Golpe al Santander: la Justicia le ordena resarcir a clientes de bonos del Popular

Un juzgado de Ripoll tumba las pruebas del banco y le recuerda que dos panaderos no tienen por qué tener este tipo de conocimiento financiero.

EFE
Santander pidió sin éxito suspender este fallo a la espera de conocer el criterio del TJUE.
Ángel Martínez | EFE

La Justicia ha vuelto a dar la razón a los clientes afectados por el Popular. Sin embargo, y pese a que el foco suele estar en la compra de acciones para la ampliación de capital de 2016, en este caso ha dado un paso más y ha incluido como perjudicados a los que, años antes, compraron bonos canjeables. Así lo concluye un juzgado de Ripoll en un fallo en el que determina que los dos demandantes que ahora recuperarán la inversión realizada en 2009, no tenían una información veraz ni fidedigna de cual era la verdadera situación entonces y que, debido a su profesión no vinculada al sector financiero, (son panaderos) tampoco tenían obligación de saberlo. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso La Información, desestima la pretensión del Santander en calidad de heredero del Popular y abre la veda a que aquellos clientes que compraron bonos antes incluso de las fechas que están bajo la lupa de una investigación penal, recuperen las pérdidas. En este caso concreto, las dos personas demandantes recibirán de vuelta los 32.000 euros que invirtieron en el año 2009 con la compra de bonos canjeables del Popular. El magistrado explica en su fallo que no por el hecho de haberles aportado un "somero y parco" cuestionario se puede dar por sentado que  tenía un conocimiento claro del riesgo que entrañaba canjear los bonos en 2015 por acciones cuyo valor se redujo a cero tras la resolución de la entidad. 

El instructor del juzgado de instrucción número 1 de Ripoll también incluye como punto a favor de los perjudicados el hecho de que fuera su sucursal "de confianza" la que les convenciera para adquirir los bonos con fondos que tenían en un plazo fijo. Al respecto dice que el banco que preside Ana Botín no ha sido capaz de probar que los dos clientes fueran plenamente conscientes del riesgo que asumían al invertir el dinero en la ampliación de capital del año 2016 y, por ese motivo, anula el contrato de 2009 y obliga a devolverles dichas cuantías. Se trata de un triunfo detrás del cual se encuentra el abogado experto en banca, Felipe Izquierdo, el cual ya consiguió victorias pioneras contra esta entidad en la Audiencia Provincial de Barcelona y de Madrid. 

Información insuficiente

"A pesar de haberse aportado unos parcos y someros cuestionarios en cuanto a la información facilitada a los actores, la inidoneidad de los mismos para poder evaluar el nivel de comprensión de los productos es manifiesta en la medida en la que se hace constar que ambas partes tenían experiencia con productos financieros no complejos (calificación no aplicable a los bonos) y que su profesión se encontraba relacionada con el ámbito financiero", reza el fallo, el cual añade que este último extremo es "incierto". Precisamente esta última tesis fue la que defendió uno de los miembros de la pareja en su declaración en sede judicial. En contra de lo que expone el banco, éste recalcó que "nunca" había escuchado la expresión 'bono convertible subordinado' y que depositaron su confianza en el director de la sucursal ante la falta de conocimiento respecto a esta cuestión.

Es más, aseguraron que el banco que acabó en manos de la JUR a mediados de 2017 faltó a la verdad al exponer su situación patrimonial en el folleto de venta con una imagen de solvencia que, según dijeron, no se ajustaba a la realidad. La entidad, por su parte, respondió que la ampliación de capital por 2.505 millones de euros se acometió para elevar las provisiones y acelerar la venta de inmuebles y recordó que la CNMV dio luz verde a su folleto sin objeción alguna. Sin embargo, para este juzgado la entrega del precontrato y los test practicados no fueron suficientes en aras a probar que los clientes estaban informados de los pormenores de la inversión. De ellos dice que su desconocimiento en calidad de ciudadano medio es "común y frecuente". 

Se trata de un extremo que, además de discutirse en la vía civil, se sigue también en la penal. En concreto, en la causa que se instruye desde hace más de tres años en la Audiencia Nacional por presunta falsedad de mercado, entre otros delitos. Los investigadores están especialmente interesados en aclarar cuál era la verdadera situación patrimonial del banco cuyo valor acabó reducido a cero. A falta de conocer el desenlace de ese procedimiento, algunos magistrados de la jurisdicción civil -como ocurre en este caso- ya han sentenciado que el Popular concurrió en un "manifiesta falta de información veraz" y que captaron a inversores al ofrecer una "apariencia económica" que no se correspondía con la realidad de sus cuentas.

La deriva europea

Sin embargo, la causa que investiga la Fiscalía Anticorrupción solo tiene en el foco los últimos años de vida del banco, de manera que no ha indagado acerca de los hechos como compra de bonos y otros productos anteriores a la ampliación, que sí resuelve este fallo. De hecho, le dedica su primera parte de la resolución a explicar que aunque se trate de un asunto que ocurrió en el año 2009, los hechos no están prescritos. Se ampara el juez en el artículo 1301 del Código Civil. El mismo establece un plazo de caducidad de cuatro años con respecto a la acción de anulabilidad, lo cual implica que el contrato habría quedado sin efecto en 2010. No obstante, recuerda que en caso de "error o dolo o falsedad de la causa" el plazo comienza a correr desde la consumación del acuerdo; una doctrina que ya ha aplicado el Supremo. 

El juzgado también denegó la pretensión del Santander de suspender el plazo para dictar sentencia de esta vista celebrada el pasado mes de octubre. El heredero que se hizo con el negocio del Popular por un euro se amparó en la cuestión prejudicial sobre esta materia que elevó la Audiencia de Coruña al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero el juez de nuevo declinó su pretensión sin entrar tan siquiera a evaluar la similitud de los dos casos. Y es que las grandes pérdidas ocasionadas con la resolución hizo que al menos 7.000 afectados recurrieran a Europa ante la negativa de la Junta Única de Resolución (JUR) de recompensarles por los perjuicios sufridos. El ente que preside Elke König alegó entonces que el proceso de insolvencia hubiera sido más nocivo para todos ellos.

Mostrar comentarios