Domingo, 19.01.2020 - 17:57 h
La ministra será fiscal general del Estado

Sánchez ata Justicia con Delgado y Campo en pleno 'aquelarre' soberanista catalán

Propone a Delgado como jefa de los fiscales mientras sigue la causa del procés en el Supremo y a las puertas del juicio aTrapero.

El rey Felipe VI se saluda con Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al rey Felipe VI durante la jura de ministros de su nuevo gobierno / EFE

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha cerrado filas en plena deriva soberanista de Cataluña colocando a personas de su máxima confianza en los departamentos clave para el devenir de la causa política. En pleno debate por la 'desjudicialización' del conflicto catalán, el presidente del Gobierno ha decidido apoyarse en un experto en material judicial, Juan Carlos Campo, para dirigir el Ministerio de Justicia y volver a confiar a Dolores Delgado un cargo determinante como es el de fiscal General del Estado. El anuncio de este último movimiento, conocido esta misma mañana, ha generado un gran revuelo teniendo en cuenta que Delgado ha estado 18 meses al frente del departamento de Justicia.

De hecho, este ha sido el tema 'estrella' en el acto de posesión de Campo como nuevo ministro del ramo. En una abarrotada sala del Palacio de Parcent, el hasta ahora portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso ha agradecido a los presentes el apoyo y ha mostrado su intención de lograr un pacto de Estado por un nuevo modelo de Justicia. "El tradicional ya no existe", ha dicho el ya representante del Ministerio en un tono claramente conciliador y ante la presencia de numerosos representantes del mundo de la Justicia como magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, miembros del Consejo General de Procuradores, Abogacía y otros sectores de la Administración.

Sin embargo las miradas estaban puestas en la ministra saliente. Los asistentes (algunos de los cuáles han tenido que ver el acto en una pantalla de plasma desde otro salón del palacio) han seguido con especial atención su discurso tras conocerse a primera hora del día que Delgado es la opción del presidente del Gobierno para sustituir a María José Segarra. No obstante, la fiscal experta en terrorismo yihadista no ha hecho alusión alguna a su más que posible futuro cargo y se ha limitado a despedirse asegurando que llevan el "adn del servicio público" y que la Justicia es para ella una prioridad. 

Segarra, la otra gran protagonista

La escalada de los hechos acontecidos desde que el viernes se conociera que Delgado no seguirá al frente de Justicia ha hecho que este lunes Segarra se convirtiera en la otra gran protagonista del acto. La hasta ahora fiscal General del Estado ha sido uno de los rostros más buscados en la toma de posesión llegando a recibir muchísimas felicitaciones por su gestión. En conversaciones distendidas con la prensa, ha confesado que se tomará unos días de descanso pero tras el 'parón' volverá a la Fiscalía de Sevilla, de la que fue jefa entre los años 2004 y 2014, antes de trasladarse a Madrid. 

El hecho de que Delgado pase directamente de ejercer un cargo en el Gobierno a dirigir a los fiscales de España ha provocado la reacción de las asociaciones de fiscales que temen que este nuevo nombramiento perjudique la imagen de imparcialidad del Ministerio Público. Las reacciones no han sido unánimes puesto que si bien desde la Asociación de Magistrados Francisco de Vitoria se ha criticado el "insólito y lesivo" nombramiento de Delgado, desde la Unión Progresista de Fiscales se ha pedido "respeto" a la propuesta de Sánchez destacando su trayectoria en la Audiencia Nacional. "Confiamos en su independencia absoluta. (Ésta) deberá demostrarse también desvinculándose de cualquier adscripción asociativa", reza la UPF en una nota. 

Con todo, no es la primera vez que se produce un escenario similar. El jurista español Javier Moscoso pasó de ejercer el cargo de ministro de Presidencia bajo el Gobierno de Felipe González a recabar en la Fiscalía General del Estado en el año 1986. Sin embargo, el escenario actual es bien diferente ya que está claramente marcado por la deriva soberanista catalana puesto que, aunque el Tribunal Supremo ya sentenció a los 12 líderes condenados por sedición, todavía quedan flecos pendientes de esta causa: por un lado, el procesamiento a Carles Puigdemont y otros exconsellers (que el alto tribunal reclama para ser juzgados en España) y, por otro, el juicio contra Josep Lluis Trapero y los exjefes políticos de la policía catalana que acoge la Audiencia Nacional a partir del próximo día 20 de enero. 

El papel de la Abogacía

En ambos procedimientos será clave el papel que adopte el Ministerio Público, teniendo en cuenta que nunca ha cambiado de criterio en lo que respecta a la calificación jurídica de los hechos del 'procés'. Tanto es así que la Fiscalía del Tribunal Supremo siempre mantuvo que las actuaciones del Gobierno de Carles Puigemont fueron constitutivas de delito de rebelión, pese a que la Abogacía General del Estado sí suavizó su postura y acabó acusándoles por el delito de sedición tras la destitución de Edmundo Bal como representante de los servicios jurídicos del Gobierno justo antes de que arrancara la vista oral el pasado 14 de febrero.

De hecho, también ha sido muy cuestionada la postura de la Abogacía General del Estado en lo que respecta a su postura sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Su alegato acerca de que el líder de ERC gozaba de inmunidad al ser elegido candidato del Parlamento europeo chocó con la tesis de la Fiscalía que consideraba que ese escenario no era tal, teniendo en cuenta que sobre él pesaba una condena en firme por delitos de sedición y malversación pública. Tampoco coincidieron en torno a si había o que dejarle acudir a la sesión de este mismo lunes, siendo la Abogacía partidaria de su excarcelación aunque garantizando que no hubiera posibilidad alguna de fuga. 

Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor del Ministerio Público aunque ello no evitó que se abriera una importante grieta interna dentro del propio sector, el cual entendió esta postura como un gesto de gracia a ERC en plenas negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Tanto es así que en comunicaciones internas intercambiadas entre los miembros más veteranos de la Abogacía del Estado se expuso con preocupación que esta postura pudiera entenderse como un "blanqueo de la extorsión".

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios
NOTRACKING