Pedro Sánchez ha asumido 45 de los 46 puntos que Carles Puigdemont presentó a Mariano Rajoy en abril de 2016. En las mismas escalinatas de Moncloa y en la misma sala, el nuevo presidente del Gobierno se ha comprometido con Quim Torra a negociar casi todas las peticiones en las que sus predecesores nunca llegaron a avanzar. Solo hay una en la que las posturas se encuentran completamente alejadas: el referéndum. El resto son reclamaciones económicas que, en su amplia mayoría, contemplan un notable incremento de las inversiones del Estado en la autonomía. Son mejoras con las que Sánchez pretende impulsar la 'operación Cataluña II' consciente de que se juega su legislatura en ello.
Grandes inversiones en Cataluña
La primera medida que Sánchez debería desbloquear en Cataluña es la contemplada en la Disposición adicional tercera del Estatut con el objetivo de equiparar la inversión del Estado en infraestructuras catalanas teniendo en cuenta el peso del PIB autonómico. Así, los Presupuestos de 2011 incorporaban una partida de 759 millones acordada en la Comisión bilateral que ahora se retoma y que nunca se ejecutó. En cómputo global, Cataluña debería haber recibido 3.811 millones de euros de inversión que no se han materializado.
Además, la Generalitat lleva años criticando la disminución de la inversión territorializada en los Presupuestos. Así, si en 2012 Cataluña recibía un 11,1% del PIB total, en 2015 esa cifra fue del 9,5% y en 2016 del 10,7%, según la reclamación que le hizo Puigdemont a Rajoy.
En infraestructuras concretas, la Generalitat reclama al Gobierno central el impulso del Corredor Mediterráneo, una lanzadera ferroviaria al aeropuerto de El Prat, mejorar los accesos al Puerto de Barcelona, la construcción del cuarto cinturón de la ciudad condal y el desdoblamiento de la N-340 y la N-II en Tarragona y Girona, respectivamente. Asimismo, Cataluña demanda una inversión real en Cercanías, el traspaso íntegro de las líneas ferroviarias interiores y una mayor autonomía en la gestión de los aeropuertos catalanes en detrimento de Aena. Rajoy contempló estas inversiones en el Plan Soraya para Cataluña, pero nunca se concretaron.
Financiación, nuevos impuestos y FLA
La Generalitat siempre ha criticado que el actual modelo de financiación "siempre es discriminatorio hacia Cataluña". Su argumento es que "es el segundo territorio con capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos". Para solucionarlo, Sánchez está dispuesto a mejorar aspectos puntuales de la financiación catalana, aunque ya ha confirmado que un nuevo modelo no se aprobará durante esta legislatura. Asimismo, el Govern denuncia que sus dificultades para acceder al FLA "no provienen de su capacidad para generar los recursos necesarios sino de la falta de control de sus bases fiscales".
Desde Cataluña también se ha arremetido con dureza contra los continuos recursos del Gobierno de Rajoy a los nuevos impuestos que iba aprobando el Govern para generar mayores ingresos. En el listado de agravios se encuentra el impuesto a depósitos bancarios (que hubiese supuesto ingresos de 685 millones anuales según las cuentas de la Generalitat), la tasa sobre la expedición de la receta médica, el impuesto nuclear, el de las operadoras de telecomunicaciones y el de pisos vacíos. Todos ellos se encuentran suspendidos o recurridos al Tribunal Constitucional y suponen una pérdida de recaudación de 842 millones al año, siempre según las cifras del Govern.
Políticas sociales
Sánchez y Torra han puesto este lunes las bases para mejorar las prestaciones sociales de los catalanes. La Generalitat ha denunciado que los recortes en la sanidad catalana tuvieron que ejecutarse por "la obligación de ajustarse a los objetivos de déficit" exigidos por el ministro Montoro. Ambas administraciones están de acuerdo en recuperar la asistencia sanitaria universal básica, de forma que en este punto no debería haber ningún problema de entendimiento.
El Govern también reclama una mejora de la financiación para partidas como la Ley de Dependencia, atención a mujeres vulnerables, maltrato infantil, jóvenes en riesgo de exclusión social y menores inmigrantes no acompañados. Acabar con los cortes de energía a familias con informes favorables de los servicios sociales y las soluciones en materia de exclusión residencial (buscar alternativas a los desahucios) son otros asuntos pendientes de completar entre Sánchez y Torra. Con Rajoy tampoco hubo avance alguno en estos puntos.
Puigdemont, por último, también reclamó a Rajoy la transferencia a Cataluña de la gestión de las becas. Se trata de un traspaso histórico pendiente y sustentado en una sentencia del Tribunal Constitucional que el Gobierno central no está cumpliendo, según denuncia la Generalitat.
Sánchez y Torra tienen previsto avanzar en alguno de estos puntos que implicará necesariamente un incremento del gasto público en una próxima reunión que mantendrán en Barcelona en próximas fechas.
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