El Banco Santander no ve motivos para figurar como investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra del Popular. De ahí que, en su recurso contra la imputación acordado por el nuevo instructor, la entidad que preside Ana Botín trace una línea divisoria entre los anteriores gestores y lo que ellos denominan "el nuevo" Popular. Es más, incluso equipara la resolución de la JUR con la "muerte" de la entidad para rechazar que se les considere herederos de su responsabilidad penal.
En el extenso escrito, al que ha tenido acceso este diario, la entidad trata de tumbar los razonamientos del nuevo magistrado instructor, José Luis Calama Teixera, acerca de que debe responder judicialmente junto con los también imputados Ángel Ron y Emilio Saracho. Al respecto, la defensa del Santander asegura que antes de la fusión por absorción a la que alude el juez, se produjo la resolución de la entidad "por decisión de los poderes públicos"; de ahí que pida al juzgado que simplemente mantenga su condición de posible responsable civil.
De hecho, incide en la idea de que el cambio estructural del Banco Popular y otras entidades en crisis es un procedimiento "promovido, dirigido y ejecutado desde los poderes públicos" y que, en este tipo de situaciones, es la JUR la que debe acordar la venta del negocio manteniendo, eso sí, la personalidad formal de la entidad resuelta, de manera que la responsabilidad penal que pueda tener por la gestión anterior no la herede "el tercero" que compre el banco. Además, asegura que, una vez vendido el Popular éste "muta" en un ente nuevo con "nuevo capital y nueva administración", y por tanto, se crea una nueva realidad jurídica.
"Clara e indiscutible quiebra con el antiguo Popular"
El banco ampara su argumentario en que la decisión de la JUR de autorizar al FROB a cesar a la antigua cúpula del Popular en 2017 vino refrendada por las autoridades europeas. Consecuencia de todo ello fue el saneamiento del antiguo Banco Popular y la modificación de la estructura, previo paso a la compra por parte del ahora investigado; algo que a su juicio demuestra "la clara e indiscutible quiebra" de la personalidad del antiguo Popular.
Además, saca pecho de la gestión hecha hasta el momento y asegura que la inyección de 13.000 millones de euros y la ampliación de capital suscrita en julio de 2017 han evitado "el terrible impacto" que hubiera tenido en el mercado financiero el concurso del Popular. Es más, compara el descalabre del Popular con la quiebra de Bankia para añadir que en el primer caso los contribuyentes no han tenido que soportar el coste de la intervención estatal. "¿Qué intervención ha tenido el Santander en los hechos objeto de investigación?" Absolutamente ninguna", sentencia.
Recado a los poderes públicos por la "paradoja" de su imputación
Es más, considerar al Santander responsable penal de las consecuencias de la ampliación de capital de 2016 y de difundir presuntamente información falseada sobre la entidad no solo sería "completamente injusto sino que quebraría el sistema europeo de resolución de entidades financieras y contravendría los más básicos principios del sistema penal de un Estado de Derecho", recoge el escrito. Incluso califica de "paradójico" que los mismos poderes públicos que resuelven la entidad decidan ahora exigir responsabilidades penales.
Para apuntalar su postura, el Santander se basa en el antecedente "de suma importancia" que sentó la causa penal también en la Audiencia Nacional contra Banco de Valencia y en la que se rechazó inculpar a Caixabank en calidad de heredera. El razonamiento aplicado en la instrucción de este caso contra la excúpula de la entidad valenciana es "trasladable, punto por punto" a la situación del Banco Santander.
Por ese motivo solicitan al nuevo instructor que libre exhorto al Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está Santiago Pedraz, para que se adhiera a la causa el auto fechado en octubre de 2015 en el cual se rechazó imputar a Caixabank como heredera de Banco de Valencia así como el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, contraria igualmente a dar luz verde a esta imputación.
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