Proponer a la Comisión Europea un tope al gas en la Península Ibérica de 30 euros/MWh no significa que ese vaya a ser el límite final. El Gobierno español, de la mano del portugués, ha decidido plantear un rango bajo ante la posibilidad que las autoridades comunitarias, presionadas por ejecutivos como Alemania y Países Bajos, que ya pusieron en riesgo ese litación en el Consejo Europeo de la pasada semana y que obligaron a Pedro Sánchez a tener que abandonar la reunión, puedan elevar la cifra y acercarla más al entorno de los 50€/MWh. Un tope que en Moncloa asumen que sería incluso correcto para intentar moderar la inflación.
El límite propuesto no es improvisado. Hay una estrategia detrás. Los 30 euros surgieron en la negociación interna que tuvo la coalición a lo largo de esta semana. A un lado del teléfono, Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía. Al otro, Nacho Álvarez, de Derechos Sociales. Siempre tutelados por sus ministras, Teresa Ribera y Ione Belarra. Unidas Podemos planteó inicialmente los citados 30 euros/MWh y Nadia Calviño se molestó por hacer pública la cifra. En Transición Ecológica y en Moncloa, por su parte, hicieron circular la cifra de 50 euros/MWh. El lunes y martes ese umbral era considerado como válido para conseguir moderar la escalada de los precios. Se trasladó el tope a Portugal, que no puso pegas.
El Gobierno asume, por tanto, que a partir de ahora se abre una intensa negociación. Un tira y afloja que, con probabilidad -dicen-, terminará elevando los 30 euros/MWh. Ribera reconoció este jueves en León, de hecho, que la cifra enviada a Bruselas es inicial. "Todavía no hemos hecho más que empezar el trabajo con la Comisión, así que yo pediría tranquilidad y paciencia". "Hemos propuesto el precio más barato del gas al que entendemos debería producirse ese ajuste, 30€/MWh, pero es uno de los elementos técnicos de la propuesta que tenemos que discutir con la Comisión Europea", añadió.
Transición Ecológica, en colaboración con el Ministerio de Economía, consideran que la propuesta enviada "responde a las líneas maestras que habíamos trabajado con antelación, como introducir un sistema de doble casación, una en frontera para que las exportaciones de electricidad sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste, y una segunda casación, donde se introduce el ajuste y el pago por encima del coste del gas es asignado automáticamente en ese margen que queda de tecnologías mucho más baratas hasta el precio que ha sido retribuido el gas a primera instancia", explicó Ribera.
El objetivo de la estrategia gubernamental es rebajar al máximo la factura final. De hecho, un precio de la luz en el entorno de los 100 euros el megavatio hora ya era un nivel razonable para el sector energético, a sabiendas de que ese coste máximo del recibo eléctrico supone dejar el gas en 40 euros o menos. La opción de poner el tope para España y Portugal en 30 euros ofrece, por tanto, un margen para negociar, si bien es cierto que en este tipo de procesos entre Estados y la UE no se cuenta con regateos a posteriori, sino que se entiende que las cosas se han negociado o tanteado con antelación. El Gobierno español da a entender, sin embargo, que no ha habido un consenso previo y que a partir de ahora se inicia el proceso.
En el caso de España y la ministra Teresa Ribera, que siempre va a intentar apurar al máximo para bajar el precio de la electricidad, es entendible que se haya puesto ese nivel tan bajo y que se prepare ahora para defenderlo ante las autoridades comunitarias. Sobre todo porque está acorde con la idea de topar en 67 euros el megavatio hora para los contratos bilaterales a largo plazo, tal y como se anunció esta misma semana tras el Consejo de Ministros que aprobó el plan de choque para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
En cualquier caso, fuentes empresariales advierten que limitar el precio de la luz por debajo de los 70 euros, como se plantea ahora, es dejar la factura en el plazo de un mes todavía un 50% más cara que la que el precio medio que había en España "antes de que se desatara esta locura, por más que pensemos que, después de pagarlo a más de 300, pueda ser asumible". Lo que preocupa en las empresas de generación eléctrica es el tajo que ese nivel tan bajo supone para los llamados 'beneficios caídos del cielo' y la necesidad de articular algún sistema que les compense ese desequilibrio, si bien para saberlo habrá que esperar a conocer la letra pequeña del decreto que, dentro de tres o cuatro semanas, quede definitivamente aprobado. El Gobierno no ha concretado aún quién abonará esa compensación.
El tejido empresarial advierte, además, que se trata de una opción temporal. España y Portugal han propuesto llevarla hasta diciembre, un periodo de tiempo que también Bruselas podría acabar acotando. Sería, en cualquier caso, un periodo de difícil renovación, a no ser que en este periodo de vigencia se demuestre su eficacia y no se note ningún efecto pernicioso en el funcionamiento del mercado europeo en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania.
En la negociación que ahora se abre, habrá que tener en cuenta que tal vez habrá que volver a fajarse y a defender los intereses españoles en Bruselas a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza las medidas extraordinarias aprobadas esta semana por el Gobierno. Es una incógnita saber el estado de la situación económica en ese momento.
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