El Gobierno se niega a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2012 y poder sortear así en el Congreso el veto permanente del PP en el Senado. Fuentes de Moncloa explican a La Información que no va a haber modificación durante esta legislatura de una normativa que incide negativamente en los planes presupuestarios de Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El nuevo PP de Pablo Casado tendrá a su disposición, por tanto, la llave que permite a su partido tumbar una y otra vez el déficit que plantee el Gobierno socialista para los próximos años.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge en su artículo 15.6 que los objetivos de estabilidad y de deuda pública deben tener el visto bueno de las Cortes Generales: "En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno". De esta forma, el PP, que goza con mayoría absoluta en la Cámara Alta, va a complicar hasta las próximas elecciones generales todas las iniciativas del Gobierno para conseguir sacar adelante tanto el techo de gasto como la senda del déficit. Casado ya ha advertido que su política económica es radicalmente opuesta a la de Sánchez.
El Ejecutivo de Sánchez ha estudiado, eso sí, cómo poder sortear el citado artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad y establecer una mecánica similar a la de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que sea el Congreso en segunda ronda quien, si el Senado rechaza la propuesta aprobada en primera instancia por la Cámara Baja, pueda salvar ese veto que el PP va a imprimir permanentemente gracias a sus 147 senadores.
Diferentes grupos parlamentarios también han presionado al Gobierno para que proceda a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en este sentido. Lo ha hecho Unidos Podemos, que registró el pasado mes de marzo una proposición de ley que actualmente se encuentra en fase de enmiendas. Y también lo han hecho las dos formaciones independentistas catalanas. Según explican fuentes de ERC y del PDeCAT, en las conversaciones que han mantenido con el Ejecutivo socialista les han transmitido su disposición a modificar esta ley orgánica, la segunda más importante en materia económica por detrás de la de Presupuestos. Incluso, estas formaciones se han mostrado partidarias de apoyar el techo de gasto y la senda de déficit si se produjera dicha reforma legal.
El artículo 81 de la Constitución dispone, por su parte, que "la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto". Es decir, el Gobierno podría apelar a este artículo constitucional para poder plantear una reforma que también le ha pedido este mismo jueves el vicepresidente catalán Pere Aragonès. El número dos de la Generalitat apostó por "quitar al PP la llave de paso sobre el déficit en el Senado".
Sin embargo, en Moncloa son contundentes y consideran que "no es el momento" de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta decisión va a llevar inevitablemente al Gobierno a tener que plantear a finales de agosto en el Congreso "un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", según se contempla en el citado artículo 15.6. Hacienda tiene previsto presentar las mismas cifras que pactó el Ejecutivo con Bruselas, de forma que, previsiblemente, Sánchez volverá a fracasar y tendrá que configurar sus primeros Presupuestos con los datos que le dejaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro.
Fuentes de Hacienda restan importancia a la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno ante su principal reto económico en las Cortes. "Apenas tendrá efectos sobre la Administración General del Estado, solo una décima", aseguran desde el Ministerio de María Jesús Montero. El equipo de la ministra no ha tomado vacaciones en este mes de agosto y sigue cortejando a Unidos Podemos, ERC y PDeCAT con el objetivo de que voten 'sí' en el Congreso en el pleno que se celebrará en unas semanas. El 'sí' del PNV ya está garantizado.
El escenario que se le plantea al Gobierno en materia económica va a condicionar los Presupuestos Generales de 2019 no solo del Ejecutivo central sino de las comunidades autónomas. Ya se están produciendo protestas de algunas autonomías, como Cataluña. El propio vicepresidente Aragonès ha denunciado que el límite de déficit para 2019, que es del 0,1% del PIB, resulta "insuficiente" para ellos. Ha reclamado una mayor flexibilización, en línea con la propuesta del Gobierno central pactada con Bruselas que lo situaba en el 0,3% (los independentistas catalanes, por cierto, votaron 'no' a una cifra que ahora reclama la Generalitat).
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