Sánchez, obligado a desvelar el 'secreto' de los Falcon y los megacontratos Covid

Los numerosos viajes en los Falcon 900, los aviones VIP del Ejército del Aire al servicio del Gobierno, son el secreto mejor guardado del presidente de Pedro Sánchez y la insistencia por conocer los destinos, motivos, costes y viajeros choca con la persistente negativa de Moncloa de facilitar esa información. En el Congreso de los Diputados son habituales las preguntas sobre este tema que no encuentran respuesta y el uso de estos aviones oficiales, electoral o no, es toda una incógnita. Mientras, la Audiencia Nacional se pone de parte de la transparencia y ha desestimado los recursos de la Abogacía del Estado en contra de informar sobre los 'tours' realizados con el trirreactor fabricado por la compañía francesa Dassault y cuyos primeros modelos adquirió Felipe González.

El asunto ya ha llegado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de forma recurrente y en al menos una docena de ocasiones el organismo que vela por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos ha exigido proporcionar datos relevantes, que el Ejecutivo se niega a aportar amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en la seguridad nacional y con la excusa de tener que 'reelaborar' la información. Según recoge la web Civio, una organización que trabaja por la transparencia institucional, el Ejecutivo recurre por inercia cualquier dictamen del Consejo de Transparencia, y tras sentencias favorables a facilitar información, el Gobierno no ejecuta los dictámenes. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), una de las siete autoridades administrativas independientes del sector público estatal, entre las que también se encuentran la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo de Seguridad Nuclear, ejecuta su labor con escasos medios y no es un freno suficiente a la opacidad del Gobierno. La última resolución de este ente, posiblemente uno de los más reducidos de todos los organismos públicos y con apenas tres millones de presupuesto, ha sido dar luz a la gira en 'busca de inversores' de Sánchez que tuvo como destino Estados Unidos. La información oculta que se solicita pasa por el coste completo del viaje, la delegación que desembarcó en Nueva York y las facturas de alojamiento y comidas, además de los periodistas invitados. La misma información se demanda sobre el viaje para participar en la Asamblea de Naciones Unidas solo dos meses después. 

La Administración tiene fácil saltarse la transparencia, pese a las leyes y organismos que velan por ella, y realizar la labor pública ocultando la gestión y cifras a los ciudadanos

El 21 de octubre del año pasado, el Gobierno se negó a facilitar cualquier dato sobre los viajes amparándose en el secreto oficial y la imposibilidad desglosar de toda la gira los gastos del presidente, que cuenta con una partida muy importante para viajar, que supera, incluidos todos los ministerios, los 340 millones. El solicitante de la información puso en marcha una reclamación ante el Consejo un día después y éste remitió el día 25 para que se presentasen alegaciones, algo que no sucedió dentro de los plazo. El ejemplo muestra la facilidad que tienen las administraciones, en este caso el Gobierno de la Nación, para saltarse la transparencia, pese a las leyes y organismos que velan por ella, y realizar la labor pública ocultando la gestión y cifras a los ciudadanos. 

Otro de los asuntos que no termina de aclararse es el de los contratos de compra de mascarilla y, sobre todo, la elección de los adjudicatarios. Después de numerosos escándalos, derivados de contratistas que se enriquecieron con estos pliegos con desmesuradas comisiones, la pregunta que surge es si el Ministerio de Sanidad se interesó previamente por el perfil y la situación de las empresas de los adjudicatarios finales. Un ciudadano reclamaba en octubre la copia de las escrituras de constitución y de los certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de la Seguridad Social que tanto el Ingesa como la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia solicitaron previamente a cada una de las empresas a las que le ha adjudicado contratos de suministro de productos contra la Covid-19 (mascarillas, guantes, batas, respiradores y test). El interés del solicitante era conocer si cumplían la normativa vigente en materia de contratación pública.

Unos días más tarde el Sistema Nacional de Salud respondía asegurando que los contratos se tramitaron por el procedimiento de emergencia y que "procedió a realizar, en un número muy importante de las operaciones y siempre que fue posible, una valoración de la situación económica y financiera de las empresas que trasladaban ofertas, considerando que el balance beneficio/riesgo podría resultar desfavorable. La respuesta, inconcreta, no convenció al solicitante, que a los pocos días acudió a Transparencia, que más tarde tramitó la petición de información a la Administración. Finalmente, el Consejo de Transparencia instó a Sanidad a responder en los plazos fijados.

Desde 2014, el Portal de Transparencia ha recibido más de 46.700 solicitudes de información, pero cuatro de cada diez ha sido inadmitidas, denegadas o desistidas. En esta primera fase, 18.400 ciudadanos, asociaciones y empresas se quedaron sin conocer los datos o decisiones administrativas por la que estaban interesados, pero de estos rechazos, apenas 3.776 fueron reclamados durante los últimos ocho años y llegaron al Consejo, que solo estimó la mitad. Ante las reclamaciones, apenas 1.700 se convirtieron en peticiones formales a la Administración, que en la mayoría de los casos desistió, prorrogó u obvió las reclamaciones ciudadanas de una política transparente. Junto a esto, muchas de los asuntos no son resueltos en plazo por falta de medios, según se ha denunciado desde el Consejo.

Trasparencia ha llevado a la vía judicial 290 recursos ante la negativa del Gobierno a facilitar información, mayoritariamente durante el mandato de Sánchez y sobre asuntos relativos al Ministerio del Interior, pero también sobre la compras de mascarillas y vacunas durante la pandemia o la utilización poco transparente de recursos públicos. Pese a todo, la Ley de Transparencia no contempla sanciones que de alguna forma obliguen a las administración a dar información ante las peticiones de los ciudadanos y del Consejo. La excusa más habitual es que no se pueden reelaborar los datos y la solución más habitual es un enlace a una página web. Mientras, miles de asuntos quedan en el cajón alegando múltiples motivos.