El Gobierno no tiene aún definido quién pagará la factura que supondrá topar el precio del gas. La llamada excepción ibérica tiene su sobrecoste y la coalición no se pone de acuerdo sobre a quién cargárselo. Para definirlo, la Semana Santa está siendo escenario de conversaciones a dos bandas. Por un lado, de Moncloa y del Ministerio de Transición Ecológica con la Comisión Europea, que aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de fijar el límite en 30 euros/MWh. Y, por otro lado, entre el departamento de Teresa Ribera y Unidas Podemos. El acuerdo está lejos.
Topar el precio del gas es la gran esperanza del Gobierno. La decisión a la que aguarda Moncloa para poder poner coto los precios energéticos y comenzar a atajar la inflación. Se espera tener permiso de Bruselas a finales de este mes. La cuestión gira en torno a la cifra final, ya que en el Ejecutivo no descartan que la UE eleve el tope final al entorno de los 50 euros/MWh. Pero el equipo de Kadri Simson, comisaria de Energía, también quiere tener clarificada quién asumirá el coste de la medida y es ahí donde surge el choque en el seno del Gobierno.
Transición Ecológica habla de que "el sistema" lo absorbería, explican fuentes del equipo de Teresa Ribera. ¿Cómo? El ministerio no lo aclara y tampoco lo tiene definido. Descarta, eso sí, que vaya a imponer un nuevo déficit de tarifa. La opción que plantea el área socialista del PSOE, y así consta en los documentos iniciales de la negociación, contempla que sean los clientes que firmaron contratos a precios fijos (no los del PVPC o los indexados al pool) quienes asuman ese sobrecoste. Esos acuerdos contemplan la posibilidad de revisión si la regulación cambia, de ahí que, si este planteamiento prospera, las eléctricas pueden repercutir en los particulares del mercado libre el coste del tope al gas.
Unidas Podemos se niega a contemplar un cargo extra a cualquier usuario final. Fuentes del área gubernamental que dirige Yolanda Díaz explican que su discrepancia con el planteamiento del PSOE es evidente y que ese sobrecoste debería ser asumido por las eléctricas. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que fue quien ya negoció con sus socios socialistas la intervención de los alquileres, está haciendo ver a Transición Ecológica que la financiación del tope ibérico tiene que hacerse a cargo de los beneficios de las eléctricas y no de algunos españoles.
El Gobierno asegura que del tope ibérico al gas dependen los siguientes meses de la legislatura. Pedro Sánchez necesita una decisión que le permita recuperar el terreno perdido en las últimas semanas, después de fracasar en su intento de desindexar el gas de la factura, y de los problemas que ha generado la nueva relación con Marruecos en Argelia. El embajador sigue en Argel y la propia Ribera ya ha asumido que habrá un sobreprecio en los contratos con el otro lado del Mediterráneo. En este sentido la excepcionalidad para España y Portugal puede ser un balón de oxígeno para una coalición que está acusando especialmente el golpe de la inflación.
El Gobierno asegura que del tope ibérico al gas dependen los siguientes meses de la legislatura
A esta discusión interna en el seno del Gobierno hay que añadir la que mantienen las eléctricas con Moncloa. El tono se ha elevado en los últimos días, coincidiendo con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, con quien Iberdrola, Endesa y Naturgy han mantenido una relación fluida, al menos hasta ahora. Las compañías del sector discrepan con la fórmula empleada para rebajar la factura y tampoco quieren, evidentemente, que el Ejecutivo cargue sobre ellos el sobrecoste del tope ibérico. Lo están haciendo saber en público en las últimas horas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue el primero en abrir la veda. Arremetió la semana pasada contra el excesivo intervencionismo del Gobierno y alertó de los problemas de seguridad jurídica a los que se enfrentan los inversores. Endesa le siguió con unas palabras de su presidente, Pepe Bogas, el único de las grandes del sector que decidió acompañar a Pedro Sánchez en su último gran acto con el Ibex. Fuentes de Endesa explican que si se termina cargando sobre los clientes con contratos a precios fijos la factura del tope del gas sería una "transferencia de rentas injusta" para intentar rebajar el PVPC, que -recuerdan- es el precio que computa en el Índice de Precios de Consumo (IPC) y, por tanto, influye en la inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no tiene en cuenta los precios de los contratos del mercado libre. Naturgy está manteniendo un perfil bajo.
El momento es decisivo y la relación con las eléctricas, aunque no está rota, sí es tensa. El Gobierno, no obstante, acaba de tener un gesto significativo con las principales firmas del sector. Tal y como se desveló en estas páginas, Transición Ecológica ha decidido perdonar hasta 380 millones que deberían abonar las compañías por el nuevo canon hidráulico que se ha aprobado en las Cortes Generales vía enmienda en la Ley de Residuos. La tardanza en regular la tasa por usar el agua de embalses y ríos no será efectiva hasta 2023.
Sánchez se encuentra con una férrea oposición
Hasta doce países de la UE siguen expresando sus quejas en Bruselas contra la llamada excepción ibérica. Entre ellos se encuentra Alemania, Países Bajos y los nórdicos. No está resultando sencilla, por tanto, la ofensiva de los gobiernos español y luso. Este lunes, de hecho, los negociadores españoles presentaron a la Comisión Europea una propuesta con un planteamiento novedoso que ha llamado la atención en las eléctricas. Transición Ecológica plantea ahora plantea ahora que se permita sustituir el sistema actual -en el que la tecnología más cara marca el precio de todas las demás- por otro en el que también se tenga en cuenta el coste de las energías renovables. Queda aún partido y el resultado no está nada claro.
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