La previsión presupuestaria que 'pintó' el equipo de Cristóbal Montoro en los Presupuestos de 2018 para sufragar las nóminas de los cargos de confianza al servicio del Gobierno se quedó corta para atender las necesidades del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Gracias al último informe oficial sobre personal al servicio del sector público estatal que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda se ha conocido que mientras las cuentas públicas para 2018 presupuestaron una nómina de 718 asesores -que ofrecía una cierta holgura respecto a los 679 con los que se cerró el ejercicio de 2017-, la cifra real de cargos de confianza a cierre del año se fue hasta los 781 tras la entrada del Ejecutivo socialista, sensiblemente por encima no sólo de la nómina de asesores acreditada al cierre de 2017 sino también muy por encima de lo previsto en los PGE.
La cifra es coherente con el incremento de altos cargos que ha experimentado el Gobierno tras la reestructuración ministerial abordada por el Gabinete de Pedro Sánchez. La cifra de altos cargos ha pasado de 260 a 293 y como quiera que la normativa española habilita a cada alto cargo la posibilidad de disponer de un número determinado de personal de confianza en función de su rango dentro del Gobierno tenía sentido que la cifra de asesores también se incrementara. De hecho, Hacienda atribuye en el informe ese incremento significativo de la cifra del siempre controvertido personal eventual "a la reestructuración de departamentos ministeriales aprobada por el Gobierno" mediante los reales decretos de los días 6 y 8 de junio.
Lo llamativo del caso es que en esta ocasión el incremento de estos cargos de libre designación se ha concentrando de manera ostensible en Presidencia del Gobierno y ello a pesar de la eliminación de organismos con un elevado número de eventuales como era la Oficina Económica del Gobierno. Los datos de Hacienda revelan que Pedro Sánchez contaba al cierre de 2018 con una corte de asesores cercana al medio millar (489), muy por encima de los 402 que tenía Mariano Rajoy en Moncloa cuando se cerró el inventario del año 2017. No obstante, el número de asesores ha crecido de manera generalizada en todos los ministerios con las únicas excepciones de Defensa, Educación y Justicia.
Los cargos de confianza arrastran históricamente el estigma de ser nombrados por la vía de la libre designación, "a dedo", como se suele decir, por los cargos políticos y la sospecha de estar ahí más por razones de sintonía ideológica que por competencia profesional. La realidad es distinta. Muchos de ellos, en realidad, son funcionarios de élite que encuentran en ese canal un cauce de mejora profesional y también hay externos que aportan un conocimiento o una formación que no existe en los cuerpos de la Administración. De hecho, las principales organizaciones de funcionarios no reivindican su supresión sino un mayor control sobre los nombramientos para garantizar que, como sostiene la ley, solo se recurra al nombramiento de asesores ajenos al ámbito funcionarial cuando el perfil requerido no pueda encontrarse en la plantilla de la Administración. Algo que no siempre sucede.
El caso es que la oleada de nombramientos de libre designación tras la moción de censura ha resultado en una cifra de cargos de confianza sin parangón, muy por encima de los máximos alcanzados en los años de vino y rosas de la era Zapatero. Y la tendencia no se ha agotado en el ámbito del Gobierno. Los datos publicados por Hacienda revelan incrementos significativos en todo el sector administrativo estatal.
Avalancha de directivos nombrados 'a dedo' en las sociedades estatales
Una de las cuestiones que más controversia despertaron en el arranque del 'minimandato' de nueve meses del Gobierno de Pedro Sánchez fue su política de nombramientos en las empresas públicas, que dio con destacadas personalidades vinculadas al Partido Socialista al frente de algunas de ellas, como el ex portavoz socialista en el Parlament catalán, Maurici Lucena, en Aena; el ex ministro Jordi Sevilla, en Red Eléctrica; o el ex secretario de Organización del PSOE, Óscar López, en Paradores.
Detrás de esa primera línea también se han producido movimientos. Y muchos. El número de directivos de libre designación en las 60 entidades públicas empresariales dependientes del Estado, entre las que están por ejemplo Enaire, Adif o la Agencia EFE, ha pasado de 173 a 191, una veintena más; y en las sociedades mercantiles, entre las que se encuentran las del Grupo SEPI, por ejemplo, se ha disparado de 2.515 a 3.962 en un solo año. También hay un centenar de directivos de naturaleza eventual más en los consorcios con participación estatal.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios