El Gobierno no considera obligatorio que Mariano Rajoy tenga que someterse ahora al debate de investidura si no tiene los apoyos pese a haber aceptado el encargo del Rey, ya que, a su entender, el artículo 99.2 de la Constitución lo que hace es "ordenar el debate parlamentario". Así lo ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que ha recriminado a PSOE y Ciudadanos que quieran ya esa sesión de investidura cuando lo que hay en España es un "problema eminentemente político" que deben resolver primero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha subrayado que Rajoy ha "aceptado el encargo para intentar formar un Gobierno" y ha recalcado que de lo que deben hablar es de "voluntad política". "Creo que la primera voluntad política es solventar el problema constitucional que estamos generando de que haya dos elecciones y no haya Gobierno", ha enfatizado.
"Estamos ante un problema eminentemente político y es que hemos celebrado en España dos elecciones generales y necesitamos un Gobierno y algunos sólo quieren un debate", se ha quejado, para añadir que los debates "tienen que tener un objetivo" y "no es momento de reclamar exclusivamente un debate" cuando los que lo piden "están diciendo" además que van a votar en contra de Mariano Rajoy.
LA COHERENCIA JURÍDICA Y LA COHERENCIA POLÍTICA
La portavoz del Ejecutivo ha afirmado que "antes de la coherencia jurídica está la coherencia política y la coherencia personal". A su entender, Rajoy ha asumido su responsabilidad pero los demás también tienen la suya para "intentar dar una solución" al país, que "necesita un Gobierno".
En este sentido, ha hecho un "llamamiento general a la responsabilidad de todos" para que haya un Gobierno y ha indicado que Rajoy va a abrir un "periodo aún más intenso de negociaciones" para lograr formarlo.
Al ser preguntada si están vigentes las razones que esgrimió el PP en febrero de 2012 que debe convocarse de manera inmediata el debate de investidura tras aceptar el encargo del Rey, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el propio expresidente del Congreso, Patxi López, "entendió que esas razones no eran jurídicamente correctas" y sentó un "precedente" que en derecho parlamentario es ley y un derecho consuetudinario.
EL PRECEDENTE DE PATXI LÓPEZ
De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el exlehendakari socialista tardó entre 12 y 15 días en convocar ese Pleno de investidura y ha subrayado que "quien aduce ese precedente debería aplicarse la propia doctrina que hizo valer en la Mesa del Congreso".
Sáenz de Santamaría ha insistido en que la primera responsabilidad que tienen todos con arreglo a la Constitucion es "devolver la normalidad democrática" a España, ya que, según ha dicho, lo que no pueden permitirse es que haya "continuamente unas elecciones tras otras". "Devolver a los ciudadanos la responsabilidad de nuevo no es una buena opción", ha exclamado.
Al ser preguntada cómo se pondrá en marcha el reloj de la democracia si no se somete Rajoy al debate de investidura, ha indicado que "el reloj de la democracia tal y como lo conciben algunos", poniendo fecha al debate de investidura, "no sirve para poner en marcha un gobierno sino para fijar la fecha de las elecciones". En su opinión, si lo único que interesa es que empiecen a correr los plazos para ir a las urnas "todos" deberían hacer un "poquito de reflexión".
A renglón seguido, ha pedido a todos un "esfuerzo" para negociar dentro de la "máxima generosidad" y sentándose en una mesa. "Es tiempo de pensar en España y en la gobernabilidad de nuestro país", ha enfatizado, para añadir que ahora lo que toca es ponerse de acuerdo en las "prioridades" del país.
DEBATE SOBRE EL ARTICULO 99.2
El Gobierno no considera obligatorio que Mariano Rajoy tenga que someterse al debate de investidura si no tiene los apoyos pese a haber aceptado el encargo del Rey para intentar conformar un Ejecutivo, ya que, a su entender, el artículo 99.2 de la Constitución se enmarca en un momento procesal que afecta a la dinámica parlamentaria.
En concreto, el artículo 99.1 de la Carta Magna señala que el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, "propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno". Y el 99.2 añade: "El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara".
Los partidos de la oposición consideran que aceptar el encargo obliga a ir al debate de investidura, una interpretación que no comparte el Gobierno. "La interpretación que a nuestro juicio hace el artículo 99.2 es que ordena un debate parlamentario", ha señalado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo.
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