Cuando Pere Aragonès abandonó Moncloa el pasado martes, Pedro Sánchez comentó a sus colaboradores que la primera reunión cara a cara con el president de la Generalitat había ido bien y que había sido incluso "cordial". Entre ese reducido equipo se encontraban la ministra portavoz, María Jesús Montero, o el jefe de gabinete presidencial, Iván Redondo. En ningún momento el jefe del Ejecutivo catalán mencionó la palabra amnistía o autodeterminación, explican fuentes gubernamentales. Pero cuando el líder de ERC compareció ante los medios de comunicación su discurso fue muy diferente. Lanzó incluso a Sánchez la posibilidad de facilitar el regreso de Carles Puigdemont a España, dando a entender a la opinión pública que las diferencias que les separan de Moncloa son abismales. Es el inicio de una partida de ajedrez que ambas partes han fijado que dure dos años.
No estaba previsto tampoco que Sánchez, en la mañana del miércoles, fuera tan claro en el Congreso. Moncloa cambió el discurso a última hora para incluir una declaración inédita hasta entonces: "No habrá referéndum de autodeterminación salvo que sus impulsores convenzan a tres quintos del Congreso para reformar la Constitución. El PSOE nunca aceptará esa propuesta", dijo en sede parlamentaria. "Teníamos que dejar claro cuáles son las líneas rojas en la mesa de diálogo", apunta un ministro. En el Gobierno dan por amortizado el desgaste de haber tomado la, dicen, decisión más arriesgada de la legislatura. Pero queda el Tribunal de Cuentas y las fianzas millonarias que van a tener que depositar los líderes del 'procés'. El Gobierno está maniobrando y, de hecho, ya ha retirado a la Abogacía del Estado del procedimiento y ya sólo queda la Fiscalía. No descarta cambiar el sistema de mayoría para proceder a una renovación exprés de sus miembros.
Vistas las posiciones iniciales de unos y otros, la gran pregunta que surge ahora es hacia dónde evolucionará la mesa de diálogo que comenzará a reunirse tras la Diada. Habla un ministro sobre un asunto monotemático en las últimas semanas en el seno del Gobierno: "La única solución es que los catalanes acaben votando algo. ¿Otro Estatut adaptado al siglo XXI? Encajaría con nuestros planteamientos". Otra ministra añade: "Es a lo máximo a lo que podríamso llegar". Sánchez ha dejado claro ese "nunca" y en ERC lo saben. Son perfectamente conscientes de que ningún Ejecutivo central, aunque tenga un carácter progresista como el actual, puede aceptar una votación como la que plantean en público Aragonès y Junqueras. "La autodeterminación tal y como la entiende el independentismo no existe", añadió el presidente este jueves en una entrevista en La Sexta.
El nudo gordiano de todo el conflicto catalán pasa, por tanto, en opinión del Gobierno, por un nuevo Estatut y por que se vuelvan a poner urnas para que se vote ese texto. ¿Será eso suficiente para el independentismo? Aquí el Gobierno diferencia entre dos sectores o, incluso, tres. En primer lugar, uno más moderado, con el que se está negociando desde Moncloa y hay varias vías de comunicación abiertas, representado por ERC; y otro más radicalizado liderado por Puigdemont y secundado por la CUP en una parte de las demandas secesionistas. Resulta paradójico ver cómo el partido antisistema viene alineándose con los herederos de la antigua Convergència.
Ese nuevo Estatut, añaden fuentes gubernamentales, podría concretarse en una reedición del de 2006 que ya fue votado por el 48,85% de los catalanes, con un 73,9% que se posicionó a favor y el 20,76% en contra. Cuatro años más tarde el Tribunal Constitucional tumbaba catorce artículos, una sentencia que provocó un tsunami político. Esa votación fue presentada por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como una votación no vinculante amparada en el artículo 92 de la Constitución, que habla de referéndums "consultivos". Ese es el límite fijado por el Ejecutivo central.
El Gobierno hablará de todo con Cataluña: de más autogobierno, de federalismo o de un nuevo pacto fiscal
El Gobierno asegura estar dispuesto a dialogar en la mesa bilateral de todo, siempre dentro de la ley. De más autogobierno, de federalismo, de un nuevo pacto fiscal, de incrementar las inversiones, de unos nuevos Presupuestos, de un impulso a la ampliación de El Prat... "Queremos hablar de todo y echaremos las horas que haga falta", afirma uno de los 'pretorianos' de Sánchez en Moncloa. La duda que surge en el Ejecutivo es si eso será suficiente para convencer a ERC de caminar hacia una nacionalismo al estilo PNV. Una fuente del Gobierno apunta que una de las claves para responder a esa pregunta se encuentra en la presión mediática y social que reciban Aragonès y Junqueras a lo largo de los próximos meses. Ninguno quiere quedar como un 'botifler' o recibir los improperios hacia los republicanos que se escucharon en la puerta del Liceo. Si pueden digerir una negociación dentro de la ley con Moncloa se mantendrán anclados a esa mesa con Sánchez, añade este interlocutor.
Un actor que formará parte de toda la negociación que se va a abrir entre Gobierno y Generalitat es Unidas Podemos. Sánchez y Yolanda Díaz ya han hablado sobre Cataluña y, aunque los morados van a adoptar un papel secundario en todo, su objetivo es mantener unido al bloque de Presupuestos y, ahora, de los indultos. El partido dirigido por Ione Belarra siempre ha defendido un referéndum pactado y siguen sin ocultarlo. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaba este martes en Moncloa que "nosotros nunca renunciaremos a nuestras propuestas políticas como formación y espacio político". Esas propuestas son claras. Punto 281 del programa electoral: "La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que defenderemos un nuevo encaje para Cataluña en España". Apretarán.
La mesa bilateral del "reencuentro" va a ser apoyada por varios actores importantes que van a acompasar la negociación, aunque no se les vea en las fotografías. Un nexo lo conforman Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, y Raül Murcia, actual jefe de gabinete del consejero de Interior, y hombre de la máxima confianza de Oriol Junqueras. Murcia ha sido un fontanero fundamental en los indultos y en la respuesta a los mismos por parte de ERC, que ha ejercido de interlocutor entre Sánchez, Aragonès y Junqueras mientras ha permanecido en prisión, indican fuentes conocedoras de la relación fraguada durante meses. Otro espacio de diálogo destacado es el que mantienen Adriana Lastra y Gabriel Rufián en el Congreso. Y Moncloa espera contar con el papel de los empresarios catalanes en todo el proceso. Cabe destacar dos nombres: Josep Sánchez Llibre y Javier Faus. Foment del Trebal y el Cercle son dos piezas clave en esta nueva legislatura.
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