En el acuerdo entre partidos

Sánchez se reserva la opción de quitarle peso a Podemos si hay crisis de Gobierno

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la sesión de investidura
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la sesión de investidura
EFE

El pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no ignora que se pueden producir desacuerdos. Socialistas y morados han pactado un documento en el que marcan cómo deberán actuar sus grupos parlamentarios y los órganos de los partidos en cuestiones que afecten al Ejecutivo que presidirá Pedro Sánchez y en el que Pablo Iglesias será vicepresidente. En ese pacto, uno de los puntos está centrado en la "resolución de discrepancias" entre ambas partes, señalando distintos escenarios para que se solucionen los posibles problemas. Uno de ellos es el que asume que Sánchez pueda restar cuota de poder a sus socios, sin que haya más consecuencias que una reunión entre la Comisión de Seguimiento creada para supervisar el pacto en la que se discutan los cambios más importantes. Lo que avala que el presidente ejerza los derechos que le otorga el cargo para hacer las modificaciones que considere.

El quinto apartado del documento acordado por los dos partidos, al que ha tenido acceso La Información, es el que articula ese "Procedimiento de resolución de discrepancias". El punto clave es el que habla sobre las futuras reestructuraciones en el Consejo de Ministros, en el que se acuerda que, si esta implica una "alteración sustancial de lo acordado", ambas partes se vuelvan a sentar para "abordar las cuestiones esenciales que se planteen" a la hora de modificar el Ejecutivo. Esto respalda aún más el poder de Sánchez en la coalición, que tiene la potestad de hacer los cambios que estime oportunos en su gabinete. Y si se decidiera por restar cuota de poder a sus socios, PSOE y Unidas Podemos ya han acordado que volverán a sentarse para discutirlo. 

Esta parte del texto descarga de presión a Sánchez, al reconocer que tiene las manos libres de quitar competencias a Unidas Podemos sin que haya más consecuencias que una reunión para discutir esos cambios. De hecho, el documento no habla en ningún momento de que una pérdida de poder en el Ejecutivo por parte de los morados pueda suponer una ruptura entre los socios. También sirve para matizar la frase que aparece justo antes, que señala que, si hay una crisis de gobierno, "se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo" en el conjunto del mismo. Algo que los morados podrán alegar si esos cambios les parecen excesivos. 

"Mantener la estabilidad" ante los problemas

El documento también establece cómo deben ser los pasos a dar para resolver los conflictos que puedan producirse dentro de la coalición. La primera directriz es la de utilizar esta Comisión de Seguimiento para buscar posibles soluciones a las "discrepancias que se produzcan dentro de la coalición de gobierno". Esto supone que los asuntos conflictivos dentro del Ejecutivo se puedan llevar a una comisión externa a este. Lo mismo ocurrirá con otros problemas de carácter político, como puede ser una posición con respecto a cuestiones del día a día o de nivel internacional, que también se tratarán en dicho foro. 

La publicidad que se dé a estas discrepancias también se ha pactado. Para evitar situaciones incómodas en las que un ministro socialista y otro de Unidas Podemos discrepen públicamente, se establece acordar en la Comisión "el alcance que los socios darán" al problema que surja. Algo que no solo afecta a los medios de comunicación, sino que incluye también al Congreso o al Senado. El fin es evitar que los desacuerdos afecten a la estabilidad del Gobierno o se pueda erosionar "la confianza de la coalición". 

Un mes para la primera reunión de seguimiento

El documento del acuerdo, que ha sido firmado por Adriana Lastra y Rafael Simancas por parte del PSOE y por Irene Montero, Ione Belarra y Jaume Asens por la confluencia de los morados, detalla cómo será este supervisor del gobierno de coalición. Los integrantes de este órgano de nueva creación pertenecerán a las áreas de presidencia, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda y la Secretaría de Estado de Comunicación. A ellos se sumarán un representante del grupo parlamentario de los socialistas y otro del grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. 

La primera reunión de la Comisión de Seguimiento será un mes después de que arranque la acción del futuro Gobierno, que previsiblemente empezará a ejercer la semana del 13 de enero. Por tanto, la supervisión inicial al pacto se puede situar en los días cercanos al 13 de febrero. Otro aspecto a tener en cuenta en el documento es que las iniciativas o las posturas que vayan a defender los grupos en Congreso, Senado y Parlamento Europeo deben discutirse y consultarse a la otra parte. La estrategia de comunicación relacionada con estas situaciones también deberá acordarse previamente.

La comunicación es precisamente uno de los aspectos esenciales del acuerdo. De hecho, todos los ministerios estarán obligados a comunicar a la Secretaría de Estado de Comunicación los anuncios que tengan previsto hacer. Un departamento que depende directamente de los socialistas, que marcarán así los tiempos a las iniciativas que salgan de una cartera gestionada por un miembro de Unidas Podemos. 

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