3, 10 o 17 de diciembre de 2023. Son las fechas que ya está empezando a contemplar Moncloa para la posible celebración de las próximas elecciones generales, según ha podido saber La Información. Pedro Sánchez tiene el propósito de completar la legislatura y de no adelantar los comicios hasta completar la campaña de vacunación con garantías y hasta aprovechar la transformación que debería traer aparejada el Plan de Recuperación y los fondos europeos. Hasta 80.000 millones llegarían de Bruselas antes de que los españoles voten de nuevo para elegir al futuro presidente del Gobierno. El calendario con el que se está trabajando en la cúpula del Gobierno, por tanto, contempla un escenario a largo plazo.
Sánchez es el único que puede apretar el "botón nuclear" y convocar elecciones pero las intenciones no son esas: votar dentro de treinta y un meses. Es el tiempo que transcurre entre el actual mes de mayo y diciembre de 2023, cuando Moncloa está ya poniendo la vista. Es decir, las generales se celebrarían apenas seis meses después de las autonómicas y municipales de mayo de ese año. Son escenarios pensados al más alto nivel y que se empiezan a reflejar en las estrategias que van a desplegar en la coalición, tanto PSOE como Unidas Podemos. El presidente y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ya despachan en Moncloa para preparar una nueva etapa y tienen sobre la mesa este calendario.
La intención de Sánchez de convocar elecciones el 3, 10 o 17 de diciembre de 2023 no alterna los planes para la Presidencia española de turno de la Unión Europea. El 1 de julio de ese año y hasta el 31 de diciembre el Gobierno de coalición tomará las riendas del Consejo, tal y como le corresponde de forma rotatoria, y ese será el epílogo de la legislatura. El Gobierno es perfectamente consciente de que puede convocar elecciones durante esa Presidencia. Sería, además, en las últimas semanas, por lo que completaría el mandato estando unos días en funciones. Es más, algunos países lo van a hacer. Francia, por ejemplo, donde las elecciones coinciden con la Presidencia que ejercerá Emmanuel Macron en el primer trimestre de 2022.
Moncloa piensa en unas generales apenas seis meses después de las autonómicas y municipales de mayo de 2023
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General marca que entre el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de nuevas elecciones han de pasar 54 días. Por tanto, para que las elecciones se celebren el diciembre el texto legal sancionado por el Rey debería entrar en vigor en octubre. Todo este calendario está siendo manejado por Sánchez y su equipo, del que forma parte también la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que dirige José Antonio Montilla.
La contundente derrota, admitida por el propia Sánchez, en las elecciones de Madrid de hace una semana no ha alterado los planes de Moncloa. Al revés, puede hasta haberlos aclarado. Antes de enfrentarse en las urnas el Gobierno ya venía transmitiendo que no contemplaba disolver las cámaras y convocar comicios. "Ya le digo yo -dijo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo- que después de la dificultad que hemos tenido para tener unos Presupuestos Generales, de la recepción de los fondos europeos y del Plan de Recuperación, en el que hemos estado trabajando seis meses sin parar, que la legislatura llega a 2023".
Misma sensación hay en Unidas Podemos, socio del PSOE inmerso en una nueva era tras el adiós de Pablo Iglesias de la política activa. Yolanda Díaz aún tiene que decidir si quiere ser la candidata morada a la Presidencia del Gobierno y la ministra Ione Belarra, si acaba ganando las primarias, tendrá que configurar su propio equipo. El post-iglesismo, por tanto, necesita tiempo para configurar su proyecto y Sánchez se lo va a dar. La propia Díaz aseguraba este lunes que ella y el presidente van a "cuidar" la coalición y que el Gobierno agotará la legislatura. Ayer se veía con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para mantener engrasada la relación con los socios de PGE.
Teniendo en cuenta este calendario electoral, el Gobierno se encuentra ahora centrado en cerrar las diferentes reformas comprometidas con Bruselas y su calendario. Moncloa va a intentar acompasar ambos aspectos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio un paso en este sentido aclarando que la reforma fiscal que saldrá inspirada de los trabajos del comité de expertos podría retrasarse más allá de 2023 si la recuperación de la economía no es lo vigorosa que el Ejecutivo espera. En esa reforma se contempla cambios en figuras tributarias como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Sociedades, el IVA e incluso el Impuesto de Patrimonio. No activar los cambios antes de que acabe 2023 haría que la coalición incumpliera su pacto de Gobierno.
La coalición ya está preparándose para una nueva etapa y empezando a ejecutar giros que hasta ahora no eran posibles. El Covid se empieza a dar por superado, con cierta prudencia, para dar paso a un día a día político diferentes, explican fuentes gubernamentales. "La legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora", verbalizó este martes la propia Díaz.
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