Pedro Sánchez y Pablo Casado han abierto, con discreción, tres vías de comunicación. No son directas, pero sí están protagonizadas por personas de la máxima confianza de presidente del Gobierno y del PP. El acuerdo del decreto de "nueva normalidad" es fruto de estas conversaciones que están protagonizando altos representantes socialistas y populares. Aún así la relación entre los dos líderes es inexistente desde el lunes 4 de mayo y eso complica el escenario de cara a la negociación de los Presupuestos. Un día más tarde, el 5 de mayo, fue la vicepresidenta Carmen Calvo quien habló con Casado. Hasta el día de hoy, casi dos meses después.
La principal vía de comunicación entre Gobierno y PP la está protagonizando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor. Ambos llevan hablando al menos dos semanas sobre el decreto postCovid que los 89 diputados populares apoyaron en el Congreso. Es la primera entente de la crisis ya que los estados de alarma y el Ingreso Mínimo Vital no se negociaron. Ahora se tramitará como proyecto de ley y es ahí donde se están centrando las conversaciones, según fuentes de ambos bandos. En este sentido el Ejecutivo se ha abierto a la posibilidad de crear una agencia nacional para coordinar el sistema sanitario y a incrementar la dotación presupuestaria para la Sanidad.
Moncloa también ha incorporado a un actor nuevo en estas negociaciones políticas con el PP. Se trata de Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, considerado "el jurista de Moncloa" y cerebro de todos los decretos del estado de alarma durante la crisis. Fue un hombre importante en las negociaciones para llegar al pacto de coalición con Unidas Podemos y esta semana, por primera vez, ha comenzado a interactuar con el PP. El secretario general del grupo popular, Guillermo Mariscal, también está en las conversaciones de las que han desaparecido tanto la vicepresidenta Calvo como la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo. Se está midiendo todo.
Una segunda vía de comunicación está abierta entre la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez. Han hablado sobre algunas cuestiones económicas pero, de momento, sin negociación en sí misma. La candidata al Eurogrupo contactó con Génova hace un mes para informar, que no dialogar, sobre la renovación de la CNMC. El PP no entró. En un futuro cercano están pendientes varios relevos en la CNMV, incluido su presidente, reforma que el Gobierno pretende abordar a la vuelta del verano.
El CGPJ, pendiente de renovación
La tercera relación afecta al terreno judicial. Los dos protagonistas son el ministro Juan Carlos Campo y el responsable del área popular, Enrique López, que es, a su vez, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Ambos tienen pendiente abordar la renovación del CGPJ, congelada desde hace más de un año y medio, y la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Ambos movimientos requieren una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y Senado y para eso es imprescindible un consenso entre PSOE y PP. Aún no han comenzado las negociaciones, indican las fuentes consultadas, pero el Gobierno está esperando a las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio para empezar a tantear el terreno, admiten en el Ejecutivo, con la oposición.
En Génova, aseguran, escucharán a Campo pero no quieren repetir las escenas vividas ese mes de noviembre de 2018 cuando el Gobierno de Sánchez en solitario propuso para la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ a Manuel Marchena. Las cuotas de poder internas en el consejo de ministros y un enfrentamiento velado con la entonces titular de Justicia, Dolores Delgado, como protagonista echaron al traste la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Son tres vías de comunicación pero falta la más importante, la de los Presupuestos, y ahí desde el PP echan un jarro de agua fría. Sánchez ya ha puesto la directa hacia los PGE de forma paralela a la negociación en la UE del fondo de reconstrucción y el Ministerio de Hacienda va a publicar en los próximos días la orden ministerial para iniciar el trámite en los diferentes departamentos. También está prevista una reunión de la Oficina Presupuestaria que dirige Teresa Santolaria con los ministerios, organismos autónomos y empresas públicas para indicarles forma y plazos para enviar las correspondientes "fichas". Una parte de este trabajo, por cierto, está hecho con los PGE de 2019 que naufragaron. A nivel político, los parlamentarios económicos del PSOE también han recibido ya la instrucción de avanzar en propuestas e ir intercambiando documentos.
El presidente también ha comenzado a orientar la política general del Gobierno hacia esas cuentas públicas. De hecho, fuentes cercanas a Sánchez explican que el pasado lunes, en la reunión de maitines, ya comentó su plan presupuestario que pasa por aprobar el proyecto de ley en el último consejo de ministros de septiembre. El Ejecutivo, por tanto, ya está tendiendo la mano al PP pero en Génova tienen claro que aprobar unas cuentas con el PSOE y Unidas Podemos se antoja impensable para ellos, según explican varios cargos del partido. En el equipo de Casado, no obstante, sí están dispuestos a pactar unas conclusiones en el terreno económico con el Gobierno en el marco de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pero el pacto presupuestario lo definen como "imposible" si en él se plasma el plan de Gobierno que cerraron Sánchez e Iglesias en su pacto de legislatura.
El PP tampoco es la opción principal para Moncloa. Fuentes gubernametales que los socios preferentes para aprobar los Presupuestos son los de la investidura. Pero también alertan de que las posiciones actuales de ERC no invitan a un entendimiento a corto y medio plazo. Esta semana, de hecho, los republicanos han votado 'no' al decreto de "nueva normalidad", desmarcándose una vez más de la coalición.
La clave catalana tampoco está pasando desapercibida en Moncloa y enmarcan la actitud de ERC en ese marco. Hay un hito importante a la vuelta del verano. El presidente Quim Torra ha presentado un recurso de súplica ante la sala segunda del Tribunal Supremo en contra del señalamiento de vista oral para el 17 de septiembre para estudiar su inhabilitación. De esta forma pretende alargar los trámites para dilatar al máximo la resolución del alto tribunal. Si es inhabilitado el vacío conllevaría la convocatoria de elecciones en Cataluña, algo a lo que se comprometió él mismo tras aprobar los presupuestos autonómicos pero que todavía no ha concretado. Y ello podría despejar el calendario presupuestario del Gobierno central.
Sánchez ha procurado durante las últimas semanas de estado de alarma sumar al renovado Ciudadanos como un nuevo aliado. Incluso la formación dirigida por Inés Arrimadas ha apuntado que se abre a negociar, con condiciones, los PGE de 2021 con el Gobierno. Pero aquí surge un inconveniente. La formación naranja ha pedido que esas cuentas deben ser "razonables" y alejadas del pacto con Unidas Podemos, algo no contemplado por Moncloa en este momento. El sudoku de los Presupuestos sigue siendo, a día de hoy, inescrutable.
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