Pedro Sánchez y Pablo Casado demostraron este lunes estar en las antípodas y se dijeron a la cara un "no es no" en varios asuntos considerados urgentes: la renovación del CGPJ, la reforma de la financiación autonómica, los Presupuestos de este año... Solo tuvieron consenso en un aspecto, según informan fuentes cercanas a ambos líderes. Se trata de la reforma del sistema de pensiones, donde el presidente del Gobierno y el del PP reman al unísono. Los dos líderes han acordado poner en marcha una relación directa para acometer una de las principales leyes de la legislatura.
Fue una primera reunión fría por momentos, con posiciones alejadas en la mayoría de los campos, pero de la que ambos líderes salen con un principio de acuerdo, al menos para sentarse a negociar. Las fuentes consultadas explican que Sánchez y Casado han acordado abrir "un canal de comunicación permanente" entre Gobierno y principal partido de la oposición. Ambos necesitan unir sus votos para que salga adelante.
Esta vía de comunicación estará capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el lado del Gobierno; y por la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez. Ambos ya han tenido contactos preliminares y prevén sentarse a poner negro sobre blanco la renovación del Pacto de Toledo en los próximos días. Precisamente este martes echa a andar la comisión parlamentaria que estará presidida por la exministra Magadalena Valerio.
Una de las primeras medidas que quiere poner en marcha Escrivá es la de acabar con el déficit de la Seguridad Social, según explican fuentes de su entorno. ¿Cómo? Trasfiriendo el déficit a la Administración Central del Estado. Las arcas del sistema están tiritando y la solución que plantea Escrivá es la de que el Ministerio de Hacienda se haga cargo, vía Presupuestos, de esa factura. Es algo que el PP ve con buenos ojos. Pero para ello tendrá que convencer, eso sí, a su compañera del consejo de ministros, María Jesús Montero, para que asuma ese gasto extra.
Hay que recordar que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien tumbó durante la pasada legislatura un acuerdo ya cerrado entre el Gobierno de Sánchez y el PP. Entonces los representantes de Unidas Podemos en la comisión del Pacto de Toledo sobre las recomendaciones pactadas para su reforma se levantaron de la silla y dinamitaron el acuerdo.
El Factor de Sostenibilidad, en el foco
En el acuerdo para conformar el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas dejaron escritas una serie de medidas cuya defensa deberá capitanear Escrivá en este legislatura. Entre ellas se encuentra una negociación con "todas las fuerzas políticas y los agentes sociales" de "un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones". Además de la promesa de actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, ambos partidos plasmaron una revisión a fondo del sistema para "garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema".
Sánchez e Iglesias también han prometido eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones que aprobó el PP en 2013, algo que también deberá negociar Escrivá con el partido de Pablo Casado. El coordinador de este área en Génova es, por cierto, José Ignacio Echániz, que además será el portavoz adjunto de grupo parlamentario en la comisión del Pacto de Toledo. Esta negociación también rebaja sensiblemente las expectativas de Podemos, que ya tuvo que renunciar a gran parte de sus medidas en el acuerdo de coalición que firmó con los socialistas. La propuesta inicial de los morados era la de garantizar la revalorización de las pagas de los jubilados por ley, además de reformar la Constitución para blindarlas.
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