Sánchez deja la Abogacía del Estado en manos de la letrada del Prestige y Angrois

Los que la conocen dicen de ella que es una jurista rigurosa, seria y con fama de muy competente en el mundillo judicial gallego. La hasta ayer jefa de la Abogacía del Estado en esa comunidad, Consuelo Castro Rey, se convirtió ayer en la jefa del servicio jurídico del Estado por designación del Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por las manos de esta orensana de 54 años pasarán casos de máxima actualidad en los que es parte la administración central, como el que se sigue en el Tribunal Supremo  por el ‘procés’, o los delitos fiscales investigados en grandes causas por corrupción como Gürtel, Púnica…

La importancia del puesto es vital, pero no solo por su actuación en los tribunales en defensa del Estado, sus distintos organismos autónomos, empresas públicas y reguladores y supervisiores -su principal actividad se desarrolla en lo Contenicioso-Administrativo-. Castro Rey y sus subordinados son los que, además, deberán dar forma jurídica a las propuestas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y diseñar las estrategias legales, no solo para ponerlas en marcha, sino para defenderlas después ante los posibles recursos que se puedan presentar contra ellas. La abogacía deberá, por ejemplo, asesorar en asuntos como el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos o la modulación de la reforma laboral, que, sin duda, generarán múltiples pleitos.

Su trabajo, según las fuentes consultadas, fue notable en el caso de la catástrofe ecológica del petrolero ‘Prestige’, que tiñó de negro gran parte de la costa de Galicia. Castro Rey logró en ese larguísimo proceso la absolución del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, aunque no logró las indemnizaciones de hasta 2.000 millones de euros que reclamaba por los gastos en los que incurrió el Gobierno para frenar el fuel. También ha actuado en la instrucción del caso Angrois, el accidente de un tren Alvia a más velocidad de la permitida a la entrada de Santiago de Compostela que provocó 80 muertos en verano de 2013, y en el que ha defendido a Adif, dependiente del Ministerio de Fomento.

Una carrera a la sombra del PSOE

Antes de llegar a la jefatura del cuerpo en Galicia, la nueva jefa de los servicios jurídicos del Estado estuvo destinada en el Ministerio de Sanidad, en la Abogacía del Estado de A Coruña y en la delegación gallega de la Agencia Tributaria. Su progresivo ascenso en la carrera se inició bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2004 se convirtió en jefa de ese cuerpo en A Coruña y, tres años después, en la responsable de toda la comunidad autónoma. Hasta ahora ha sido también miembro del consejo de administración del puerto de A Coruña y tiene varias obras publicadas sobre derecho marítimo.

La nueva abogada general es también experta en derechos fundamentales y flujos migratorios, un tema, este último, de máxima actualidad con la acogida del Aquarius y el incremento de pateras procedentes de Marruecos que se ha producido en los últimos meses. El pasado 21 de marzo fue nombrada vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos y la Migración del Consejo de Europa. Uno de los aspectos que actualmente se estaban debatiendo en ese grupo en los últimos meses son las alternativas a la reclusión de inmigrantes irregulares en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) y la redacción de un manual para ponerlo al alcance de todos los Estados miembros.

Defensora del gallego y del medio ambiente

La nueva jefa de la Abogacía es una gran defensora de la lengua gallega y así lo demostró en su discurso al tomar posesión de su puesto en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y convertirse en la primera mujer en acceder a ella. Castro Rey hizo una defensa férrea de su utilización. “Poco o nada del alma de este pueblo puede perdurar si su lengua”, mantuvo en su alocución. Entre sus intereses también se encuentra la protección del territorio y el paisaje del urbanismo salvaje, trabajo que desarrolla como miembro del Observatorio Gallego del Territorio, dependiente de la Universidad de Santiago.

Con Castro Rey, los dos cuerpos estatales más importantes dependientes de Justicia -la Fiscalía y la Abogacía del Estado- quedan en manos de mujeres. El suyo es el segundo nombramiento femenino para puestos clave junto al de María José Segarra, propuesta la semana pasada como fiscal general del Estado y con la que, en numerosas ocasiones, tendrá que trabajar codo con codo.