El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere ni oír hablar del estado de alarma y al ser preguntdo por ello... se da mus. Tras pedir "coherencia a la oposición, que si votó en contra antes ahora lo están pidiendo", ha defendido que las comunidades autónomas tienen "amplios instrumentos" para hacer frente a la pandemia y ha afirmado que "es el pasado" y que "hay que mirar al futuro", que es la vacunación, ha dicho. Los reproches no le han llegado solo desde la oposición. La mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno han recriminado al presidente del Ejecutivo el "caos jurídico"por no haber un paraguas normativo que unificara medidas para todas las Comunidades Autónomas. PNV, Eh Bildu, Más País y Compromís han lamentado que Sánchez haya dejado en manos del Tribunal Supremo la última decisión.
Pero el Sánchez no se inmuta y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado por las peticiones de comunidades y oposición acerca del estado de alarma y qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara las medidas legales que están solicitando las comunidades. Su declaración llega al mismo tiempo que se conocía que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denegado el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad".
Sánchez ha querido ser tajante sobre el polémico fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo, que fue el pistoletazo de salida a que muchos ciudadanos tomaran las calles y las imágenes de botellones y de fiestas hayan hecho saltar las alarmas ante una nueva posible ola de coronavirus. El propio Fernando Simón se mostraba ayer "decepcionado que no enfadado" y advirtió de que nadie puede saber en qué momento esa actitud repercutirá en los datos sanitarios. En 10 días los datos hablarán. Mientras desde el Gobierno, y en la misma línea, la ministra portavoz María Jesús Montero ha asegurado al respecto que "no se puede mantenerse indefinidamente" y ha apelado a la inmunidad de grupo para la que Sánchez ha recordado que quedan 99 días desde que ayer empezara la cuenta atrás de "100 días".
Ambas reacciones llegan después de que el PSOE anunciara su decisión de no hacer reformas legislativas para suplir el fin del estado de alarma, pese a las críticas que le han dedicado sus socios parlamentarios, porque está convencido de que existe un "arsenal normativo suficiente" para que cada comunidad tome las medidas restrictivas que considere necesarias en función de la evolución de la pandemia en cada territorio. Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, después de que varios aliados del Ejecutivo hayan reprochado al presidente, Pedro Sánchez, el "caos" que, dicen, está provocando su "inacción" tras el fin del estado de alarma.
Preguntada expresamente si no le preocupan estos reproches, Lastra ha contestado que en lo que están ocupados los socialistas es en que la recuperación económica y la vacunación vayan "a buen ritmo". En este punto, ha remarcado que si se ha podido poner fin al estado de alarma es, precisamente, por que ya se ha puesto la primera dosis al 30% de la población y el 80% de los mayores han recibido ya la pauta completa. "Lo peor ya ha pasado y la excepcionalidad del estado de alarma ya no es imprescindible", ha dicho Lastra, incidiendo en que el Ejecutivo debe "garantizar en cuanto se pueda que los ciudadanos y los poderes públicos vuelvan a la normalidad".
Según Lastra, el fin del estado de alarma no equivale al fin de la pandemia y las restricciones y, para poder aplicarlas en función de los datos en cada comunidad, existen mecanismos jurídicos suficientes. Así, tras citar la Ley de Salud Pública y la de Seguridad Nacional, la dirigente socialista ha subrayado que también es "fundamental el papel de los jueces" porque hay que pedir autorización para restringir derechos fundamentales.
En este contexto, ha reivindicado el decreto aprobado por el Gobierno para que sea el Tribunal Supremo el que unifique criterios sobre la autorización o denegación de este tipo de medidas y ha dejado claro que "no se está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo" para esta nueva fase. "Ya existe arsenal normativo suficiente para tomar las medidas necesarias en cada territorio", ha insistido, recordando que, en todo caso, las comunidades pueden pedir que se decrete el estado de alarma en su territorio y que los grupos que apoyan al Gobierno lo respaldarían en el Congreso.
Además, ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por apuntar que Sánchez sería el responsable de una hipotética cuarta ola de contagios por no haber legislado en esta materia. En este punto, ha recordado que los 'populares' votaron en dos ocasiones en contra de prorrogar la alarma y que, ante la que se decretó el pasado otoño se abstuvo.
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