El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso ensalzar este sábado como un gesto de “normalidad” y de respeto entre las instituciones la coincidencia del jefe del Estado, del Ejecutivo y del presidente de la Generalitat en un mismo acto.
En el marco de esta normalidad, Sánchez situó “los recursos de inconstitucionalidad que se han puesto encima de la mesa como consecuencia de leyes que fueron aprobadas por el Parlamento de Cataluña y que pueden ser examinadas perfectamente por el Gobierno de España en el marco de un diálogo bilateral que se tiene que producir inevitablemente entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España”.
Así lo dijo en la rueda de prensa conjunta que ofreció en París junto al presidente de la Republica de Francia, Emmanuel Macron, en su primera visita extranjera como presidente del Gobierno. “Creo que es importante, en las relaciones que debe tener el Gobierno de España con un gobierno de una comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, el normalizar las relaciones institucionales”, dijo Sánchez cuando se le preguntó por si las palabras que pudo cruzarse con Torra han ayudado y cómo a normalizar la relación.
“El hecho mismo de que se produzca ese diálogo y que parezca que sea una noticia, ya demuestra la anormalidad de una realidad política que nos ha llevado a una quiebra de confianza, de lealtad, que tiene que ser reconstruida”, añadió. Así, Sánchez dejó claro que “en el ánimo del Gobierno de España está el de normalizar las relaciones institucionales con el Gobierno de Cataluña y en empezar a caminar para resolver muchos de los problemas, que son políticos, pero que afectan sobre todo y especialmente a los ciudadanos de Cataluña, y que tiene que ver con las infraestructuras, con recursos de inconstitucionalidad que se han puesto encima de la mesa como consecuencia de leyes que fueron aprobadas por el Parlamento de Cataluña y que pueden ser examinas perfectamente por el Gobierno de España en el marco de un diálogo bilateral que se tiene que producir inevitablemente entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España”.
En este sentido, Sánchez apuntó que “ese es el ánimo con el que va a actuar el Gobierno siendo conscientes de que estamos ante una crisis de confianza que tiene que ser restablecida y que no se va a restablecer en cuestión de horas ni de semanas, pero en algún momento dado, tenemos que volver ese inicio para comenzar a reconstruir esos niveles de confianza quebrados” por todo lo ocurrido durante los últimos meses ante el desafío soberanista en Cataluña.
Además, el presidente Sánchez señaló que el “el hecho no solamente de que se produjera el diálogo ayer, la conversación, sino que el jefe del Estado, el Gobierno de España, el Govern de la Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona estuviéramos representando la voluntad de un pueblo, el pueblo española, respecto a la celebración de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo”.
“Dice mucho, en realidad dice mucho más, que ese mero intercambio de palabras y de frases que pudimos tener el presidente de la Generalitat y yo mismo, y de la voluntad de todos por internar normalizar las relaciones y resolver y proyectar una imagen muy distinta de lo que es la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española”, apostilló Sánchez.
Durante el mandato de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo español el Gobierno presentó más de una decena de recursos contra leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña contra las leyes catalanas de voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña, preceptos de la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y la ley de la Agencia Catalana de Protección Social, y la ley de las asociaciones de consumidores de cannabis.
Así como contra la ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, varios preceptos de la ley de comercio, servicios y ferias o el artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalidad de Cataluña de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, y varios preceptos de la Ley del Cambio Climático; y la de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos y sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
También contra la ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, varios preceptos de la ley de comercio, servicios y ferias o el artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalidad de Cataluña de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, y varios preceptos de la Ley del Cambio Climático.
El pasado 5 de junio, tras el levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el TC acordó dar traslado a la Generalitat de Cataluña de los recursos inconstitucionalidad pendientes y presentados por el Gobierno Mariano Rajoy contra leyes catalanas, como la que permitiría la investidura a distancia del presidente autonómico, para que se puedan personar y formular alegaciones. Este trámite había quedado en suspenso por la aplicación del 155.
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