Yolanda Díaz será la titular de un Ministerio de Trabajo despojado de algunas de las competencias más relevantes que hasta ahora recaían en este departamento. La decisión de Pedro Sánchez de desgajar las áreas de Seguridad Social y Migraciones y componer con ellas un nuevo ministerio ha sido milimétricamente estudiada por el presidente del Gobierno, que busca guardar a buen recaudo el presupuesto de las pensiones públicas. La cancerbera de estos 150.000 millones de euros anuales será la hasta ahora ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, según confirmaban ayer a La Información fuentes de su entorno.
Sánchez ha conjugado así las aspiraciones de Unidas Podemos de entrar al Gobierno con mando en plaza en materia laboral con su fijación por conservar el control sobre 9,8 millones de pensiones (8,9 millones de pensionistas). Para ello planea seguir contando con Valerio en el Ejecutivo como máxima responsable de un nuevo Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, según las fuentes consultadas y a la espera de que se confirme el nombramiento en las próximas horas.
La Seguridad Social siempre ha sido una línea roja para Sánchez. Ya durante las primeras negociaciones –las que comenzaron tras las elecciones del 28 de abril– Pablo Iglesias pidió el Ministerio de Trabajo y el jefe del Ejecutivo se lo negó, lo que frustró cualquier pacto. La acción en materia laboral constituye el eje medular de las políticas socialistas y por eso se cerró en banda a ceder protagonismo en este apartado a Unidas Podemos. Tras las la repetición de las elecciones, sin embargo, la urgencia de formar Gobierno ha llevado a ambos a ceder.
Sánchez ha entregado a Iglesias el ministerio de la discordia, pero antes se ha asegurado de que la capacidad de acción que tendrán los 'morados' desde este departamento va a ser muy limitada comparada con la que hubieran tenido de hacerse con el 'pack' completo. Al conservar Valerio la Seguridad Social, el PSOE se garantiza el control de la afiliación de trabajadores al sistema, la recaudación de sus cotizaciones sociales y el pago y gestión de las prestaciones económicas, salvo las correspondientes a la cobertura de desempleo, que seguirían dependiendo del Sepe, en el área de Trabajo.
Los socialistas también continuarán al mando de la política migratoria, cuyo presupuesto asciende a unos 480 millones de euros, según los Presupuestos diseñados por PSOE y UP para 2019 que fracasaron en el Congreso por el rechazo de ERC y que Sánchez e Iglesias pretenden replicar para este año. Mientras, Díaz gestionará una partida de unos 25.400 millones de euros para las políticas de acceso al empleo y la mejora de la protección de los parados.
La mayor parte de este presupuesto corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), con cerca de 24.600 millones. A esto se suman unos 6.000 millones de inversión en políticas activas de empleo, de los que el 40% (en torno a 2.500 millones) serán distribuidos a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. También gestionará organismos como el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
Sin margen de actuación
Yolanda Díaz se quedará sin margen de actuación sobre asuntos como la revalorización anual de las prestaciones en base al IPC, la derogación de la reforma del año 2013 que introdujo el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad o el blindaje del poder adquisitivo de los pensionistas en la Constitución Española, una medida acordada por ambas formaciones en su acuerdo programático. Verá evolucionar todas estas cuestiones desde la barrera y se limitará a su negociado: con carácter urgente, la subida del salario mínimo, y a medio plazo, la derogación de la reforma laboral y el nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Hay que recordar que fue precisamente la propia Díaz quien dinamitó la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo antes de las elecciones generales del 28-A, justo cuando estaban a punto de alcanzar un acuerdo que garantizaba la subida de las pensiones con el IPC. Tanto ella como Aina Vidal, que formaba también parte de esta comisión, defendieron que el texto que iba a firmarse aún requería negociación y se desmarcaron de las recomendaciones. "No vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones", dijo Díaz.
Inspectores y sindicatos, en contra
La gran duda en estos momento es de quién pasará a depender la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La presidenta del sindicato de Inspectores, Ana Ercoreca, se muestra muy preocupada por la ruptura del ministerio y augura un caos operativo si no se garantiza la unidad de acción. A su juicio, la Inspección debe permanecer bajo las dos áreas, pero si se decantan por una debería ser la Seguridad Social porque es "el origen de toda relación laboral". "El contrato de trabajo no se entiende sin un alta previa", matiza, y hace hincapié en que "la principal herramienta de los inspectores es la base de datos de la Seguridad Social" y debilitarla pondría en peligro tanto la calidad del empleo como la seguridad de los trabajadores.
Desde los sindicatos CCOO y UGT también han cuestionado la separación de Trabajo y Seguridad Social. "No me parece buena idea, las decisiones que se toman en un ámbito inciden en el otro", dijo Unai Sordo en una entrevista en Onda Cero. Pepe Álvarez, por su parte, ha pedido "coherencia en las políticas" y "homogeneidad" a la hora de separar no solo el área laboral, sino otros ministerios como Energía, Industria o Transición Ecológica.
De cualquier manera, no será la primera vez que la Seguridad Social no se incluya en un departamento de trabajo o empleo. De hecho, en los primeros años de la democracia española la caja social estuvo integrada en el Ministerio de Sanidad, aunque desde 1981 siempre ha estado ligada a las políticas laborales. Sánchez valoró la posibilidad de hacer depender esta Secretaría de Estado de los ministerios de Economía o Hacienda, pero finalmente ha optado por crear un nuevo ministerio, que según apuntan las fuentes consultadas tendrá a Valerio al frente.
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