Lunes, 23.09.2019 - 12:03 h
Algunas CCAA ya lo hacen

La sanidad a los 'sin papeles', una medida cosmética de Sánchez con coste limitado

La medida afectará a unas 800.000 personas y, de acuerdo con el gasto en la Comunidad Valenciana, tendría un impacto económico residual.

El quirófano del Hospital La Paz a pleno rendimiento.
La sanidad a 'sin papeles' tendrá un coste mínimo para el Ejecutivo de Sánchez. / José González.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aprobar este viernes en el Consejo de Ministros la devolución de la atención sanitaria a inmigrantes 'sin papeles' que el Ejecutivo de Rajoy eliminó en el año 2012. La medida afectará a unas 800.000 personas, según ha indicado la portavoz del Gobierno Isabel Celaá, y tendrá un coste mínimo para el Ejecutivo, por lo que se trata de una medida cosmética del Gobierno de Pedro Sánchez. 

La reinstauración de la sanidad universal se producirá en el plazo de un mes y medio desde este mismo viernes. El Ejecutivo popular, con la cartera de Sanidad en manos de Ana Mato, decidió eliminarla en el año 2012 al considerar que podría ahorrar "hasta 500 millones de euros". Mato también afirmó que "con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros", se esperaba ahorrar "otros 971 millones". 

En su momento, varias comunidades autónomas reaccionaron a la medida de Rajoy manteniendo la cobertura a los inmigrantes 'sin papeles' en sus propias regiones, entre ellas el País Vasco, Baleares, Cataluña, Aragón o la Comunidad Valenciana. 

Los datos de esta última permiten hacerse una idea de cuánto se gastará el Estado en la atención de las aproximadamente 800.000 personas que se encuentran en esta situación. En efecto, en la Comunidad Valenciana hay unos 30.000 inmigrantes irregulares que conllevaron un gasto sanitario de apenas 6,05 millones de euros. Como resultado, con un cálculo aproximado, España invertiría 161 millones de euros. 

Derecho a la salud y diálogo

Celaá ha justificado la reinstauración de la sanidad universal y la derogación de la reforma sanitaria de 2012 porque el "derecho a la salud es un derecho fundamental" y porque "es una cuestión de decencia política". "Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", ha señalado Celaá.

Hasta la aprobación de esta medida, los inmigrantes sin papeles sólo tenían derecho a las Urgencias y las mujeres embarazadas a ser atendidas en el parto y post parto. Un nuevo decreto ley del PSOE anulará el del Partido Popular en el plazo de mes y medio. La reforma sanitaria, aprobada por Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también copagos farmacéuticos en función de la renta, que afectaban, por primera vez, a los pensionistas.

Los enfermeros han aplaudido la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha calificado de "gran noticia" el retorno a la universalidad de la sanidad. Pérez Raya ha valorado en un comunicado que el Ejecutivo haya decidido revocar el real decreto que dejó a 800.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, y ha recordado que "la protección de la salud es un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución".

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