Apenas 24 horas. Es lo que ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez en vender su primer gesto de diálogo con Cataluña y alentar la idea de la oposición de que tras la moción de censura se esconden pactos no desvelados con los independentistas. Pocas veces un Consejo de Ministros ha debutado con tanto revuelo. De hecho, la confusión informativa respecto al fin del control de las cuentas de Cataluña tras la derogación del artículo 155 ha provocado una polvareda que ha llevado a los grupos de la oposición a exigir al presidente que desvele ya esos presuntos acuerdos con los soberanistas catalanes.
La idea de mostrar una rotunda disposición al diálogo ha sido clara en los primeros movimientos del Gobierno. No en vano, su primer día efectivo al mando se conocía que el presidente del Gobierno y de la Generalitat habían hablado por teléfono y se habían emplazado a mantener una reunión "muy pronto". La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguraba que Sánchez llevaría a dicho encuentro "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar".
Eso fue a primera hora de la mañana. Horas después, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de la era Sánchez, Isabel Celaá, lanzaba que se habían dado instrucciones a los bancos para que la Generalitat pudiera abordar pagos sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda. Y añadía que era un acto de "normalidad política" del que esperaba buenos resultados. El anuncio suponía, de facto, el levantamiento del '155 financiero', en apariencia todo un 'bombazo' como resultado del primer cónclave gubernamental. No había que esperar mucho, empero, para comprobar que el movimiento tenía más de escenificación que de factualidad. No en vano, la medida llevaba en vigor desde el lunes.
En todo caso, el patinazo no restaba intención a la primera intervención de Celaá. Sobre todo porque no hacía más que reforzar las declaraciones en favor de la distensión de Iceta, que se ofrecía como mediador, y de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, del ala más catalanista del PSC. Ya en las horas previas a la presentación de la moción de censura, hace apenas una semana, fuentes internas del propio PSOE hacían correr la especie de que Sánchez podía tener cerrado -o aspirar a un pacto- con los partidos separatistas, una tesis que los 'sanchistas' se apresuraron a desmentir y el Partido Popular a abrazar. No es de extrañar que tras los movimientos de ayer, que desde luego no desmienten esa tesis, la oposición arreciara haciendo bandera de ese argumento. Y la carga no ha hecho más que empezar.
Un ejecutivo que depende de los independentistas
Desde luego, hasta este momento, Sánchez no había hecho ningún gesto tan explícito sobre un posible acuerdo para no levantar ampollas ante una opinión pública cuya mayoría social ve un riesgo grave de ruptura de la unidad de España en una negociación sin garantías con el independentismo más radical de Cataluña. Muy al contrario, los primeros movimientos de Sánchez fueron afianzar el carácter europeísta y feminista de su Gobierno. No solo eso. El nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores se tomó como un gesto de firmeza.
Todos estos movimientos parecían dejar aparcado lo que es el principal escollo del Ejecutivo de Sánchez, el problema catalán y la dependencia total de su Ejecutivo respecto a los independentistas. Su debilidad y su pasado juegan en contra del presidente, porque el temor viene de lejos.
El secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, iniciaba la carga al asegurar que el Gobierno empezaba a mostrar el precio de la moción y sus pactos con radicales, independentistas y proetarras. "Mal empieza el Gobierno de señor Sánchez tras la operación de márketing de la presentación de sus ministros esta semana", le echaba en cara, consciente de que los primeros pasos del líder del PSOE, hasta el momento, contaban con el aplauso de la opinión pública. Y pedía que diera la cara en el Congreso.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ganadora de las elecciones de Cataluña, se sumaba al arrebato y también pedía la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las hipotecas con los separatistas tras "dar vía libre a Torra". La líder de C's cree que estamos ante un primer paso del cumplimiento de las exigencias de los separatistas catalanes, lo que se va a convertir en un látigo permanente contra el jefe de Gobierno.
Y no solo eso. Arrimadas también ha emplazado al presidente a explicar cómo va a proteger a los millones de catalanes que no son independentistas ante una "vulneración de sus derechos" recordando, en uno de sus eslóganes de los últimos tiempos, que estas concesiones no benefician a los catalanes sino a los independentistas. El conflicto catalán demuestra ser el verdadero talón de Aquiles del Gobierno de Sánchez.
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