Jueves, 21.03.2019 - 11:44 h
El Gobierno se salta el diálogo social

Sánchez ignora a CEOE e impone su baza electoral feminista a una semana del 8M

El último Consejo de Ministros en plenas funciones aprueba por decreto las auditorías salariales que rechazan los empresarios por sus elevados costes.

Sánchez carrera feminista
El presidente, durante una carrera para fomentar la conciliación familiar. / Moncloa

Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones y, para ello, ha priorizado en su agenda a un importante caladero de votos: las mujeres y los hombres feministas, es decir, quienes se posicionan a favor de la igualdad entre ambos sexos. Conscientes de la relevancia de este movimiento y a apenas una semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de medidas en favor de la igualdad laboral que, entre otras cuestiones, impone auditorías salariales en las empresas, una vía para acabar con la lacra de la brecha retributiva de género que no cuenta con la aprobación de la patronal por considerar que eleva los costes y merma la competitividad de las compañías.

Para ello, el Ejecutivo se ha saltado el diálogo social. Fuentes conocedoras de las negociaciones que se han mantenido hasta la noche de este jueves revelan a La Información que, por supuesto, el asunto de la igualdad laboral lleva meses sobre la mesa en la que se sientan las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, pero "no se había llegado a ningún acuerdo ni existía un documento concreto". Por eso, en algunos sectores empresariales no ha sentado nada bien que el Consejo de Ministros imponga por decreto cambios normativos en este sentido. 

Las mismas fuentes explican que las medidas aprobadas este viernes se han acelerado directamente desde Presidencia con la vista puesta en la jornada del 8-M, y más allá, en la cita con las urnas del 28-A. Como secretario general del PSOE, Sánchez ha remitido una carta a la militancia en la que manifiesta su compromiso con el movimiento feminista y con el "espíritu del 8 de marzo" y asegura que la igualdad "será, sin duda, una absoluta prioridad cuando, a partir del 28 de abril, retomemos el trabajo desde una mayoría sólida si contamos con la confianza y el voto de millones de mujeres y hombres". Desde el Gobierno, la campaña ya ha empezado en las redes sociales y todos los ministerios, hasta La Moncloa, se han teñido de morado en Twitter y han abanderado el hashtag #TiempodeMujeres. 

No es casual que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado esta semana, recoja un paquete de preguntas específico en torno a las manifestaciones del 8 de marzo y la actuación política en materia de igualdad. Los resultados sitúan al PSOE en una clara ventaja respecto al resto de partidos, pues el 28% de los encuestados cree que los socialistas son los que están "haciendo más por la igualdad de las mujeres en estos momentos", mientras el PP aparece como el partido que más entorpece las políticas de igualdad (25%).

Queda claro que la política feminista da y quita votos. En estas elecciones más que nunca. El movimiento está en plena ebullición y el surgimiento de Vox ha caldeado el debate en torno a cuestiones como la violencia machista. Tampoco han pasado desapercibidas las polémicas declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto: "Es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro", dijo el líder del PP.

El PSOE y el Gobierno se desmarcan absolutamente de esta línea con iniciativas como las que han aprobado este viernes para avanzar en la igualdad laboral. Pero Sánchez "está cometiendo el error de manejar la expectativa pública en clave política y electoral". Así lo consideran fuentes de la patronal que cuestionan el 'modus operandi' del presidente para poner en marcha este plan de choque: "No tiene sentido aprobar un Real Decreto Ley cuando las Cortes se disolverán el martes y será la Diputación Permanente la que decida sobre cuestiones que no se han acordado en el diálogo social", se quejan los empresarios.

Cierto es que esta semana se han sucedido los contactos entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para recopilar aportaciones, pero la CEOE rechaza hacer suyo el documento que vio la luz en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cámaras. Lo que ha conseguido la patronal, aseguran desde dentro, es "acotar los daños". Los empresarios acordaron en una agitada reunión el pasado jueves exprimir al máximo su poder en la negociación para mitigar algunas medidas que consideran perjudiciales para las empresas.

Y a eso se han dedicado esta semana. La representación de la CEOE en la mesa de negociación ha conseguido rebajar las condiciones del tamaño empresarial para no afectar a las más pequeñas. Según figuraba en el borrador anterior a la reunión del lunes, al que ha tenido acceso este diario, el Gobierno pretendía imponer los planes de igualdad, incluidas las auditorías salariales, en empresas de más de 50 trabajadores. Un nivel de "difícil aplicación" a ojos de la patronal, que ha logrado la introducción de un plazo temporal para su aplicación. Se darán tres años para aplicar los planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores y un tiempo menor, de solo un año, para las de más de 250 trabajadores.

Además, de arrancar esta implantación gradual, los empresarios han logrado que estas auditorías se remitan a la negociación colectiva, según revelan fuentes presentes en las conversaciones de última hora que consideran que, de esta manera, esas herramientas "no han quedado demasiado concretadas en la norma y queda en el aire el papel sindical".

Pero no solo eso.  Al sector empresarial tampoco le convence la medida estrella del Real Decreto Ley, los permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y retribuidos. Por un lado, porque "plantean un problema de gasto para la Seguridad Social". Hay que recordar que la equiparación total supone casi 1.300 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Y, por otro, "porque podría suponer un freno a la contratación de hombres y mujeres en edades fértiles, entre 25 y 38 años, que son clave para el mercado laboral". Finalmente, el Gobierno va a aplicar una equiparación progresiva: el permiso de paternidad pasará a ocho semanas al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); a 12 semanas en 2020 y a 16 en 2021. 

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