La clara victoria del PSOE en las elecciones del 28 de abril tendrá sus consecuencias en la economía. Los socialistas encaran la legislatura con posibilidades infinitamente mayores de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que provocaron la caída de Pedro Sánchez y el adelanto electoral. No es lo mismo gobernar con 84 diputados que hacerlo con 123. Y no es lo mismo tener que depender de las formaciones independentistas catalanas que poder prescindir de ellas a partir de ahora, aunque sea por la mínima. Se avecinan cambios y decisiones de calado en el terreno de los números.
Los socialistas ya han dejado claro que una de sus primeras medidas si Sánchez consigue la investidura es aprobar esos PGE que fueron el embrión de los 'viernes sociales'. Eran unas cuentas pactadas con Unidas Podemos, cuya suma ahora pondrá a ambas formaciones (confluencias incluidas) en los 165 diputados, a solo diez de lograr los 175 necesarios para aprobar unos Presupuestos por la táctica del triple empate. Si la investidura es rápida, por tanto, al sanchismo le dará tiempo a tener sus cuentas listas incluso antes de que finalice el año.
Sánchez también ha logrado una mayoría absoluta en el Senado que le permitirá aprobar el techo de gasto y poder salvar los problemas que tuvo el Gobierno durante la pasada legislatura con una Cámara Alta controlada por el PP. Todo invita a pensar que los socialistas reformarán la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera como ya plantearon en una Proposición de Ley. Pero, de primeras, ya tienen a su favor una mayoría para configurar sus propios números pactados con Bruselas de cara a unos nuevos Presupuestos
El pacto postelectoral deseado por la gran empresa en general y por los grandes del Ibex 35 en particular apunta a una coalición entre PSOE y Cs. Son los dos partidos de centro que, en este momento, más convencen a los poderes económicos del país. De hecho, en los despachos más importantes de estas compañías se temían dos cosas especialmente: que el PSOE pudiera depender de los independentistas para gobernar y una fuerte irrupción de Vox que complicara la legislatura. Ninguna de las dos circunstancias se han dado, por lo que ahora el objetivo es que los socialistas sigan moderados y no se echen en brazos de radicalismos.
No lo van a tener fácil con Unidas Podemos. Pablo Iglesias ya ha pedido entrar en el Gobierno en su primera comparecencia y eso es lo que más preocupa a los empresarios. La formación morada lleva en su programa un impuesto específico a las entidades financieras, quiere crear un banco público, ha declarado la guerra a las eléctricas... y pretende aumentar el gasto público. Sin embargo, el peso de Iglesias en la toma de decisiones debería ser mínimo, ya que Sánchez ha conseguido más de tres veces más en escaños.
El propio Sánchez no ha querido mojarse en posibles coaliciones, aunque los suyos le han pedido "con Rivera no". Lo que sí ha dicho es que el PSOE no pondrá un cordón sanitario a ningún partido, lo que abre la puerta a pactos tanto a izquierdas como a derechas. Es lo mismo que ha pasado con los 'viernes sociales', ya que Sánchez ha conseguido aprobar algunos reales decretos-ley con el apoyo de Ciudadanos o de los independentistas sin ningún problema.
En materia laboral las prioridades de Sánchez están claras: derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Los socialistas no tendrán muchos problemas para hacerlo, lo que vaticina ya un duro enfrentamiento con la CEOE. También se avecinan nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como ha prometido el ya ganador de las elecciones durante la campaña.
El PSOE también plantea una reforma de la financiación autonómica, algo que dependerá de cómo queden configurados los diferentes gobiernos tras el 26-M. El impuesto al diésel y el de las transacciones financieras podrían ser dos de las tasas que se impulsen con urgencia en esta nueva legislatura una vez que los socialistas han consolidado su proyecto. Y, asimismo, queda pendiente conocer los planes para transformar el sistema de Seguridad Social y abordar el futuro del sistema de pensiones en un Pacto de Toledo que estará configurado en torno a nuevas fuerzas a partir de este lunes.
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