Martes, 18.02.2020 - 11:23 h
El gran proyecto de Teresa Ribera

Sánchez 'desempolva' su Ley contra el Cambio Climático en la semana de Davos

Las reformas que buscarán reducir las emisiones de CO2 llegan con un año de retraso y sin grandes novedades.

Teresa Ribera
Moncloa 'desempolva' su Ley contra el Cambio Climático en la semana de Davos. / EFE 

La futura Ley de Cambio Climático vuelve a ser prioritaria para el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que va a recuperar la legislación que prometió aprobar de manera urgente cuando el líder socialista llegó a Moncloa en junio de 2018. La promesa se lanza en plena declaración de emergencia climática, la medida simbólica que sirve para mostrar el compromiso de la Administración central contra el calentamiento global, aunque, en realidad, llega con más de un año de retraso. Y no solo por los dos procesos electorales de 2019, ya que la redacción del anteproyecto también se retrasó hasta febrero del año pasado. El rescate para el debate público coincide también con el Foro de Davos, centrado este año en la Transición Ecológica.

El compromiso del Gobierno de coalición por impulsar esta legislación coincide de esta manera con la presencia de varios de sus miembros en el evento económico. Esta edición de 2020 será la del debut de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acompañará a Sánchez en el primer gran acto desde que logró la investidura. La delegación tendrá que 'vender' a los asistentes leyes como la del cambio climático, dado el impacto que ésta tendrá para varios sectores industriales que forman parte de los considerados como altamente contaminantes. 

La urgencia que muestra ahora Moncloa sobre esta legislación se encuadra dentro de la ambición de Sánchez por ser uno de los grandes abanderados de la transición ecológica a nivel mundial. Algo a lo que contribuye la insistencia de Podemos en esta cuestión, de la que Pablo Iglesias también quiere hacer bandera. Aunque su radio de acción está muy limitado por la decisión del presidente de ascender a Ribera hasta una vicepresidencia específica de esta materia. Las prisas tampoco van a ser excesivas, ya que el Ejecutivo se ha dado 100 días de plazo para remitir la norma al Parlamento cuando está prácticamente redactada desde inicios de 2019.

Empresas y grandes ciudades, las afectadas

La vicepresidenta de Transición Ecológica no ha anunciado que se vayan a hacer modificaciones en el anteproyecto que se dio a conocer en febrero del año pasado. Los objetivos que había entonces son los mismos en la actualidad, con varios horizontes situados entre 2023 y 2050 para que se empiece a notar el efecto de las medidas. Las modificaciones en el ordenamiento jurídico que plantea supondrán un auténtico vuelco no solo para la administración, que según Ribera tendrá que dar ejemplo y hacer que toda su acción coincida con este plan. Quienes tendrán que leerse muy bien la normativa serán las empresas que estén dentro de los sectores que más CO2 emiten a la atmósfera y las ciudades con más de 50.00 habitantes.

Las más afectadas serán las firmas que tengan como actividad algo relacionado con la extracción de combustibles fósiles. La ley establecerá un plazo de dos años para elaborar un calendario y un estudio de las inversiones del sector público en las compañías de este tipo. El fin no es otro que forzar a que toda la administración que tenga relación mercantil con dichas compañías deje de tener participaciones o instrumentos financieros en las mismas. Tampoco se podrán realizar exploraciones de hidrocarburos en tierra o mar desde su entrada en vigor, con una mención expresa al 'fracking'. Además, si alguna empresa tiene prórrogas concedidas para desarrollar su actividad, estas no podrán superar el 31 de diciembre de 2042. 

Más prisa tendrán que darse las ciudades con poblaciones superiores a los 50.000 habitantes. Todas ellas tendrán hasta 2023 para sacar adelante planes que contemplen zonas de bajas emisiones en sus términos municipales. Es decir, se verán obligadas a hacer sus propios 'Madrid Central', lo que afectará a más de 140 y a sus alcaldías correspondientes. Dichos planes conllevarán además reformas que transformen las calles para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transportes no contaminantes. Lo que supone además que se avance en la electrificación de los servicios públicos como los del autobús. La contrapartida por parte del Ejecutivo para ayudar a que cumplan los objetivos de emisiones será apostar desde el Estado por la compra de vehículos eléctricos.

El ámbito financiero también se verá afectado por esta gran reforma. Todas las entidades y sociedades deberán presentar informes anuales que recojan el impacto financiero que tiene el cambio climático sobre su labor por estar expuestas al mismo. La CNMV será otro de los organismos que deberán implicarse para que la norma salga adelante. Lo tendrá que hacer a través de la elaboración de documentos bianuales en colaboración con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los que se evaluarán los riesgos para la economía española por el mismo problema. Estos se acompañarán de sugerencias que puedan ayudar a que se minimicen esos escollos.

A esto se suman otros cambios para rebajar el impacto del cambio climático, de los que Ribera ha destacado por encima de todos la apuesta por la emisión de bonos verdes desde el Tesoro. Unos títulos de deuda pública que ya estaba previsto que arrancaran este año, y con los que se intentaría atraer a los inversores con el compromiso de que estarían ayudando a financiar proyectos sostenibles. En esta categoría es donde entran las iniciativas relacionadas con energías renovables. 

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