A solo 48 horas de Nochebuena, el presidente Pedro Sánchez se reune hoy con sus homólogos autonómicos por vía telemática para intentar salvar unas medidas comunes de cara a las festividades navideñas, con un margen de maniobra muy estrecho. Pese a que el incremento de los contagios viene manifestándose de forma clara durante las últimas ocho semanas, no fue hasta este pasado fin de semana cuando desde La Moncloa se decidió convocar un cónclave territorial que parte con fuertes divisiones entre regiones, dificultando la fumata blanca a un nuevo paquete de medidas que unifique criterios en toda España.
Cataluña ha sido la primera comunidad que no ha querido esperar al resto de autonomías a la hora de imponer limitaciones en Navidad. Según anunció ayer la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el Ejecutivo que comanda Pere Aragonès buscará el aval del TSJC para aplicar un nuevo toque de queda entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana a partir del próximo viernes. Esta medida se aplicará en los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes cuya incidencia a 14 días se sitúe por encima del umbral de los 250 casos.
Además, el Govern pretende limitar las reuniones sociales a un máximo de diez personas, decretar el cierre del ocio nocturno y limitar aforos en restaurantes, comercios, gimnasios, actividades culturales y deportivas, y pide al resto del país que sigan su línea de actuación. "Exigiremos al Gobierno que se actúe en esta dirección. Para que las medidas sean eficaces deben ser generalizadas", apuntaba el presidente Aragonès.
En el otro extremo del tablero estará, como no podía ser de otra forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Pese a que la incidencia en la región ha pasado de los 240 casos del pasado lunes a los 809,04 puntos que marcó ayer el indicador, la presidenta de la región redobla su apuesta de evitar más restricciones. También ha pedido que eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de positivos que tengan la pauta completa de vacunación.
"Estamos viviendo cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, cerrando aulas, mandando teletrabajo a todo el mundo. Esto se puede revisar", reflexionaba ayer Ayuso. Una tesis que fue respaldada en la Comisión de Salud Pública de ayer, en la que Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que los contactos estrechos de positivos que estén vacunados no tendrán la obligación de aislarse durante diez días, como era habitual hasta ahora.
Lo cierto es que las posturas de los presidentes autonómicos presagian una reunión de alta tensión. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha desvelado cuál es la postura con la que acude a la cumbre autonómica, aunque se ha encargado de dejar patente su pesimismo de cara a un posible acuerdo: "Tengo mis dudas de que haya unanimidad visto el comportamiento de algún presidente o presidenta que siempre quiere estar al margen de las mayorías porque se cree en posesión de la verdad", aseveraba el mandatario cántabro.
Solo hay una medida que parece ir ganando adeptos con el paso de las horas, la de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Una acción que, hasta ahora, ha recibidido el respaldo de los dirigentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Castilla y León, pero que no soluciona nada en los lugares de mayor riesgo de contagio, los espacios interiores, cerrados y de peor ventilación.
La patada adelante del semáforo
La situación a la que se enfrentan Sánchez y el resto de presidentes autonómicos empezó a gestarse hace apenas un mes, con la aprobación del nuevo semáforo Covid de Sanidad. El acuerdo alcanzado entre comunidades y el ministerio revisó al alza las cifras de los cinco niveles de riesgo contemplados hasta ahora durante la pandemia -desde la circulación controlada hasta el riesgo alto-, pero sin establecer medidas por cada umbral, especialmente al alcanzar altos niveles de incidencia o saturación hospitalaria.
En ese momento, los técnicos de Sanidad recomendaron incluir, a partir del riesgo medio, limitaciones a la hostelería y al ocio nocturno como antídoto para el repunte de contagios. Una medida que generó un rechazo en bloque de las autonomías, que durante el último mes han apostado por el pasaporte Covid como medida para frenar los nuevos casos, pese a que la vacuna solo dificulta parcialmente la expansión del virus, sin frenarla en seco.
Tampoco el Gobierno ha sido muy partidario de adoptar nuevas restricciones duranteestas semanas. La ministra Carolina Darias ha insistido en reiteradas ocasiones que la estrategia española para frenar la sexta ola se basaba en aumentar la tasa de vacunados, incidiendo en la toma de precauciones de forma individual -mascarilla en interiores, ventilación, mantener la distancia de seguridad y reducir las interacciones sociales en estas fiestas-, y negando la necesidad de nuevas medidas.
Una negativa que se ha ido empequeñeciendo hasta este sábado, cuando Sánchez, con un margen reducido, acabó convocando la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy, con solo dos días de margen hasta Nochebuena, fecha en la que parece difícil que puedan aplicarse nuevas restricciones por lo complicado del acuerdo y la celeridad con la que deberían contar con el aval de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Estas apuntan más al segundo tramo de la Navidad -a partir de Nochevieja- como fecha más realista para el comienzo de su aplicación.
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