Experto en derecho penal económico

Sánchez-Junco, el abogado 'a medida' para salvar las cuentas del Rey emérito

Dejó la Fiscalía Anticorrupción hace veinte años y ha disparado su prestigio con la eclosión de casos sobre responsabilidad de los grandes directivos y sus empresas en cuestiones de blanqueo y delitos societarios.

Javier Sánchez-Junco, abogado del rey Juan Carlos.
Javier Sánchez-Junco, abogado del rey Juan Carlos.
FIDE

Hace casi dos décadas, al abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, te lo podías encontrar igual de profesor 'vigilante' en un examen de Derecho de la UNED, que como letrado de alto nivel de algunos de los implicados en los principales escándalos económicos del momento. Recién llegado al negocio de los servicios jurídicos desde el ámbito privado tras veinte años de carrera fiscal, uno de los primeros casos que le cayeron fue la defensa del banco británico HSBC en el caso Gescartera, una sociedad de valores y gestora de carteras que había “distraído” 120 millones de euros de más de 2000 inversores, con amplías implicaciones políticas. Sánchez-Junco venía de ser fiscal Anticorrupción cinco años, en los que destapó el llamado “saqueo de Marbella” en la época de Jesús Gil y estuvo en la instrucción del caso Banesto, que cerró con la petición de 49 años y medio de cárcel para Mario Conde. De esos menesteres públicos, pasó a ser el ‘salvador’ de la filial española del banco británico de una trama delictiva (apropiación indebida y falsedad documental) en la que se le acusaba de cooperación y posible encubrimiento.

Ahí empezaba (2001) una carrera en el sector privado con su propio despacho que ha crecido de la mano del fuerte desarrollo que ha tenido en España la litigación y el derecho penal económico (ya nadie lo llama Derecho Procesal Penal), con nuevas figuras jurídicas como el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las que se derivan nuevas versiones de delitos que no se conocían, como la administración desleal, la corrupción en los negocios o la ampliación del elenco de infracciones contra la Hacienda Pública. 

De una forma o de otra y tras pasar también por ‘el ojo que todo lo ve’ de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Javier Sánchez-Junco supo intuir que esa área de práctica podía ser un buen nicho de mercado en crecimiento. Ahora todos los grandes despachos de derecho de los negocios tienen su equipo especializado en litigación y delitos económicos y triunfan boutiques como la suya, capaces de convertirse en los abogados defensores de algunos de los grandes empresarios y banqueros del país por sus temas profesionales y hasta del Rey.

Quienes conocen a Javier Sánchez-Junco destacan sobre todo su gran preparación técnica en el ámbito de la responsabilidad penal empresarial, sin alineamientos políticos o de otro tipo que le distraigan de lo que de verdad ha sido su dedicación en los últimos veinte años: diseñar 'trajes jurídicos' a medida para sus clientes. “Puedes dar por seguro que el Rey está en unas buenísimas manos”, señalan, para advertir que la cláusula absolutoria por la que el letrado ha optado como defensa del posible delito fiscal del Emérito en el caso de las donaciones recibidas y el uso de tarjetas de crédito es, sobre el papel, el mejor camino legal de los posibles. Esa cláusula se hizo famosa en España en el caso Falciani, precisamente con el HSBC, después de que casi la mitad de los 659 contribuyentes supuestamente defraudadores que aparecieron en la famosa lista del banco, algunos de ellos grandes del Ibex, evitaran el delito fiscal tras regularizar su situación de motu propio.

Profesor a tiempo parcial

Sánchez-Junco, que cumplirá a finales de este mes 63 años, ha compaginado siempre su actividad profesional con la docencia. Estuvo más de 18 años como profesor de Derecho Penal en Icade y daba clases de Derecho Procesal en la UNED, si bien su actividad se centra ahora en los máster de acceso a la abogacía de la Universidad Carlos III y del ISDE, sobre todo en temas relacionados con el penal económico. La evolución del delito de blanqueo de capitales y su “expansión desbocada” ha sido una de sus obsesiones y es una de las áreas en las que centra muchas de sus disquisiciones académicas en las conferencias, libros e intervenciones que realiza, como las de la Fundación FIDE. 

Esa preparación es una de las claves que tendrá que manejar para defender los tres frentes abiertos en su defensa del Rey emérito: la regularización fiscal en marcha; la supuesta cuenta que descubrió el Sepblac en el paraíso fiscal de Jersey; y las posibles comisiones del AVE a La Meca. Fuentes cercanas al letrado y al caso aseguran que en el primero y el tercero de los procesos, la cuestión está encauzada, a la espera de los informes de la Fiscalía del Supremo que lo corroboren, si bien faltan datos para saber cuál es la implicación real de su cliente en la cuenta de Jersey.

En cualquier caso, la estrategia va a ser la misma: calidad técnica, confianza y confidencialidad a todos los niveles. Esas son las tres ‘C’ o claves en las que se fundamenta el trabajo de los despachos a medida, como el de Sánchez-Junco. Sólo así se llega a defender a empresarios como Ángel Corcóstegui en cuestiones como su indemnización profesional en el caso de las jubilaciones millonarias del BSCH, para el que logró su absolución por el Tribunal Supremo en 2006. O la defensa de Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, en los juicios por la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas ‘black’, donde el ejecutivo fue condenado a solo seis meses y no tuvo que ingresar en prisión.

Además del caso del Rey emérito, ahora representa también al exresponsable de Regulación y Control Normativo de BBVA, Eduardo Arbizu, en la pieza abierta sobre el banco en el macroproceso por el caso Villarejo. El directivo, que ahora ha fichado por el bufete Pérez Llorca, tuvo que salir de la entidad tras conocerse la imputación del banco como persona jurídica, una de las áreas en las que el equipo de Sánchez-Junco se ha especializado en los últimos años y que más polémica ha generado en el derecho de las empresas desde que se instaurase en el Código Penal, hace ahora una década. 

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