Por las prejubilaciones de la excúpula 

El Santander no cede con el bonus de Ron y achaca mala fe a afectados del Popular

  • Se planta ante la petición de fianza de 11.000 millones y dice que es "abusiva" y que "jamás" alcanzaría la cifra a pagar por responsabilidad civil. 
Banco Popular bolo
Banco Popular bolo

El Banco Santander tiene claro que los más de 21 millones de euros que recuperó de las prejubilaciones de la excúpula del Popular deben quedar fuera del procedimiento penal que sigue la Audiencia Nacional. La entidad, que responde en el caso tras heredar el negocio del Popular, ha remitido un duro escrito al juzgado en el que achaca mala fe procesal de la acusación que ha pedido que se le embargue esa cuantía de manera preventiva por si tuviera que responder como responsable civil ante los accionistas perjudicados. 

En su documento, la defensa legal del banco que preside Ana Botín reprocha al querellante no solo que le quiera expulsar del procedimiento sino que malinterprete las palabras del fiscal Anticorrupción al frente del caso, Antonio Romeral, para que las cuantías que percibieron como pólizas de seguro Ángel Ron y el exCEO Francisco Gómez tras su jubilación, queden en manos de la Audiencia Nacional. Se trata de un total de 12,8 millones de euros y 9 millones, respectivamente, que los exdirectivos tuvieron que reembolsar al Santander después de que un juzgado de Madrid así lo acordara el pasado mes de septiembre debido a que lo percibieron en un momento crítico para la entidad.

El procedimiento penal por la caída del sexto grupo bancario del país suma ahora un nuevo frente por los más de 21 millones de euros que, según el Santander, les pertenecen a ellos. Los motivos que alega para oponerse a la petición formulada por la acusación que ejerce Teodoro García son, en primer lugar, que no se ha dado un supuesto excepcional en esta causa para que tengan que asegurar semejante cuantía y, en segundo lugar, que no existe obligación alguna de tener que adoptar medidas cautelares en la fase de instrucción. Además, le acusa de tergiversar de manera intencionada la LeCRIM para apuntar que ya desde el comienzo del procedimiento penal se le tendrían que haber embargado estas cuantías que percibieron el expresidente Ángel Ron y el exconsejero delegado Francisco Gómez.  

Falta de pruebas

"Esta desafortunada interpretación de nuestra ley procesal penal, subraya, aún más si cabe, la ausencia de rigor en la petición cautelar del querellante", razona el banco el cual además saca a relucir la cuestión clave de la causa: la presunta falsedad de las cuentas del Popular. Al respecto, la defensa letrada del banco asegura que si la Justicia obligó a Ron y a Gómez a devolver los bonus percibidos a su salida del banco no fue por una presunta incorrección de los estados financieros sino porque estaban percibiendo unas grandes variables en un momento en que el Popular estaba al borde del abismo. De ahí que desvincule esta sentencia, no firme, con una presunta falsedad en las cuentas del banco. 

De hecho, y aunque no niega que tendría que responder como responsable civil subsidiario por haber heredado el negocio del Popular, asegura que todavía quedan muchas diligencias por practicar para esclarecer si los acusados son responsables penales o no del grave perjuicio que provocó la fuga masiva de depósitos a los accionistas de la entidad. "El informe pericial del Banco de España no ha confirmado, ni indiciariamente, ninguno de los hechos sobre los que versa esta instrucción. Ni la supuesta falsedad del folleto de la ampliación de capital de 2016, ni la pretendida manipulación del precio de la cotización de la acción del Popular en el año 2017", subraya.

La acusación que solicitó esta diligencia lo hizo amparándose en que los peritos del supervisor ya habían trasladado sus conclusiones al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y en que ya habían desfilado los principales actores del caso por sede judicial. En estos últimos meses, el magistrado José Luis Calama Teixeira ha interrogado a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho además de otros acusados en el procedimiento penal y ha iniciado la fase de testificales. No obstante, aún quedan por escuchar el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y el exministro de Economía Luis de Guindos. Se espera que el juez vuelva a señalar fecha para su intervención en el caso después de que las tuviera que suspender por la crisis del coronavirus.

Convidado de piedra

En lo que respecta a la petición de fianza de 11.000 millones de euros el banco asegura que se trata de una cuantía  "absolutamente desproporcionada". Alega la defensa de la entidad que mantiene intacto su interés de colaborar en el procedimiento pero que es "imposible" que una previsible responsabilidad civil pueda ser de tal magnitud. El acusado solicitó esta cifra por corresponder con los fondos propios de Banco Popular a 31 de diciembre de 2016, aunque para su heredero la cuantía de una posible condena "jamás" alcanzaría el monto de los 11.000 millones. 

"Ellos se sienten legitimados para presentar todo tipo de solicitudes por desproporcionadas e improcedentes que sean, incluso para recurrir resoluciones de mero trámite y entorpecer la marcha del procedimiento. En cambio el potencial responsable civil subsidiario tiene que 'dar las gracias' por ser parte, pero como mero convidado de piedra", protesta el banco. Finalmente el Santander recuerda que la Audiencia Nacional le dio la razón y le levantó la imputación que acordó el magistrado instructor al considerar que no debía responder penalmente por las acciones llevadas a cabo por los antiguos gestores del Popular. Sin embargo, sí tendría que hacer frente a las cuantías que se le impusieran de pago a los afectados en caso de que estos hechos fueran considerados delitos en un previsible juicio oral. 

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