El Gobierno de Sánchez ha anunciado tras su primer Consejo de Ministros que ha querido tener un "gesto" con la Generalitat de Cataluña y que como "medida de normalización" ha levantado la intervención de las cuentas públicas del Govern. En realidad, el departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que dirige Pere Aragonés había recuperado cinco días antes, el lunes, el control de las finanzas de la región. En las fuerzas independentistas aseguran que en realidad no ha habido ningún favor del nuevo Ejecutivo y que todo estaba incluido en el artículo 155 que aprobaron PP y PSOE en el Senado. Ha sido el primer 'patinazo' del nuevo Consejo de Ministros con una anuncio que no era tal.
El lunes día 4 de junio, la Generalitat recuperaba 'de facto' (formalmente ya lo había hecho el sábado) el control de sus finanzas públicas. De hecho, el número dos de Quim Torra emitió un comunicado anunciando que "a partir de hoy volvemos a poner en marcha el departamento de Economía y Hacienda después de los meses de intervención por el artículo 155". La consejería catalana decía así adiós a la supervisión del Ministerio de Hacienda: "Volvemos a la normalidad, al buen funcionamiento de los servicios públicos, a reducir las cargas burocráticas derivadas del 155 y, por tanto, nos ponemos en marcha", explicó el propio Aragonés, que ese lunes tomaba el mando de una cartera que antes dirigió Oriol Junqueras.
Efectivamente, el levantamiento automático de la intervención financiera es una consecuencia directa de la formación del Gobierno catalán. El 15 de septiembre, el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro publicó la orden HPF/878/2017 en el que especificaba las medidas contenidas en esta intervención. El 22 de diciembre de 2017, a través de la orden HPF/1821/2017, Hacienda integraba estas decisiones dentro del 155. Por tanto, al decaer el artículo 155 al inicio de semana se ponía fin a todas las disposiciones de control.
A pesar de que todo estaba contemplado en el 155 y que la supervisión financiera ya había decaído, el que más tarde sería nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró el mismo lunes que las cuentas de la Generalitat seguían intervenidas. Sus palabras se conocieron prácticamente a la vez que las de Aragonés, que decían lo contrario. Cinco días más tarde, este viernes, fue cuando la portavoz Celaá informó de que el renovado Ministerio de Hacienda había dado "instrucciones a los bancos para abordar pagos sin necesidad de supervisión" del Estado. Un supuesto gesto que copó titulares, pero que no era tal.
De hecho, en la relación de asuntos que se distribuyó el jueves por la tarde entre los ministerios no figuraba el estudio de ningún asunto relacionado con Cataluña para el primer Consejo de Ministros del Gobierno Sánchez.
Ya el mismo viernes, y ante la polémica suscitada, Moncloa emitió un comunicado en el que aseguraba que "el Ministerio de Hacienda ha culminado el levantamiento de los controles previos sobre los pagos de la Generalitat de Cataluña vinculados al artículo 155". En concreto, insistía en que "el último de estos procedimientos consistía en la comunicación a las entidades financieras, previo informe de la Abogacía del Estado, de la eliminación del control ex ante sobre los pagos ordenados por la Generalitat de Cataluña".
No obstante, y a pesar del embrollo, el Gobierno central sí continúa sometiendo a la Generalitat a un mecanismo reforzado de control sobre el gasto de Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
El Estado seguirá controlando en qué gasta Cataluña
A efectos prácticos, la situación a día de hoy en Cataluña es la misma que se estaría dando si no hubiese prosperado la moción de censura y continuara gobernando Mariano Rajoy. El control previo sobre la totalidad de los gastos de la Generalitat decayó en el momento en que se constituyó el nuevo ejecutivo catalán liderado por Quim Torra y el mantenimiento del control reforzado a posteriori sobre los gastos de Cataluña es el mismo vigente desde 2015. Así lo pactaron Sánchez y Rajoy en su última reunión en Moncloa el pasado 15 de mayo y así se concretó en una reunión interna del Ministerio de Hacienda el miércoles anterior a la moción de censura.
Y esta situación es que el Estado ha dejado de retener los anticipos a cuenta que le corresponden a Cataluña en virtud del sistema de financiación, de modo que es la Generalitat la que gestiona esos recursos y no el Estado el que los libera después de chequear el destino de los mismos; que la Intervención de la Generalitat ya no debe emitir certificados para acreditar legalmente que los gastos en que incurre el Govern no van a financiar actividades ilegales; y que los órganos de contratación de la Generalitat ya no tienen que emitir una Declaración Responsable cada vez que quieren contratar un servicio o proveerse de algún bien de uso cotidiano o puntual.
Pero Cataluña aún no ha recuperado el estatus de normalidad que rige en el resto de comunidades autónomas. El perímetro de políticas a las que puede destinar los fondos recibidos del Estado a cuenta del sistema de financiación autonómica continúa estando más restringido, para evitar que se destinen a actividades potencialmente irregulares; y la Intervención seguirá teniendo que enviar a Hacienda un certificado mensual con el destino de los fondos recibidos, según el esquema de control reforzado que estableció Cristóbal Montoro en el mes de noviembre de 2015.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios