sánchez y Teresa Ribera, que pretendían fijar un límite de 30 euros/MWh, lo que hubiera supuesto poder rebajar el recibo eléctrico, en los consumidores acogidos a la tarifa regulada, a prácticamente la mitad. Finalmente, España y Portugal podrán introducir un tope intermedio. La presión de las eléctricas ha pesado.
No ha sido fácil. Y la solución definitiva, tras un mes de espera, no es tan ambiciosa como lo eran las aspiraciones del Gobierno español. Sánchez y Ribera fiaron a esta medida la posibilidad de controlar el alza de los precios. Queda por ver cómo se implementará esta solución en el próximo Consejo de Ministros y, por tanto, las consecuencias que tiene en la inflación.
En un primer momento, España y Portugal podrán topar el precio del gas en 40 euros/MWh, lo que contribuirá a reducir la alta inflación de estos meses. En marzo fue del 9,8% y en abril se espera un dato similar. A continuación esa limitación irá ampliándose hasta alcanzar una media de 50 euros/MWh. Con ese tope la factura eléctrica rondaría los 110-120 euros/MWh. Actualmente está superando los 200 euros/MWh.
La Comisión ha exigido a los países ibéricos -aunque Portugal se había desmarcado en los últimos compases de la negociación al no tener tanto en juego- no implantar el sistema de doble subasta, como recogía la propuesta ibérica para evitar que el resto de la UE compre energía subvencionada. De esta forma, los acuerdos de compraventa entre países sí se verán alterados y el tope en la Península sí tendrá efecto en la energía del resto de Europa.
Moncloa llevaba desde el inicio contemplando en privado un tope al gas de 50 euros/MWh, pese a que inicialmente siempre ha defendido 30€/MWh. Si los españoles acogidos a la factura regulada acaban pagando una factura del entorno de los 110 euros/MWh, que está por ver, abonarán el el doble de lo que han pagado en los últimos diez años.
En las negociaciones, que han sido duras hasta el final, las eléctricas han jugado un papel protagonista en forma de presión a la Comisión Europea. Ignacio Galán hablaba hace una semana en público del asunto. El presidente de Iberdrola arremetió contra el plan que está defendiendo Pedro Sánchez ante las autoridades comunitarias e indicando que "el camino" para reducir el precio de la electricidad en España" es modificar la tarifa regulada de electricidad (PVPC) que existe en España y aplicar la fórmula portuguesa. Con ello, dijo, la factura se podría rebajar entre un 30% y un 40%.
El llamado 'pool', el organismo de casación de precios eléctricos de España también ha criticado con fuerza al Gobierno en los últimos días. En él se da cita la totalidad del sector: los productores, los comercializadores, los vendedores... Es decir, su papel, va más allá de Endesa, Iberdrola, Naturgy y Acciona. Hay entidades financieras, como Santander o BBVA; implicados también en negociaciones. O bancos de inversión que se dedican a atraer a actores interesados. El Ibex, en general, se siente representando en este grupo. Un organismo de carácter técnico y que raramente se ha posicionado a nivel político, como sí hace la patronal bancaria o la eléctrica. Que presione por el plan eléctrico de Sánchez ha sido
En esta campaña de presión también intervino la Autoridad da Concorrência (AdC), la autoridad de competencia portuguesa. Según fuentes cercanas al organismo supervisor luso, la AdC se ha opuesto en firme a la idea de intervenir los precios de las ofertas de gas y así se lo expresó en diferentes ocasiones la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER), que aglutina a los supervisores sectoriales de los Estados miembros.
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