De todas las reuniones que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus ministros están manteniendo con distintos actores de la sociedad civil sólo una se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa: la de ayer jueves con los representantes del diálogo social, UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Desde el Gobierno se explica el gesto por la relevancia singular que la Constitución otorga a los agentes sociales, pero fuentes de las organizaciones presentes en el encuentro comparten la sensación de que el presidente en funciones quería algo más: escenificar la autoridad del actual Gobierno, encarnada en él mismo y en su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre el diálogo social y su compromiso con las reformas a abordar a futuro en el ámbito laboral.
"Si algo nos ha quedado claro", asegura una de estas fuentes, "es que el presidente del Gobierno va a poner todos los obstáculos que pueda a un Gobierno de coalición con Podemos y que no está dispuesto a ceder ninguna cartera ministerial". Las centrales sindicales comparten la impresión de que "no hubiera pasado nada" si Sánchez hubiera accedido a la postrera petición de Pablo Iglesias de asumir las competencias en materia de políticas activas de empleo, y tras la reunión de este jueves también la sensación de que esa cesión no va a tener lugar.
"Lo que nos ha trasladado el Gobierno es que si hay una nueva negociación con Unidas Podemos, ésta empezará de cero", trasladan desde los sindicatos, cuyas declaraciones públicas tras la reunión coincidieron en urgir a Sánchez y Unidas Podemos inicien una nueva ronda de contactos, pero esta vez centrada en cuestiones programáticas y no en un eventual reparto de competencias dentro del Gobierno. Es más, las fuentes consultadas trasladan que su sensación es que el Ejecutivo está ahora menos dispuesto que hace unas semanas a dar entrada en el Gobierno a miembros de Podemos o cercanos a Podemos.
La breve comparecencia de Magdalena Valerio tras el encuentro con sindicatos y empresarios incidió de forma significativa en la agenda de reformas pendientes en el ámbito laboral y en el compromiso del Gobierno socialista para sacarlas adelante, con especial hincapié en el tema de las pensiones que aprovechó para lanzar un dardo a Podemos. "El compromiso del Gobierno es claro para que las pensiones no se revaloricen un 0,25%, sino para que lo hagan conforme al IPC previsto y con una cláusula por si el IPC real se sitúa a final de año por encima del previsto. Es una pena, porque teníamos un preacuerdo de todas las fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo que habría permitido tener una recomendación al respecto y fijar el IPC como referencia en la ley, pero me duele decir que fue precisamente Podemos el que se desmarcó del mismo".
La ministra de Trabajo en funciones apuntó una táctica que ya empleara su antecesora en el cargo, Fátima Báñez, cuando la mayoría parlamentaria del PP no le permitió sacar adelante sus iniciativas en materia laboral por mayoría absoluta: el empoderamiento del diálogo social. Fue la única, de hecho, que interpretó la reunión de este jueves como una reapertura del diálogo con los agentes sociales de cara a la próxima temporada política y no como un contacto institucional para analizar la actual situación de bloqueo político. También fue la única que incidió en la agenda de asuntos pendientes a afrontar en los próximos meses: formación, precariedad en el empleo, reforma de las pensiones y también reajuste de algunos aspectos implantados en la normativa laboral en la reforma del PP de 2012, que se comprometió a retocar en cuanto hubiera un Gobierno estable.
Los sindicatos también hablaron de esos asuntos, pero sólo para recordar los perjuicios de no contar con un Gobierno cerca de tres meses después de las elecciones generales del 26-M, en ningún caso como una agenda de temas a abordar en el diálogo social en los próximos meses.
"No vamos a permitir que se nos instrumentalice para legitimar una determinada estrategia política", advierten desde los sindicatos. "Creemos que las urnas arrojaron unos resultados que permiten la configuración de un Gobierno progresista y no aprovechar esa oportunidad sería una irresponsabilidad. A nosotros no nos importa cómo se configure el Gobierno, eso queda para la negociación política, pero sí creemos exigible un acuerdo programático que permite recuperar los derechos que los trabajadores han perdido en los últimos años".
Unai Sordo y Pepe Álvarez admitieron en público tras la reunión con Pedro Sánchez que ir a unas nuevas elecciones sería "frustrante" y que no contemplan que se llegue a ese escenario. Fuera de micrófonos no dudan en emplear términos más duros como "profunda irresponsabilidad" o "error imperdonable" y admiten también que el riesgo de que el equipo de Pedro Sánchez quiera conducir la situación hacia unas nuevas elecciones está cada vez más latente.
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