La causa penal que investiga la caída del Popular se queda sin un material clave relativo al proceso de compra de la entidad. El Banco Santander, que se acabó convirtiendo en heredero del negocio, ha roto la baraja y ha declinado entregar al juez los expedientes internos que pudieran tener sobre el estudio que hicieron en mayo de 2017 ante la oferta de venta. La Audiencia Nacional requirió toda esta documental a Bankia, Sabadell, BBVA y Santander por ser las entidades que se interesaron el proceso. Mientras algunas de ellas han cumplido ya con el mandato judicial, el banco protagonista en el asunto ha respondido que no guarda material de ese proceso.
En concreto, y de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso este diario, explica que no disponen de un expediente interno de este proceso privado de venta ni tampoco existe en los archivos informáticos un espacio centralizado en el que se almacenaran todos los documentos del bautizado como proyecto Neptuno. El magistrado requirió, a propuesta de Anticorrupción, todos estos informes que las entidades elaboraron tras revisar los datos propuestos por el Popular. El objetivo no se centraba en conocer los criterios de evaluación que se estudiaron sino en esclarecer cuanto valía el banco que presidía entonces Emilio Saracho teniendo en cuenta que dos meses después acabó en la JUR y con su valor reducido a cero.
El magistrado ya avanzó que, tras el estudio de todos estos datos, no descarta llamar como testigos a los responsables de la autoridad europea y del FROB para que expliquen de primera mano este episodio determinado. Lo hace después de escuchar en sede judicial a dos personas determinantes en el proceso: Ana Botín y Rodrigo Echenique. Ambos comparecieron para descartar que el Santander recibiera presión alguna desde Economía para adquirir el Popular. Ahora bien, también relataron episodios relevantes de ese mes de mayo cuando pasaron de barajar una posible compra a dejar de lado la oferta. Según dijo Botín porque el consejo imaginó que acabaría resuelto en base a la experiencia que tenían ya con el portugués Banif.
También negaron contar con información privilegiada sobre este asunto pese a que los grandes fondos que litigan como principales perjudicados en el procedimiento penal no apuntan en esa dirección. Más bien han solicitado más imputaciones de antiguos altos cargos del banco y sostienen que la entidad heredera del negocio del Popular sí sabía lo que le iba a pasar al entonces sexto grupo bancario del país en ese margen de tiempo. Ahora, el Santander explica que no cuenta con ese material que tanto ansían los investigadores aunque sí aporta otros documentos relativos a correos cruzados con el Banco de España o extractos de actas de la Comisión de Supervisión o la Ejecutiva.
En total entrega cerca de una veintena de documentos entre los que se incluye la presentación del proyecto Neptuno que elaboró Citigroup en calidad de asesor del Santander ante una hipotética operación. Las actas depositadas demuestran cómo el 12 de mayo estudiaron una invitación al proceso de venta desde la Comisión de Supervisión de Riesgos y, tan solo tres días después, la Comisión Ejecutiva informaba de "la imposibilidad de presentar una oferta". De esas fechas consta también la comunicación remitida al Popular informando de que no habría compra, tal y como consta en este escrito que firma el responsable de los servicios jurídicos del Santander, Manuel Cabrero.
Las últimas imputaciones
De esta manera se desliga de otras entidades que no figuran en esta causa pero que sí han atendido el mandato judicial del pasado mes de noviembre. Así, mientras Sabadell pidió más tiempo a la Audiencia Nacional para entregar todos los expedientes de hace ahora tres años, Bankia aportó un vasto archivo que encargó a EY para estudiar una posible adquisición. La firma destacó como riesgo el 78% de todos los puntos analizados y puso el foco tanto en el impacto negativo del ladrillo (que calculó en 7.600 millones) como en las necesidades de capital. La auditora expuso en su valoración que hubiera necesitado más tiempo para analizar todo el material que el Popular ofreció en el Virtual Data Room. No obstante, determinó que los ajustes de capital podrían oscilar entre los 11.244 millones y los 17.700 millones de euros en el hipotético caso de un escenario más estresado.
Las pesquisas del juez sobre los últimos meses de vida del banco discurren en paralelo con las impulsadas recientemente para esclarecer si hubo o no órdenes veladas desde la excúpula del Popular para que los clientes financiasen la ampliación de capital. La declaración en sede judicial hace apenas unas semanas de inversores confirmando que efectivamente recibieron préstamos para participar en la operación de 2016 llevaron al juez a pedir al Santander más información sobre este asunto. En concreto requirió los nombres de todos los miembros del Consejo de Administración de entonces que participaron en la ampliación de capital. Además, también ha imputado a dos testigos que fueron a declarar por esto hechos: se trata de la exdirectora de Auditoría Interna del Popular, Yolanda García y del exdirector de riesgos Carlos Fernández.
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